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Cambio de dueños en la gestora del servicio sanitario terrestre de Extremadura. Ambuvital, de origen extremeño (con sede en el municipio de Cabeza del Buey), ... es comprada por un fondo de inversión que está al frente del Grupo SSG, la mayor empresa de transporte sanitario en España. Según puede adelantar HOY, las escrituras de compraventa de Ambuvital se firmaron el pasado viernes por sus nuevos propietarios y administradores y hoy la empresa de ambulancias ha informado del acuerdo a los comités de empresa de la provincia de Cáceres y Badajoz.
Ambuvital no ha confirmado la noticia del cambio de dueño avanzada por este diario. En todo caso, a corto plazo no supondrá novedades en la plantilla, ni tampoco en la gestión del transporte sanitario terrestre vigente que adjudicó la Junta hace dos años.
Ahora el Gobierno regional debe volver a sacar otro concurso tras ser tumbado el pliego licitado por el SES por parte de la Comisión Jurídica de Extremadura. Ambuvital tenía cerrado un preacuerdo con los sindicatos sobre el convenio colectivo que debe servir para desarrollar el pliego que debe sacar otra vez la Administración regional. Ese preacuerdo, con los nuevos dueños, ahora se desconoce si sigue vigente o no.
Dentro del transporte sanitario, Grupo SSG (Servicios Sociosanitarios Generales) se encarga tanto de los transportes de urgencia, como del traslado de pacientes críticos y con necesidades de atención especial, pasando por los transportes programados y de carácter sanitario privado, indica en su página web.
Acaba de hacerse con el transporte sanitario de la provincia de Málaga. Fundado en el año 2000, el grupo con sede en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra, tiene en plantilla a 4.000 trabajadores y su facturación alcanzó los 169 millones de euros el año pasado. Está implantada en Andalucía, Castilla La Mancha, Navarra, Canarias, Cataluña, y ahora Extremadura entre otras comunidades autónomas.
Ambuvital resultó concesionaria del servicio de ambulancias sacado por la Junta en 2022. Primero se hizo con el concurso ideado para la provincia de Cáceres. En julio de ese año. por cerca de 47 millones de euros al año. El plazo de ejecución corresponde a una anualidad con posibles cuatro prórrogas de doce meses cada una.
En agosto se hizo también con el de la provincia pacense. No había ganado el concurso en la provincia de Badajoz pero la renuncia de la adjudicataria hizo que fuera la elegida.
El lote de la provincia de Badajoz fue ganado por la cordobesa Asistencia Los Ángeles por 26 millones, casi medio millón por debajo del importe de licitación. Su oferta fue la mejor valorada. Pero renunció a desarrollar el servicio. Y fue a manos de Ambuvital por 26 millones.
El cambio de propietario de la empresa que hace el transporte sanitario terrestre se realiza poco días después de que se haya anulado el pliego del nuevo concurso preparado por la Junta de Extremadura.
Este lunes, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, apeló a la «buena voluntad» de las partes implicadas y al «sentido común» tras anular la Comisión Jurídica la licitación del transporte de ambulancia.
Espada insistió en la necesidad de que la patronal y los sindicatos formalicen el preacuerdo que anunciaron en verano y consigan un convenio laboral «acorde» a las necesidades del sector actuales, ya que el convenio vigente, del 2017.
«Ellos acuerdan y nosotros dialogaremos con ellos las mejores condiciones posibles. Queremos que el sector mejore y lo que queremos y apelamos es a la buena voluntad de las partes y al sentido común para acordar unas condiciones que necesita el sector sin demora, pero que sean acordes a las circunstancias que tenemos sobre la mesa», señaló.
Mientras, el sindicato USO acusa ayer al Ejecutivo de María Guardiola de «poner la pierna encima a los trabajadores y trabajadoras de las ambulancias». USO considera «inaceptable el chantaje que la Consejería de Salud les está haciendo a plena de luz del día y con la cara descubierta».
«Desde Salud dejan en nuestra mano, y más concretamente en firmar un convenio a la baja, que el contrato pueda licitarse de nuevo o por el contrario renovarse hasta 2027. Esto es algo intolerable y más tras saber que la junta dispone de al menos 64 millones de euros al año para destinar a este servicio», dice su portavoz, Víctor Arnelas, en nota de prensa.
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