El alcalde de Berlanga se sentará en el banquillo por las obras de la residencia

El juicio ha sido señalado para el martes 28 de junio y consumirá cuatro días en los que tendrá que sentarse en el banquillo Ortiz Paredes, que además de alcalde es diputado delegado de Prevención y Extinción de Incendios en la Diputación de Badajoz.

Junto a él serán juzgados la concejala Teresa G. V., el anterior alcalde de la localidad por el PSOE, Vicente Barragán, y los también exediles socialistas Dolores M.C., Javier V.V. y José V.M., todos ellos con representación entre los años 2011 y 2015.

A ellos se unen la secretaria de ese Ayuntamiento, para la que se piden cinco años de prisión, y el tesorero del consistorio, que se enfrenta a tres años y medio.

La acusación sostiene que Manuel R. F. R., como tesorero municipal, creó en junio de 2011 un apunte contable falso por importe de 826.000 euros. Ese apunte lo fechó en noviembre del año anterior con cargo al presupuesto de 2010, un ejercicio en el que todavía era alcalde José Custodio (IU), que se había hecho con ese puesto en una moción de censura.

El dinero que aparecía en ese apunte estaba destinado a la construcción de una residencia de ancianos y reconocía la obligación municipal de abonar 826.000 euros a dos empresas.

La Fiscalía sospecha que en noviembre de 2010 no existía ni contrato ni procedimiento legal tramitado para esa obra. Además, en junio de 2011 no se había iniciado la construcción ni se había emitido certificación alguna.

En el escrito de acusación se explica que en relación con esa obra el Consistorio debía percibir dos subvenciones de 436.000 euros cada una. Pero la acusación pública afirma que Vicente Barragán, el entonces alcalde de Berlanga (2.300 habitantes, junto a Azuaga) modificó el contrato de obras y sin justificación redujo en casi el 50% el presupuesto inicial, haciendo coincidir el importe con una de las dos subvenciones, que es la que debía recibir el municipio de la Diputación de Badajoz por la primera fase de la obra, cuya ejecución se llevó a cabo con posterioridad a esa fecha.

Esa modificación no se notificó a las entidades que pagaban la actuación y la Fiscalía considera que todo ello se hizo con la intervención de Rocío M.A., que era la secretaria municipal.

Recalca la acusación pública que la reducción del presupuesto, al estar por encima del 10%, obligaba a tramitar un nuevo expediente de contratación con licitación pública. Pero el alcalde adjudicó la segunda obra a las mismas empresas, de modo arbitrario, haciendo coincidir el presupuesto (436.000 euros) con la herencia de una vecina de la localidad que la Diputación había cedido al Consistorio para la construcción de la residencia y cuyo cobro estaba pendiente.

Ese apunte contable trajo otras consecuencias. La Fiscalía cree que en octubre de 2011 el alcalde y sus concejales, entre ellos Juan Manuel Ortiz y una concejala de su actual equipo, aprobaron la liquidación del presupuesto municipal de 2010 a sabiendas de que contenía el apunte contable falso que incrementaba las obligaciones de pago en 826.000 euros. El propósito, prosigue la acusación, era causar un desequilibrio presupuestario de más de 563.000 euros, lo que obligó a elaborar un plan económico financiero que fue aprobado por el Pleno en enero de 2012.

El informe justificativo elaborado por la secretaria proponía eliminar gastos no necesarios, actualizar las ordenanzas y amortizar puestos vacantes. Eso supuso el despido de dos trabajadores que también dirigen su acusación contra los responsables municipales y que ya han obtenido sentencia favorable en la jurisdicción social.

El alcalde firmó los despidos días después del pleno y la Fiscalía concluye que lo hizo sin procedimiento alguno ni informe jurídico que justificara la decisión y sin amortizar las plazas.

Con este relato de hechos, la Fiscalía pide para Vicente Barragán seis años de prisión y la inhabilitación para empleo o cargo público durante el mismo tiempo. Y cinco años de cárcel y seis de inhabilitación para cargo o empleo público durante el mismo tiempo para la secretaria interventora.

El resto de los acusados se enfrentan a peticiones de pena de 4 años y 9 meses de prisión e inhabilitación para cargo o empleo público durante seis años. Salvo el tesorero, para el que se piden tres años y medio de cárcel y tres de inhabilitación para empleo o cargo público.