Alberto Casero se beneficiará de la rebaja del delito de malversación

A Casero se le investiga por un posible delito continuado de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos por la adjudicación de contratos sin respetar los procedimientos reglados. De esa forma irregular se habría contratado a un psicólogo para la atención de víctimas de género, la gala de entrega de unos premios culturales o la comunicación de la Feria del Queso que cada mayo se celebra en la localidad cacereña. El dinero presuntamente malversado suma casi 100.000 euros.

El diputado declaró el pasado mes de junio en el Tribunal Supremo por su condición de parlamentario aforado, antes incluso de que el Congreso autorizara el suplicatorio en octubre.

La principal modificación en el delito de malversación aprobada el viernes tras las negociaciones entre ERC y el Gobierno es rebajar las condenas en aquellos casos de mal uso de dinero público en los que no ha habido lucro personal. De este modo, salen beneficiados los políticos catalanes que decidieron destinar presupuesto público a preparar las actividades, la campaña y el referéndum separatista de 2017.

Pero este supuesto también cabría aplicárselo al propio Casero, a quien se le acusa de una mala gestión de los fondos municipales en su etapa final como alcalde (2011-2019), saltándose los procedimientos administrativos e «incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso», según el razonamiento del magistrado del Tribunal Supremo que ha investigado su caso, pero sin que conste que él se haya beneficiado personalmente de ese dinero.

El nuevo delito de malversación es más parecido al que estaba presente en el Código Penal hasta el año 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy igualó las penas, exista o no lucro personal, como una manera también de intentar frenar la derivas independentistas de Cataluña.

De este modo, si se aplica la reforma acordada el viernes, Casero se enfrenta a una horquilla de entre seis meses y cuatro años (ERC proponía tres años) de prisión; hasta ahora, se arriesgaba a una pena de entre dos y seis años si se consideraba administración desleal, y de entre cuatro y ocho años si hubiera ocasionado un daño grave y la cuantía superase los 50.000 euros. Podría beneficiarse Casero, por tanto, de una reducción sustancial.

Aparte estaría la posible condena por prevaricación, el otro delito que aprecia la investigación del Supremo.

El viernes, el PP y Ciudadanos no llegaron a votar la nueva reforma en protesta. No se dio el caso, por tanto, de que el voto del diputado Casero hubiera sido en contra de sus propios intereses si mantenía la disciplina de partido, como cabe suponer, o si no hubiera mediado error en el momento de la votación. Esa circunstancia, una equivocación cuando tocaba votar la reforma laboral, que salió aprobada gracias a su fallo, es lo que ha convertido en un político popular al exalcalde de Trujillo, hasta entonces un diputado desconocido para el gran público y centrado en las tareas de partido como hombre de confianza del ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, y del propio Pablo Casado.

Casero reconoció ante el Supremo que en los contratos que se cuestionan pueden haberse producido «irregularidades administrativas», pero no considera que sean suficientes para ser condenado penalmente por prevaricación.

La modificación aprobada deberá todavía pasar por el Senado y además está pendiente de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional en la reunión aplazada al lunes.