Una ley obligará a la Junta a estudiar si las aulas extremeñas están bien climatizadas

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves la propuesta de ley para mejorar las condiciones térmicas de las aulas con los votos de Podemos y PSOE, mientras que el PP se ha abstenido por considerarla una medida «electoralista» que nace «muerta» al carecer de memoria económica.

El Pleno ha debatido hoy el dictamen elaborado por la Comisión de Educación, al que se han incorporado las enmiendas presentadas por Podemos, autor de la iniciativa, y PSOE, ya sea intactas o transaccionadas, mientras que las 20 del PP y 8 del diputado no adscrito Juan Antonio Morales que han llegado vivas a la sesión han sido rechazadas.

Morales ha votado en contra de esta norma, que al igual que el PP ha considerado electoralista y un «engaño» a los extremeños, mientras que Ciudadanos, que no ha intervenido en el debate, se ha abstenido.

Entre otros puntos, la norma establece que la Junta realizará una auditoría energética de los centros educativos públicos para elaborar, a continuación, un plan de mejora de la eficiencia energética que sea tenido en cuenta en la elaboración de los planes plurianuales de inversiones en infraestructuras educativas.

En su defensa, la presidenta del Grupo Podemos, Irene de Miguel, ha explicado que la ley plantea acabar con el calor y el frío en las aulas y que se puedan impartir las clases «en unas condiciones dignas», impulsando las energías renovables y la rehabilitación de los centros con criterios de eficiencia energética.

Ha reconocido que han tenido que rebajar sus expectativas al aceptar las enmiendas transaccionadas del PSOE con el fin de dar una respuesta a una comunidad educativa «indignada», al tiempo que ha criticado que el PP, con sus enmiendas, «se ha limitado a quitar la palabra público del texto legislativo».

«Con fondos públicos no es justo hacerlo -las actuaciones previstas- en centros de titularidad privada», ha aseverado De Miguel en respuesta al PP, que ha pedido su aplicación también a los centros concertados.

En la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, la diputada Pilar Pérez ha afirmado que con el «pacto PSOE-Podemos» se han cerrado las puertas al diálogo para mejorar esta iniciativa, que ha nacido «muerta» porque cuenta con «cero euros» para llevarla a cabo.

Es una ley «falsa» que quedará en «papel mojado», fruto de un «contubernio», ha aseverado la parlamentaria tras argumentar que la propuesta de ley inicial presentada por Podemos fue vetada por el PSOE, a la que siguió otra que ya no fue censurada «porque el 6 septiembre ustedes llegaron a un acuerdo de no agresión».

Ha explicado que, con sus enmiendas, el PP pretende dotar de financiación a esta ley con una inversión de 500 millones de euros en cuatro años, que es el montante estimado por técnicos de la Junta, ha apuntado Pérez.

Asimismo, defienden que las mejoras lleguen a todos los centros educativos y «no se discrimine» a los concertados; ampliar los plazos para cumplir las diferentes fases previstas; y suprimir la intervención de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) para no dar cobertura a este «chiringuito» socialista.

Por su parte, el diputado no adscrito y afiliado a Vox, Juan Antonio Morales, ha defendido con sus enmiendas que la ley no supedite «todo» a las energías renovables porque en algunos casos puede ser más costoso.

Al igual que el PP, ha señalado que esta «ley electoralista de los grupos de izquierda» se quedará en «papel mojado» porque no incluye dotación económica, lo que considera un «engaño» a los extremeños «porque decimos lo que nos gustaría hacer sabiendo que no tenemos dinero para ello».

Por el PSOE, la diputada Lara Garlitos ha señalado que esta norma contribuirá a mejorar la calidad educativa y ha afirmado que aunque aún queda mucho por hacer, se están dando «pasos», siendo respetuosos con la sostenibilidad ambiental y la salud laboral.