Bulos y libertad

UNA parte del trabajo de los periodistas de HOY (y me atrevo a decir que de todos los periodistas) consiste en desmontar bulos. Las noticias falsas, que ya existían antes del coronavirus, y que seguirán campando después, han conocido su apogeo gracias a la revolución digital y a las redes sociales. Si antes era complicado difundir un infundio, ahora es instantáneo, puede dar la vuelta al mundo en minutos. En este periódico hemos creado una sección, StopBulos, para denunciarlos. Algunos utilizan nuestra cabecera para hacer pasar por noticias lo que son mentiras. Y que no tienen otro fin que alarmar. En HOY solo publicamos noticias. Que por definición es la información veraz. Ni una de las cientos de noticias publicadas sobre el coronavirus ha sido desmentida.

Y porque nuestro oficio y nuestra responsabilidad es publicar noticias, no bulos, nos ha indignado que el CIS, un organismo oficial, nos meta en el mismo saco que las redes sociales y dé por sentado en una pregunta tramposa que podemos estar publicando bulos. O que nos iguale al espontáneo que monta un vídeo casero en el que dice, por ejemplo, que esta pandemia es un diabólico plan gubernamental para acabar con millones de ciudadanos, lo cuelga en Facebook o en Youtube y triunfa con miles de 'me gusta'.

Igualar las redes sociales y la libertad de utilizarlas para difamar y difundir bulos con el derecho a la información, que es uno de los derechos fundamentales de los españoles, es una aberración que solo puede venir de la mala fe o de la ignorancia. Y no augura nada bueno. Les recuerdo la pregunta del CIS: «¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información de la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?»

Si el Gobierno desea combatir los bulos, que mire hacia los multimillonarios dueños de las redes sociales y les exija la misma responsabilidad que ya nos exige la ley a los medios de comunicación. Cualquier periodista de HOY, y yo como directora, puede ser condenado y hasta ir a la cárcel por firmar una noticia que los tribunales consideren que no se ajusta a la verdad o que vulnera el derecho al honor de un ciudadano. ¿Conocen ustedes a algún propietario de redes sociales procesado por los millones de barbaridades que se alojan en sus plataformas?

Si algo ha demostrado esta crisis es que los ciudadanos necesitamos información veraz para no estar inermes en manos de los estafadores que se dedican a fabricar bulos, sea por interés económico o político; para hacer dinero o para desestabilizar un país y un gobierno democrático. Los medios rigurosos estamos sirviendo esa información. Y no solo la información 'oficial' como sugiere la pregunta capciosa que hace el CIS a los españoles. Ofrecemos información veraz, de interés público. ¿O no interesa a los extremeños lo que tiene que decir un médico de la UCI, un enfermo curado de coronavirus, un familiar de un fallecido? No es información oficial, es veraz. Y casi da vergüenza recordarlo, pero no toda la información oficial es necesariamente veraz ni de interés público. A veces es solo propaganda.

Por fortuna, en España contamos con una Constitución que protege las libertades, también la de información; y pertenecemos a la Unión Europea, que la defiende. Si alguien en el Gobierno fantasea con la idea de recortarla aprovechando la pandemia, va por mal camino. España no es Turquía, donde el encarcelamiento de periodistas críticos con el gobierno es habitual. Y nunca viene mal recordar que la libertad de información no es un derecho del periodista sino de los ciudadanos. El derecho de todos a recibir información veraz, rigurosa, contrastada y plural y no bulos.