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La negociación para la elaboración de los Presupuestos de Extremadura de 2023 encara su recta final con un tema candente sobre la mesa. La rebaja ... fiscal que reclaman PP y Ciudadanos, y que rechaza Unidas por Extremadura, se ha convertido en protagonista de las reuniones impulsada por una corriente nacional iniciada por Andalucía y Madrid y a la que también se suma la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE.
La Junta de Extremadura cerró este martes la segunda ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de diseñar en común las cuentas del próximo año. Los encuentros empezaron el lunes con Unidas por Extremadura y concluyeron en la tarde de este martes con Ciudadanos, en ambos casos por videoconferencia. Entre medias, por la mañana hubo una reunión presencial entre el Gobierno regional y el PP.
El encuentro con Unidas por Extremadura ha servido para descartar algunas de las propuestas de la coalición, que ha entregado un documento con ocho medidas concretas destinadas a aliviar a las familias de la región por la subida de los precios. De entrada, el Ejecutivo autonómico no es partidario de crear un bono de 300 euros para familias con ingresos por debajo de 50.000 euros que no cobren el ingreso mínimo vital. Por el contrario, está dispuesto a avanzar en la universalización de los comedores escolares.
La portavoz de la coalición, Irene de Miguel, insistió en que mantiene la mano tendida para negociar las cuentas. Pero añadió que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, debe decidir «si quiere apoyar las medidas de la derecha o las medidas progresistas», según recoge Europa Press. Considera que un acuerdo entre todos no es posible.
El segundo encuentro de la segunda ronda tuvo lugar por la mañana con el PP. Previamente, la nueva presidenta de los populares extremeños, María Guardiola, presentó una rebaja de los primeros tramos del IRPF que convertiría a Extremadura en la región con los tipos más bajos del país.
Para Guardiola «la mejor política social es bajar los impuestos», de modo que se devuelva a los ciudadanos el dinero que están pagando por el alza de los precios y que está impulsando la recaudación. Como recordó, la previsión para 2023 es contar con 700 millones más en ingresos, especialmente por IVA e IRPF. Algo que permitiría además compatibilizar una rebaja fiscal con el refuerzo de los servicios públicos.
La presidenta del PP propone una rebaja del IRPF con efecto retroactivo al 1 de enero de este año, como ha hecho Andalucía, con lo que llegaría al bolsillo de los extremeños en la declaración de la renta del presente ejercicio, que se presentará en primavera.
El PP plantea rebajar los tipos de los dos primeros tramos de la escala autonómica, del 9,5% (hasta 12.450 euros de base imponible) y del 12,5% (hasta 20.200), para situarlos en el 8% y 10%, respectivamente. Esto beneficiaría a todos los contribuyentes.
Junto a esto, Guardiola propone elevar el mínimo del contribuyente (la parte de ingresos que no tributa), que actualmente está en 5.550 euros, a 6.105 euros, el tope que permite la legislación.
El PP también pide rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que se abona por ejemplo con la compra de una vivienda de segunda mano. El tipo en la región oscila entre el 8% y el 11%, aunque en ciertos casos es inferior. Los populares quieren dejarlo en el 6%, con lo que sería el más bajo del país junto con Madrid.
También propone un tipo reducido del 3% para municipios con baja densidad de población. Actualmente ya es del 4% para compra de viviendas en pueblos de menos de 3.000 habitantes.
El Gobierno regional accedió ayer a estudiar esta propuesta, aunque no es partidario de bajar impuestos. En su lugar, insiste en armonizar una fiscalidad nacional y evitar la competencia entre comunidades autónomas.
El PP descarta por el momento tocar el Impuesto de Patrimonio, algo en lo que coincide Ciudadanos, grupo con el que se cerró la segunda ronda de encuentros con los grupos parlamentarios. La formación naranja plantea una rebaja fiscal a través de dos vías. Por un lado, con una compensación por el aumento de las hipotecas de tipo variable, que tendría forma de deducción similar a la actual pero que no se aplica para las compras posteriores a 2012. Por otro, con una rebaja de los tramos más bajos del IRPF o con una reducción acorde a la subida del IPC (deflactación).
Como en el caso de Unidas por Extremadura, la Junta es más favorable a otra de las propuestas de Ciudadanos, la universalización de los comedores escolares, aunque no en todo su alcance, y de los libros de texto.
Para el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, «si la Junta realmente quiere consenso y busca algo en común» debe aceptar propuestas de la oposición, pero «si sólo se trata de sumarse a lo mío y gratis» su grupo no votaría a favor de las cuentas.
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Lara Garlito, recalcó que las negociaciones continúan y por tanto «no se da nada por establecido», sino que se mantiene la voluntad de que las cuentas sean «para todos». La próxima semana habrá nuevos encuentros, previsiblemente con todos los grupos a la vez. La intención es presentar las cuentas antes del 15 de octubre.
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