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Otra obra extremeña afectada por el alza en el precio de los materiales. El proyecto en la autovía Cáceres-Badajoz, pendiente desde 2019, se encarece en 9,5 millones de euros, según el último cálculo del Gobierno. El inicio de los trabajos sigue sin fecha concreta de inicio, aunque la previsión que dio la Junta en enero es comenzar antes de final de este año 2022.
Diputados en el Congreso por la provincia de Cáceres se reunieron este martes con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, para pedir que se agilicen los trámites para que la A-58 sea una realidad. Por su parte el responsable del Ejecutivo central se comprometió a licitar próximamente el primer tramo.
Belén Fernández y César Ramos, diputados en el Congreso por la provincia de Cáceres, junto a Ricardo Cabezas, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, se reunieron con Flores para plantearle la necesidad de seguir avanzando en los trámites que hagan posible, a la brevedad, la licitación del primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz.
El pasado 25 de abril se aprobó la actualización del proyecto, algo imprescindible para revisar los precios debido al aumento de determinados materiales como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta actualización supondrá un incremento de la inversión desde 74,3 a 83,8 millones de euros, indican los socialistas en nota de prensa. El proyecto reservaba para el primer tramo desde la capital cacereña hasta el río Ayuela, unos 13 kilómetros del total de 81 que hay que ejecutar, 74,3 millones de euros, cuatro de ellos ya incluidos en los Presupuestos Generales de 2021, que no llegaron a emplearse. La obra, por tanto, lleva más de dos años esperando su inicio.
Los trabajos para convertir en autovía la actual N-523 son muy demandados por el tráfico que soporta y su importancia para el desarrollo económico y la vertebración de la región. Este pasado martes la colisión de dos camiones mantuvo cortada la carretera que une las dos capitales de provincia durante horas y la Guardia Civil tuvo que derviar el tráfico por otras vías.
Los últimos encarecimientos registrados son sobrecostes que las constructoras no pueden asumir. «Conllevan unos sobrecostes, por término medio, del 40%; hacer esas obras sin actualizar los precios puede suponer la quiebra para algunas empresas», afirmó hace unos días José Luis Iglesias, gerente de Pymecon, a HOY.
El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes aclaró que si se hubiera licitado hace meses sin la citada actualización de precios existía el riesgo claro de haber quedado desierta y un aumento final de los trámites necesarios antes de iniciar las obras.
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