La Audiencia acogerá en enero el juicio por las facturas del Festival de Mérida

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, tiene previsto celebrar este juicio los días 13, 14 y 15 de enero. Además de Holgado, también identifica como responsables al exsecretario general de Cultura, Agustín Sánchez Moruno, y el exdirector general de Promoción Cultural, Francisco Javier Alonso de la Torre.

Los hechos se remontan al año 2011, por lo que habrán pasado más de trece años cuando se celebre el juicio. La calificación de la Fiscalía de Mérida es de hace cuatro años.

La acusación pública solicita una condena de cinco años de prisión para Manuela Holgado por delitos de prevaricación administrativa y malversación. Considera que la exconsejera participó en un sistema destinado a abonar facturas impagadas del Festival de Mérida, del que serían máximos responsables el secretario general de Cultura y el director general de Promoción Cultural. Para ambos la Fiscalía solicitó una condena de cinco años y medio de prisión por los mismos delitos y por falsedad en documento público.

Asimismo, reclama seis años y tres meses de cárcel para E. M. M., trabajadora de la Consejería de Cultura, por malversación y certificación falsa por funcionario público; y cuatro años y ocho meses para dos empresarios por falsedad y malversación.

También solicita 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público para Pedro Salguero, exgerente del Festival de Mérida, quien ya ha sido condenado tanto por su labor en el certamen como al frente de la Orquesta de Extremadura, dos cargos que compatibilizó por decisión entonces del Gobierno regional.

La investigación por estos hechos se inició tras la victoria de José Antonio Monago en las elecciones autonómicas de 2011. En aquel momento se denunció la situación financiera del Festival de Mérida y la falta de justificación de sus cuentas.

Según la Fiscalía, Salguero hizo dos encargos a dos empresas para el Festival de Mérida de 2011 sin seguir el procedimiento legal. En uno de los casos, además, sabía que la firma no tenía los equipos para realizar el servicio. Eso hizo que subcontratara a otras compañías de ediciones anteriores.

La acusación pública sostiene que los responsables de la Consejería de Cultura no sólo aprobaron la gestión del gerente, sino que, por amistad o conocimiento personal, y sin comprobar que los servicios habían sido realizados, seleccionaron a varios proveedores a los que abonar las facturas pendientes.

Para eso, crearon un mecanismo para eludir el control de partidas presupuestarias por parte de la Intervención de la Junta. Con ese fin, proponían la fecha y el concepto que debían incluir en las facturas y daban indicaciones para que no pasaran de 20.000 euros para eludir la ley de contratos. El perjuicio económico a la Junta sería de 28.000 euros.