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El presidente del Grupo Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha defendido el acuerdo alcanzado con el PP para aprobar el ... decreto-ley de medidas tributarias, pero ha afirmado que «esto no es un apoyo incondicional a su gobierno».
Vox ha llegado a un pacto con el Gobierno regional del PP para convalidar el decreto-ley de medidas tributarias que fue aprobado a finales de enero a cambio de más rebajas fiscales y con el compromiso de aprobar una nueva norma en sustitución de la ley de memoria histórica de Extremadura. Con ello concede además estabilidad al Ejecutivo autonómico, que seguirá afrontando en minoría parlamentaria lo que queda de legislatura.
Durante el debate para la convalidación del decreto-ley, Gordillo ha destacado que Extremadura estaba en las peores posiciones del país en materia de fiscalidad hasta que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox abrió la puerta a nuevas rebajas fiscales.
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Gordillo ha insistido en que las medidas para impulsar el acceso a la vivienda, que la Junta aprobó en octubre pero que se rechazó en noviembre con el voto en contra de la oposición, eran insuficientes para Vox. Esas propuestas forman el grueso del nuevo decreto-ley, que mediante el acuerdo con el PP se ha mejorado con un mayor alcance en las rebajas planteadas.
Aunque considera que esas medidas van en la línea correcta, «no es todo lo que nos gustaría», ha afirmado Gordillo, quien ha lanzado un aviso al PP. «Hoy se abre una oportunidad para avanzar en el cambio que votaron los extremeños, pero no se confíen, esto no es un apoyo incondicional a su gobierno», ha apuntado. «Vamos a estar muy vigilantes y continuaremos siendo muy exigentes para volver a llegar a cualquier tipo de acuerdo».
La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha defendido que el decreto-ley de medidas tributarias incide en la bajada de impuestos con la que empezó la legislatura. La nueva norma recoge las rebajas que se aprobaron en octubre para facilitar el acceso a la vivienda junto con las propuestas que estaban contenidas en el proyecto de Presupuestos de 2025. Con ello se pretende «mejorar la vida de la gente», con reformas en materia de IRPF, impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de sucesiones, en el que se ha creado el registro de especial vinculación, sobre el que ha anunciado que ya se han inscrito veinte personas. A esto se suman bonificaciones de tasas y del canon de saneamiento y nuevas medidas para enfermos de ELA y para incentivar las donaciones en materia cultural y deportiva.
Manzano ha criticado el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura al decreto-ley, mientras que ha agradecido el apoyo de Vox para conseguir que en la región «se paguen impuestos con justicia e igualdad».
En la misma línea, el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha afirmado que el acuerdo con Vox ha puesto «los intereses de los extremeños por delante de los intereses de nuestros partidos». También ha criticado a PSOE y Unidas por Extremadura por rechazar el decreto-ley y «no aportar en la vida de los extremeños». En cuanto al Gobierno regional, ha asegurado que tiene «fuerza, proyecto, liderazgo y está basado en una cosa que ustedes no tienen y les va a costar recuperar, la confianza de los ciudadanos».
Por parte del PSOE, la portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha apuntado que tras la paralización que supuso la retirada del proyecto de Presupuestos para 2025 finalmente el PP ha tenido que recurrir «a los que apoyan a Trump, que quiere poner aranceles al campo extremeño». En su opinión, el Gobierno de María Guardiola se ha mostrado débil y sumiso, ya que ha tenido que acabar negociando con los que «deshumanizan a los inmigrantes, los que niegan la violencia de género y los que tiran a la basura la bandera LGTBI», emulando las declaraciones de la presidenta de la Junta al inicio de la legislatura en las que descartaba contar con Vox para su gobierno.
Álvarez se ha preguntado «hasta dónde va a llegar este nuevo romance» entre PP y Vox, así como cuál será el coste que deberá pagar el Gobierno regional por el apoyo a su decreto-ley.
Por último, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha lamentado que el Gobierno regional haya accedido a negociar «con sus socios de la extrema derecha» tras dos intentos fallidos por aprobar las rebajas fiscales, que considera insuficientes en cuestiones como las ayudas a los enfermos de ELA o que no darán el efecto deseado, como las destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. A su juicio, lo que harán será beneficiar a los especuladores.
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