Las auxiliares educativas denuncian discriminación laboral de la Junta

«No se trabaja por la integración de los niños; se les discrimina igual que a nosotras nos discrimina la administración», asegura Begoña Tejado (51 años), que trabaja como auxiliar técnica educativa (ATE) en un colegio público de Badajoz.

Este grupo profesional, que se encarga de dar apoyo a los docentes, suele atender al alumnado que presenta necesidades especiales. Sin embargo, una de las principales quejas de sus trabajadoras –porque la gran mayoría son mujeres– es que asumen labores que no les corresponden.

«No debemos hacer tareas educativas; estamos para cambiar a un alumno que se mancha o para acompañar al baño a los más pequeños y que no se interrumpa la clase», indica Tejado, que lamenta la escasez de profesionales adecuados en los centros educativos: «Los niños necesitan a profesionales en pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje para su desarrollo, pero la Junta quiere quitarse de encima la integración educativa con poco dinero y recurre a los ATE».

«Somos mano de obra barata», apostilla María Isabel Arce (53), que sin plaza en propiedad, trabaja en el colegio Enrique Iglesias, también de la capital pacense.

Los auxiliares educativos son personal laboral de la Junta de Extremadura que están en plantillas de centros de diferente tipo. En total suman en torno a medio millar en la región.

Más allá de la queja relativa a sus funciones, el colectivo de auxiliares educativas que trabaja en colegios e institutos –unas 250 personas en Extremadura– se siente discriminado en sus condiciones laborales. La principal, por su salario respecto a sus propias compañeras de otros centros. «En julio, con las vacaciones escolares, nos mandan al paro todos los años», informa Tejado.

Es una realidad que sufren tanto quienes obtuvieron su plaza en una oposición como las que tienen contrato temporal. «Son personal indefinido no fijo», explica Mariángeles Rodríguez, secretaria de Acción Sindical de UGT en Extremadura, sobre la situación de las primeras.

Es decir, están contratadas por un 80% de la jornada, porque solo acuden a los centros educativos en horario escolar, pero también durante un 80% del año. «Eso significa que al final su salario es un 64% del total anual de las auxiliares educativas que están trabajando en otros lugares», añade la responsable de UGT.

Una fuerte disparidad económica. «Quien tiene paro cobra en los meses de julio, agosto y septiembre, hasta que nos vuelven a contratar sobre el día 12 o 13, pero el resto estamos esos dos meses y medio sin sueldo», comenta Arce.

Para salvar parte de esa brecha salarial, los sindicatos llevan tiempo reclamando que la contratación se haga por el 100% de la jornada laboral. «Hay franjas horarias que quedan desatendidas, como el aula matinal», advierte Rodríguez desde UGT.

Por otro lado, los ATE también se quejan del modo en el que la administración les concede las vacaciones.

Al tener contratos por el 80% anual, les corresponden 18 días hábiles de vacaciones al año en lugar de los 22 que tienen el resto de personal de los centros educativos. De ellos, obligatoriamente se tienen que coger los últimos de junio, entre el final de las clases y el fin de su contrato. «El resto nos los reparten entre la Semana Santa, los puentes que haya o la Navidad», según Tejado. «Al final, ni podemos elegir días ni nos los pagan; los docentes tampoco trabajan en esas fechas y luego tienen sus vacaciones en verano, pero a nosotras nos despiden», apostilla.

Algo similar sucede con los días de asuntos propios. A los ATE con contrato temporal –que en la región son el 95%, según los cálculos de UGT– la Junta de Extremadura se los descuenta de los festivos y los días no lectivos, pese a que son laborales en el calendario.

En este caso, la protesta de los ATE ha llegado al juzgado. María Isabel Arce ha presentado una demanda porque considera que se vulnera su derecho a disfrutar los días de asuntos propios. Una decisión que tomó después de que se le denegara su última petición. «Sucede repetidamente», asegura esta auxiliar educativa.

La respuesta que recibió de la Junta a su solicitud fue que debido a las características de su contrato, que concluye a finales de junio, le corresponden once días de vacaciones y cuatro de asuntos particulares. Quince jornadas en total que entre los días finales de junio y de Semana Santa, que están por llegar, y las primeras fechas del año, el día del docente y algún puente, en los que los centros han permanecido cerrados, ya los tenía consumidos. «No tengo la culpa de que el colegio se cierre; yo tengo derecho a mis días», defiende Arce.

Sus compañeras le dan la razón. «No es justo que yo sí tenga derecho a días de asuntos propios porque soy fija, pero las temporales no lo tengan», manifiesta Tejado.

«La Junta aplica una discriminación entre el personal fijo y el temporal, pese a que la directiva europea recoge que debería aplicar las mismas condiciones», expone la responsable de UGT.

Esta situación que diferencia a fijos y temporales se puede solucionar con el proceso de estabilización que está abierto y que, a instancias de Europa, aspira a convertir en fijos a los interinos que trabajan en la administración. Esos exámenes están convocados los días 1 y 2 de junio de este año.

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