Los autónomos extremeños tendrán que devolver 8.000 ayudas del covid

El estado de alarma decretado con motivo de la covid supuso confinamientos de la población, limitaciones de la movilidad y las prohibición de ciertas actividades, como la hostelería, por ejemplo. Para compensar esa situación, el Gobierno decretó una convocatoria de prestaciones extraordinarias por cese de actividad a trabajadores autónomos (las Pecata).

Las ayudas fueron aprobadas a los solicitantes, aunque de manera provisional, ante las dificultades que planteó el estado de alarma para la gestión de las mismas y debido a la complicada coyuntura que tenían que atravesar los autónomos sin poder generar ingresos.

Sin embargo, la revisión que desde las mutuas comenzó a efectuarse el año pasado ha demostrado que unas 255.000 ayudas a nivel nacional –de las cerca de 1,7 millones que se pagaron a los autónomos en 2020– no deberían haberse concedido atendiendo a los criterios previstos en la convocatoria. Eso obliga ahora a los autónomos que las recibieron a devolver el dinero.

La cuantía de la prestación por cese de actividad se situó en un 70% de la base reguladora, lo que ascendía a 661 euros mensuales para la base mínima de cotización. Eso hace que haya mucha disparidad entre las cantidades que deba devolver cada profesional, pero la media ronda los 1.800 euros. «Le pedimos al Gobierno que en una primera instancia, todos los expedientes de reintegro puedan hacerse de forma aplazada en un mínimo de 24 meses y que la deuda no genere intereses de demora», expone Eduardo Abad, presidente de UPTA, que ya ha solicitado una reunión a Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para tratar este tema.

Desde esta asociación de profesionales achacan el alto porcentaje de solicitudes que incumplían los requisitos a la confusión generada en los primeros momentos de la pandemia. Aunque también se sitúa el problema en «la falta de coordinación en los criterios que cada una de las mutuas de accidentes de trabajo establecieron para la concesión», según detalla UPTA en un comunicado.

Por último, Abad también reconoce que hubo autónomos mal asesorados y otros que decidieron optar a la prestación aún sabiendo que no cumplían con los requisitos establecidos. «Recomendamos a los afectados que realicen las reclamaciones correspondientes a quienes, de forma intencionada y a sabiendas del incumplimiento, han asesorado y tramitado los expedientes ante las mutuas correspondientes mercantilizando una situación desesperada para miles de autónomos».

De la misma forma, no todos los requerimientos para subsanación supondrán una devolución de la ayuda. Los representantes de los trabajadores por cuenta propia avanzan que algunos de esos expedientes cumplen con los requisitos, por lo que esperan una resolución favorable a los beneficiarios de la prestación.

Pese a todas estas posibilidades, el presidente de UPTA espera que se den facilidades para la devolución: «Se vivió una situación dramática y a muchos a los que hoy se les está reclamando la devolución de esas ayudas las solicitaron en un momento de desesperación; el Gobierno tiene que ser sensible a la situación psicológica que produjo un impacto brutal en nuestro colectivo», entiende.

Las ayudas por cese de actividad sirvieron de flotador económico a un importante volumen de autónomos. «Las prestaciones estaban diseñadas para que aquellos negocios que estuvieran sufriendo cierres forzosos o caídas de facturación se beneficiaran de una ayuda vital para su supervivencia; era un momento en el que miles de negocios tuvieron que cesar su actividad», indica Abad.