Bruselas mantiene sus dudas sobre el regadío de Tierra de Barros pero no lo rechaza

La respuesta de la Comisión, , objeto de polémica en las últimas semanas ya la tiene la Administración extremeña. HOY ha tenido acceso a la «carta administrativa» de Bruselas. 'Carta' la denomina la Dirección General de Medio Ambiente. No es un informe y mucho menos la declaración de impacto ambiental o evaluación ambiental que, según el consejero de Gestión Forestal, Ignacio Higuero, requería necesariamente la Junta para seguir adelante con el proyecto de regadío.

Esa misiva fue escrita el 2 de febrero, y la Junta la recibió el 5, el pasado lunes. En concreto, iba remitida a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda. Es la llamada autoridad de gestión (responsable de la gestión y aplicación) del PDR vigente validado por la Comisión.

En ella, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea no introduce ningún elemento radicalmente diferente a lo ya conocido en este tema, aunque insiste en sus «preocupaciones» sobre el proyecto que quiere poner riego de apoyo a 15.000 hectáreas de las comarcas de Tierra de Barros y Mérida.

El Gobierno extremeño esperaba un pronunciamiento taxativo de Bruselas sobre su posibilidad de ejecución (están pendientes de licitación las obras y hay reserva de dinero por parte de la Junta para ello) pero la UE no resulta explícita en ese sentido. Eso a pesar de que tiene conocimiento extenso del asunto.

Primero desde el 11 octubre de 2022, cuando técnicos de la Junta se desplazaron a Bruselas para aclarar dudas ante la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección General de Agricultura de la UE. Poco después, el 31 de octubre, Medio Ambiente se dirigió al Gobierno extremeño para plantearle «una serie de observaciones y preguntadas relacionadas con el proyecto». Por último, el 30 de noviembre de ese año la Comisión recibió una respuesta de la Junta (79 páginas de informe) a sus preocupaciones.

La carta remitida ahora al Ejecutivo extremeño, de tres páginas, está firmada por Verónica Manfredi y Paul Speight, de la Dirección General de Medio Ambiente.

En ella Bruselas dice que los servicios de la Comisión «siguen preocupados por la forma en que se ha realizado la evaluación de las repercusiones del proyecto», y por los efectos de «deterioro que podría tener en el estado de las masas de agua de la cuenca del Guadiana».

Por este motivo, dice en el escrito, «invitamos a sus autoridades (Gobierno extremeño) a que tengan debidamente en cuenta dichas preocupaciones a la hora de evaluar la viabilidad global de la ampliación de este proyecto de regadío y la utilización de fondos de la UE para el mismo».

Medio Ambiente centra su respuesta a la Administración regional en dos «preocupaciones». Una, sobre la Directiva marco del Agua; otra, sobre la de nitratos. La más relevante es la primera.

El proyecto de Tierra de Barros tiene la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable y la concesión de recursos hídricos validada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) pero la Dirección General de Medio Ambiente de la UE pone reparos. No comparte que este proyecto no suponga una presión significativa sobre el estado de todas las masas de agua afectadas, en contra de lo que dicen la DIA y la CHG.

Piensa que no se ajusta al Plan Hidrológico de Cuenca (Confederación, su autor, dice que sí) y que las previsiones de menos agua por sequías futuras cuestiona «la viabilidad del proyecto».

Si faltara el agua mínima para los nuevos regadíos, «o bien las infraestructuras quedan inutilizadas y pasan a ser redundantes, a pesar de las elevadísimas inversiones realizadas, incluso quizás con fondos de la UE, o bien las infraestructuras se utilizan y podrían agotar aún más las masas de agua de forma poco compatible con la Directiva Marco del Agua», se indica.

En cuanto a la directiva del nitrato, expresa Medio Ambiente que Extremadura aún no ha adaptado el nuevo programa de acción de nitratos (está en trámites) y que el proyecto se desarrolla en una zona cuya masa de agua subterránea se encuentra en mal estado químico por nitratos, «tiene presiones (...) de la agricultura y corre el riesgo de no alcanzar el buen estado en 2027».

La Dirección General de Medio Ambiente expresa en la carta que está a disposición de la Junta para «cualquier aclaración adicional que considere necesaria».