El Ayuntamiento de Almendralejo, condenado a pagar la defensa de los concejales absueltos en la Púnica

Justamente este martes, coincidiendo con el inicio del juicio que sienta en el banquillo a 37 personas, entre ellas el exalcalde de Almendralejo José García Lobato, se ha sabido que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida ha obligado al consistorio extremeño a abonar los 31.232 euros que habían reclamado los concejales Luis Alfonso Merino Cano y José Antonio Regaña Guerrero.

Ambos contaron con los servicios del despacho Calero Abogados desde enero de 2018 hasta junio de 2023, cinco años en los que estuvo viva la causa por la que fueron investigados.

Pero cuando en el año 2021 el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dio por concluida la instrucción y abrió juicio oral, no incluyó en la lista de acusados a estos dos ediles ni tampoco a Carlos González Jariego, que fue defendido por un despacho de abogados distinto.

Tras hacerse firme ese auto de archivo y terminar definitivamente el procedimiento judicial contra ellos, los tres concejales reclamaron al Ayuntamiento de Almendralejo que se hiciese cargo del coste que había tenido para sus bolsillos la contratación de un letrado.

A esa solicitud atendió el Ayuntamiento de Almendralejo, que con el apoyo de los tres partidos que estaban en el gobierno (PP, PSOE y Cs) aprobó sufragar las costas procesales de los tres exconcejales del Partido Popular, quienes habían solicitado que así fuera porque esos gastos estaban relacionados con la gestión municipal que habían desempeñado.

Los tres ediles pidieron un total de 31.232,98 euros, pero antes de abonarles ese dinero el ayuntamiento solicitó a los servicios jurídicos del consistorio un informe detallado para saber si las cantidades solicitadas se correspondían con el trabajo realizado.

Como resultado de ese informe solo les fueron abonadas esas cantidades de forma parcial. En el caso concreto de Luis Alfonso Merino recibió 3.615,31 euros mientras que a José Antonio Regaña le fueron entrados 3.498,11 euros.

Tras tener conocimiento de esa decisión, el despacho de abogados que los había defendido decidió recurrir y ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida les ha dado la razón.

El juzgado recoge en su auto que los informes realizados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Almendralejo en los que se cifra el coste de la defensa de los concejales «ni siquiera aparecen firmados, por lo que ni siquiera podemos atribuirles la presunción de acierto».

«Si el Ayuntamiento lo que pretendía era hacer un auténtico informe al respecto, quizá la vía más rápida y objetiva hubiera sido pedir un informe a un Colegio de Abogados y otro a un Colegio de Procuradores, pero lo que no puede pretender es justificar su decisión en documentos que, insistimos, se desconoce quién los ha elaborado, qué titulación tiene y qué capacitación tiene su autor».

Con estos argumentos, el juzgado condena al Ayuntamiento de Almendralejo a abonar la totalidad de las cantidades solicitadas por dos concejales defendidos por Juan María Calero, a las que habrá que sumar los intereses legales que hayan podido generar desde que se realizó la reclamación administrativa.