Almaraz tiene tres meses para que decidan si sigue o cuatro años para cerrar

«A efectos de planificación y costes (de los desmantelamientos de centrales nucleares), se prevé que las labores previas se inicien entre tres y, preferentemente, cinco años antes de la fecha de cese definitivo». Es un párrafo del Plan General de Residuos Radiactivos, el documento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que incluye un capítulo titulado 'Desmantelamiento y clausura de instalaciones'. En él se desgranan los «tres objetivos fundamentales de las líneas estratégicas de actuación». Y el primero es «asegurar un tiempo suficiente antes del cese de operación de la central nuclear, durante al menos los tres últimos años de explotación, para diseñar y planificar adecuadamente el desmantelamiento teniendo en cuenta los plazos de evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear e iniciar las actividades de vaciado de las piscinas».

La premura por aclarar el futuro de la instalación no es tanto por el desmantelamiento, cuyas tareas previas ya se han iniciado, como por el escenario contrario, la hipotética moratoria. Porque las nucleares trabajan con previsiones a largo plazo, necesarias para su buena operatividad, principalmente por motivos logísticos y de abastecimiento de combustible. Por ejemplo: el uranio enriquecido que necesitan para funcionar y que fabrica Enusa en Juzbado (Salamanca) requiere pedidos con una antelación de años.

Las labores previas de desmantelamiento, que básicamente son de despacho, ya se han iniciado, la última de ellas la licitación de los trabajos de ingeniería que anteceden a un desmantelamiento que sobre el papel es ya una decisión tomada. Porque así lo acordaron en marzo del año 2019 el Gobierno y los dueños de la central (Iberdrola posee el 52,7%, Endesa el 36% y Naturgy el 11,3%), que pusieron fecha a la clausura: el reactor uno dejará de funcionar el 1 de noviembre del año 2027 y el dos lo hará un año menos un día después.

Ampliar

Esas dos fechas de «cese definitivo de la explotación» figuran en el protocolo de intenciones que las tres empresas propietarias firmaron con Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.), que preside el extremeño José Luis Navarro, exconsejero socialista de la Junta. Ella es la responsable del desmantelamiento, que de hecho no comienza hasta que los terrenos pasan a su propiedad, un trámite administrativo que se considera el inicio del proceso, cuya duración rondará la década. Esto explica incluso el nombre del departamento creado hace unos meses en la central, el de transición de activos, que trabaja sobre la previsión de que se cerrará en las fechas pactadas, que han sido ratificadas dos veces en los últimos dos meses.

Aparecen en la orden publicada en el BOE en agosto del año 2020 sobre la concesión del permiso de explotación para la central, que expira, concreta el Boletín Oficial del Estado, esos dos días en concreto. Y aparecen también en la resolución de impacto ambiental estratégica de la Actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, publicada el pasado 23 de septiembre.

Contra la última actualización de este Plan presentó alegaciones la Asamblea de Extremadura. También la Comunidad de Madrid, la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales y Ecologistas en Acción. Los primeros pedían lo mismo: «que debería estudiarse el mantenimiento del parque nuclear». Y la asociación conservacionista solicitaba «la finalización de la actividad nuclear en el horizonte 2025».

Ni unos ni otros han obtenido una respuesta positiva a sus pretensiones. «A este respecto –les responde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al referirse a las alegaciones–, la generación de energía nuclear no presenta cambios en la actualización en relación con PNIEC 2021-2030, por lo que es un aspecto no contemplado en el procedimiento ambiental».

Ampliar

Y todo esto convive con otra realidad, que no está en los papeles pero sí en los despachos. En los de Mérida, los de Madrid y también en los de Bruselas, donde tendrá el suyo Teresa Ribera. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y vicepresidenta tercera del Gobierno, será vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva, el área que entre otras materias se encargará de lo relacionado con la energía.

Foro Nuclear, la asociación que representa los intereses de la industria nuclear española y a la que pertenecen las empresas propietarias de la planta extremeña, vaticina que Ribera acabará apoyando la continuidad de la energía nuclear en España. Como ministra, cuando se le ha planteado la posibilidad de conceder una moratoria a Almaraz, Ribera ha respondido que lo procedente es cumplir los acuerdos. Es decir, que la nuclear cierre cuando pactaron sus dueños y Enresa hace ya más de un lustro.

«Ribera tiene que lidiar ahora con los países de la UE, y todos se han declarado nucleares», afirmó el pasado día 23 Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear. «España –añadió– es el único país con un programa de cierre de centrales nucleares, un tipo de energía que Ribera va a tener que fomentar», añadió el portavoz del Foro.

Araluce aludió también a otra pieza del puzle: las consecuencias que la guerra en Ucrania ha tenido sobre las políticas energéticas de los países europeos. Los que en mayor medida dependen del gas ruso se han replantado sus estrategias, en busca de una mayor autosuficiencia en el abastecimiento. Y esa deriva, creen los defensores de la nuclear, es otro motivo para defender la continuidad de este tipo de energía que tiene en Almaraz a su referente nacional. Es la que más produce en España, y su futuro está en el aire. Por poco tiempo.