La Audiencia de Cáceres descarta que tres guardias civiles torturaran a un detenido

Los hechos denunciados por este hombre tuvieron lugar el 23 de mayo de 2024 en el cuartel de la citada localidad. Según su versión, la mañana de ese día le sacaron del calabozo para darle el desayuno y a su regreso le metieron en un cuarto. Tres guardias civiles le tiraron al suelo, le echaron unas mantas encima del cuerpo, una de ellas mojada, y empezaron a golpearle con las porras y a darle patadas en la espalda, costillas, piernas y tórax.

El Juzgado de Instrucción de Valencia de Alcántara acordó en julio de 2024, tras conocer la denuncia interpuesta por el detenido, la práctica de numerosas diligencias. Entre ellas, recuerda la Audiencia en su sentencia, la declaración del perjudicado, el examen médico forense de las lesiones, la declaración como investigados de los tres guardias civiles a los que el detenido acusó de haberle dado la paliza, la incorporación de las cámaras de seguridad del cuartel de Valencia de Alcántara, la declaración como testigos de los dos miembros de la Guardia Civil de servicio aquel día y la incorporación de todos los informes médicos de atención al denunciante.

Tras las declaraciones y las pruebas, el juzgado decidió el sobreseimiento provisional de las actuaciones por «la existencia de indicios que acreditan que los hechos no ocurrieron como se denuncian y la no necesidad de nuevas diligencias», y la defensa del detenido decidió recurrir este archivo ante la Audiencia Provincial de Cáceres al considerar que restaban por practicarse más pruebas en la fase de instrucción.

En un auto del pasado octubre este tribunal desestima el recurso y ratifica el sobreseimiento del juzgado de instrucción, al considerar que la investigación judicial fue suficiente. La Audiencia dice que el resto de pruebas solicitadas por la acusación «son inútiles y su única pretensión es agotar la instrucción, manteniendo indebidamente en el tiempo como investigados a quienes no lo son, por lo que están abocadas a dictar la resolución que ahora se impugna». Explica que, por ejemplo, «conocer las papeletas de servicio y el número de mantas que hay en el acuartelamiento no nos llevan a ninguna conclusión, ni a favor, ni en contra». Un argumento que la Audiencia repite para rechazar el resto de pruebas solicitadas por la defensa del denunciante.

Para el tribunal, las diligencias, declaraciones y pruebas practicadas en la instrucción son suficientes para determinar, como hizo el juzgado de instrucción, el archivo de la denuncia puesto que las lesiones que tenía el hombre «no eran concluyentes y podrían haber sido previas a su detención».

El informe médico forense, «esclarecedor» para la Audiencia, señaló que el denunciante acudió a consultas médicas antes y después de la fecha en la que supuestamente ocurrieran los hechos, sin que en las más cercanas se evidenciaran signos de la agresión denunciada. Presuntamente una tortura, aunque «nunca ha dicho que las lesiones le fueran causadas para obtener una confesión o una información», aclara la Audiencia Provincial.

El tribunal, por el contrario, cree que «al denunciante le pudo mover un motivo espurio, cual es que fue detenido por los guardias civiles a los que imputa los malos tratos en una actuación policial en la que opuso resistencia, y la continuación de la investigación a la vista del contundente informe médico forense nos conduciría a un seguro sobreseimiento», zanja la Audiencia en un auto contra el que no cabe recurso.