El banco malo destina 200 viviendas para el alquiler social en Extremadura

Las 200 viviendas extremeñas representan apenas el 1,5% de las 13.300 que la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) ha movilizado para el alquiler social en el conjunto de España. Pese a ese reducido porcentaje que supone la región sobre el global, el número de viviendas de alquiler social que el banco malo tiene en Extremadura está por encima de hasta siete comunidades, algunas de mucho más tamaño y población.

Así, en la región extremeña hay más inmuebles incluidos en el programa de Alquiler Social y Acompañamiento que en Castilla y León (124), Baleares (78), Galicia (73) o Aragón (57), por ejemplo. Al contrario, los territorios con más peso en el programa son Cataluña (con más de 7.000 viviendas), Madrid (que roza las 2.500) y la Comunidad Valenciana (con cerca de 1.000).

Además, el porcentaje de las propiedades que la sociedad destina al alquiler social en Extremadura es bastante elevado. En concreto alcanza cerca del 40%, ya que en la web de la Sareb se constata que tiene 519 viviendas en total en la región. A nivel nacional, ese porcentaje no llega al 30%, ya que son más de 48.500 las viviendas que la entidad tiene todavía en propiedad.

Una parte importante de los 200 inmuebles movilizados en Extremadura para aumentar el parque de alquileres asequibles «funcionan bajo el modelo de convenios con administraciones públicas, una fórmula por la que Sareb cede la vivienda a un ayuntamiento o comunidad autónoma para que el alquiler social sea gestionado por esa administración», detallan desde la propia sociedad. En la región hay 71 inmuebles en esa situación.

En la gestión propia de la Sareb, durante el primer año de desarrollo del programa se han formalizado una veintena de alquileres sociales en Extremadura. «Un 75% de ellos en la provincia de Cáceres», según los datos que maneja la entidad.

La Sareb también ha detectado a lo largo de este año más de 25 viviendas habitadas de manera irregular en Extremadura, la gran mayoría en la provincia de Badajoz. «Hemos encontrado casos de viviendas ocupadas por personas que no quieren colaborar para el estudio de un alquiler social o que no son vulnerables o son conflictivas», informan los responsables del programa.

A esa conclusión se ha llegado desde la sociedad tras analizar la realidad de las familias que habitan sus inmuebles. Ante esa constatación, la sociedad trabaja para poder ofrecer esos domicilios a familias que sí sean consideradas vulnerables. «Todas esas viviendas tendrán que ser recuperadas en los juzgados o por la vía del acuerdo para que se marchen esas personas», explican el proceso a seguir.

A nivel nacional, este problema es mucho más acusado, ya que son 3.400 las viviendas en las que residen personas no vulnerables o que no quieren participar en el programa.

Movilizar estas viviendas propiedad de la Sareb para destinarlas al alquiler social fue una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con la intención de aumentar en España un parque de viviendas asequibles, que apenas representa el 2% del total.

El objetivo que se marcó el Ejecutivo –también mediante construcción de obra nueva y rehabilitaciones– era elevar esa tasa hasta el 9%, en el que se sitúa la media europea.