Agricultura avanza que la UE no pondrá más multas por las ayudas para pastos en dehesa

MÉRIDA. Extremadura no deberá hacer frente a más sanciones de la Unión Europea (UE) por el llamado coeficiente de la superficie de pastos (las ayudas por pastos en dehesa). Lo dijo ayer la directora general de Política Agraria Comunitaria (PAC), Yolanda García Seco, en su comparencia a petición propia ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural de la Asamblea. La región, además, se expone a otra multa de 79 millones, por los mismos conceptos pero hasta 2013. Está recurrida ante el Tribunal Supremo y se ha solicitado que la asuma el Gobierno.

El Gobierno autonómico está convencido que, tras defender ante los órganos comunitarios el ecosistema de la dehesa, «su consideración y su adecuado encaje en la PAC», la Comisión Europea (CE) no va a imponer a Extremadura nuevas sanciones. En realidad, las multas son siempre a los gobiernos nacionales y, en el caso de España, luego las ha repartido entre las distintas regiones. Extremadura es la principal afectada por ser la que mayor superficie adehesada tiene del país.

Como ha venido explicando este periódico, el origen de la sanción arranca en la consideración que tiene Bruselas sobre esa superficie. La UE cree que la porción de terreno que se encuentra debajo de cada árbol (en la vertical de la copa) no puede ser considerada como pastos. Es el coeficiente de admisibilidad de pastos. Calcula que la extensión que tiene derecho a ayudas es inferior a la que se ha pagado y por tanto exige la devolución de la diferencia a España, y esta a sus autonomías.

«La CE no ha entendido cómo son los pastos en la dehesa ibérica y por ello se han cometido gravísimos errores descontando superficies debajo de las encinas o superficies de matorral que sirven de alimento para el ganado», indicó García Seco.

La primera multa fue impuesta en 2015 relativa a los pagos de 2008 y 2009. España fue sancionada con 20 millones. El Gobierno aceptó abonar 10 en el caso extremeño pero repercutió los otros 10 a la Junta.

El Ejecutivo de Fernández Vara no la aceptó porque, enfatizó García Seco, se cumplieron las normas comunitarias y las instrucciones del Gobierno. La región acudió al Supremo pero una sentencia conocida el mes pasado repartió la corresponsabilidad de la sanción entre la Junta y el Gobierno. Yolanda García trasladó ayer en la Asamblea que durante los años a los que se refiere la sanción y en lo sucesivo se han abonado correctamente las ayudas agrarias y los ganaderos no han percibido indebidamente ningún importe.

En cuanto a la segunda sanción impuesta por la UE, la de 79 millones, relativas a las ayudas de la PAC en las campañas de 2010 al 2014, se ha solicitado que la sanción la asuma el Estado y no las regiones y la suspensión temporal de la ejecución. «El Tribunal Supremo ha accedido a esta petición y no habrá que hacer efectiva la sanción hasta que no se resuelvan estos procedimientos judiciales», agregó.

La directora general reiteró que en el caso de la primera sanción el Gobierno no recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE mientras que en la segunda, gracias a las exigencias de las regiones mas afectadas sí lo ha hecho.