Agencias y hoteleros de la región en contra los nuevos datos que deben pedir a viajeros

En Extremadura no gusta el nuevo parte de viajeros, impulsado para perseguir la delincuencia desde el Ministerio del Interior, que argumenta que el registro de viajeros se había quedado obsoleto. Hasta ahora se pedía el documento nacional de identidad y poco más. O bien en algunas reservas se consideraba a una persona como cliente principal y al resto acompañantes. Desde este 2 de diciembre todos los huéspedes quedarán registrados y es obligatorio añadir información de cada uno como teléfono móvil, teléfono fijo, lugar de residencia habitual, correo electrónico, y de manera general número de viajeros y relación de parentesco entre ellos (en el caso de que alguno sea menor de 14 años), así como fecha y hora de entrada y salida. Además, el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre (por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor) deja en manos del empresario comprobar la veracidad.

A nadie en el sector le gusta la medida, que se aprobó en 2021 y tras varias prórrogas entró ayer lunes en vigor. Ignacio Cortés, presidente de la Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura, ha calculado 42 campos de datos para cada huésped o cliente. «Esto va a ser una carga administrativa para la empresa, donde además nos convertimos en gestores de datos sensibles. Si un padre va con su hijo, ¿le tienes que pedir el libro de familia?», se pregunta Cortés, quien añade que supone un coste económico a los empresarios al tener que adaptar su sistema informático para reportar todo lo que pide la plataforma habilitada por el Ministerio del Interior.

Juan José Sánchez del Río, de Viajes Traventure en Badajoz, decía ayer a este diario que en las agencias suelen trabajar con un programa de gestión –Beroni– en el que vas introduciendo los datos de la reserva del viaje y el programa lo manda todo. «Te ahorras cien minutos al día, los datos van a la nube y se guardan los tres años que marca la ley, pero esa actualización me ha costado dosmil euros y encima se ha quedado fuera de las ayudas del kit digital para empresas», lamentaba.

En cuanto a empresas de alquiler de coches suelen ser franquicias que ya habrían actualizado su software con los nuevos campos, pero pequeñas y medianas empresas como casas rurales de particulares pueden tener problemas para adaptarse a las novedades del Gobierno, señala el responsable de Traventure.

Precisamente con esas pymes trabaja una empresa extremeña, Misterplan, con sede en Cáceres y que se dedica al software de gestión y comercialización turística. Trabaja con 1.700 hoteles y 7.000 apartamentos en siete países, siendo Mexico, detrás de España, su principal cliente. La jornada de ayer, cuando entró en vigor el real decreto, fue muy intensa, explica su CEO, David Díaz, que hace cuatro días subió a 'youtube' varios tutoriales para ir resolviendo dudas de clientes.

Una de las novedades, resume, es que antes solo había que enviar a la entrada el parte de viajeros a la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero en 2021 se decidió que directamente se enviara al Ministerio de Interior. «El problema es que han pedido más información y un doble envío. El primero cada vez que hay una reserva y antes de ese envío hay que registrar el alojamiento, sea profesional o no. Además, el nuevo parte de viajeros incluye nuevas obligaciones, sobre todo especificar a qué reserva pertenece cada viajero. Todo esto implica dejar en manos de un trabajador el certificado digital del empresario, pero es que inicialmente el Ministerio de Interior quería tener hasta la tarjeta de crédito de cada cliente. Para nosotros adaptarnos a estas novedades supone un coste importante porque no se lo vamos a repercutir a nuestros clientes», asegura Díaz, quien opina que para un negocio muy pequeño no habría demasiado trastorno, «pero si tienes muchas reservas sin software es inviable gestionar el negocio, te empantanas en un lodazal de trámites».

Otro tipo de alojamiento afectado por el Real Decreto 933/2021 sobre el Registro de Viajeros son los apartamentos turísticos. En la comunidad el 70% están en Cáceres capital y Javier Gutiérrez es el presidente de Aptuex (Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura), que gestiona 800 camas, más de la mitad de las que ya hay en la región.

«Todas las asociaciones están en contra –declaraba este lunes a HOY– porque hay que pedir muchos datos a las personas que se alojan y alguna es información privada, como con quién te vas a alojar (...) es una forma más de control a todos los hoteleros y a cualquier persona que viaja. Un hotel tiene plataformas para esta gestión; pero los apartamentos turísticos son negocios muy pequeños y es muy complicado rellenar tantos datos porque el huésped tiene que dar más información, como el número de días, la hora de entrada y salida. ¿Y si una persona nos miente?», se pregunta el representante de Aptuex.

A Catalina Miguel, trabajadora de la agencia de viajes cacereña Pura Vida, «le parece exagerado tener que meter tantos datos» Y para la Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura (Cetex) todo lo que implica el real decreto supone un no solo un aumento de la burocracia, sino también poner en riesgo la reputación de España como destino turístico y la recopilación de datos sensibles de los viajeros.