El campo extremeño vota para elegir a sus representantes

En 2017 fueron 12.932 los electores que pudieron participar en estos comicios agrarios, que se celebran cada cinco años. Ahora son casi mil menos. El censo definitivo de electores alcanza los 11.976, 6.795 correspondientes a la provincia de Badajoz y 5.181 a la de Cáceres. La inmensa mayoría son personas físicas porque solo se contabilizan 95 personas jurídicas, 59 en territorio cacereño y 36 en el pacense.

La Consejería de Agricultura ha detallado que se han dispuesto 467 mesas electorales, 258 en la provincia de Cáceres y 209 en la de Badajoz.

La coalición de las dos Asaja con implantación regional (Apag Extremadura Asaja, en la provincia pacense y Asaja Cáceres), UPA-UCE, La Unión y la Coordinadora Agraria de Extremadura fueron las candidaturas que concurrieron hace cinco años.

A ellas se le añade en estos comicios una sexta, la presentada por Aequum Agrum (AA en siglas), una organización cuyos estatutos fueron validados en noviembre pasado y está presidida por José María Álvarez Lebrijo, un perito agrícola que trabaja en una gestoría y tiene una explotación de secano y regadío.

El tándem Juan Metidieri y Ángel García Blanco, al frente de la coalición de Asaja, ganó las últimas elecciones y parte como favorito para repetir el primer puesto también en esta ocasión. Obtuvieron 4.150 votos, el 46,89% del total, hace cinco años. UPA-UCE, con Ignacio Huertas al frente de la organización, sacó 3.326 sufragios, el 37,58% del total.

Se quedaron fuera del Consejo Asesor Agrario por no llegar al umbral mínimo del 15% de los votos las candidaturas registradas por La Unión (Luis Cortés, con un 14,27%) y Coordinadora Agraria (Juan Moreno, un 1,27% de apoyos).

Se da por hecho que en estas elecciones del 8 de mayo la lista de La Unión de Agricultores y Ganaderos sobrepasará ese porcentaje de voto mínimo y Cortés –que acumula más de tres décadas en el mundo del asociacionismo agrario extremeño– volverá a ser elegido miembro de ese Consejo, el órgano consultivo de la Junta de Extremadura a la hora de dictar su política agraria y que sirve también para medir la representatividad real de organizaciones agrarias.

Hace cinco años, sobre un censo de 12.932 electores, votaron 9.276. Una participación elevada, del 71,7%, en Extremadura, por encima de otras elecciones regionales agrarias.

En esta ocasión hay más dudas entre el sector que se pueda llegar a un porcentaje tan notable, en pleno mes de mayo (peor fecha para votar que a finales del invierno), y con un ambiente presuntamente más 'frío', señalan dirigentes agrarios a HOY, entre el electorado a la hora de acudir a votar.

Con todo, por la tradición de otros comicios (estos son los cuartos desde 1998), se da por hecho una buena participación final.

Los programas electorales de las cinco candidaturas presentan bastantes coincidencias en aspectos como la petición de más fondos y la necesidad de mayor simplificación administrativa en la tramitación de expedientes y ayudas. Las diferencias aparecen en asuntos como a quiénes defienden en particular –UPA-UCE, por ejemplo, apuesta por la agricultura y la ganadería familiar–. Otros ponen más el foco en asuntos como profundizar en el desarrollo de la ley de cadena alimentaria o una menor protección ambiental (Asaja).

Esta organización solicita en concreto la creación de un fondo de crisis para la compensación de la subida en los insumos (gasoil, luz, fertilizantes, fitosanitarios...). En cuanto a ayudas concretas, pide incrementar las ayudas integradas del olivar en 50 euros por hectárea y la creación de una ayuda integrada para el cereal de invierno de 150 euros por hectárea.

En clave 'verde', apuesta por una desregulación de las zonas ZEC, ZEPA, Lugares de Interés Comunitarios y Reserva de la Biosfera, esto es, una rebaja de la protección ambiental que facilitan en esas zonas las prácticas agroganaderas. La autorización de la quema controlada de rastrojos por motivos fitosanitarios es otra de sus propuestas.

Mientras, UPA-UCE reclama que el Ministerio y las comunidades autónomas deben publicar los costes de producción en los distintos sectores para que se contemplen en los contratos. La Junta debe poner en marcha «una autoridad de ejecución para asegurar el seguimiento y control de las prácticas comerciales.

En cuanto a la PAC, exige que sea «más justa, que apoye más a las explotaciones familiares y profesionales a través de la puesta en marcha de techos de ayuda, de ayudas redistributivas y de la modulación de las ayudas acopladas». Respecto a los seguros agrarios, propone la aplicación de un techo de ayudas y modulación en ellas para favorecer a ese tipo de explotaciones antes indicada.

Por su parte, La Unión reclama un plan de rejuvenecimiento del campo extremeño, dando más recursos para los expedientes de incorporación a la actividad agraria. Al mismo tiempo, se reclama abordar una modernización del sector agrario en un doble sentido. De un lado, con medidas que favorezcan el cambio de maquinaria y otro con mejoras de los regadíos.

Para la Coordinadora Agraria, que es apoyada por la organización COAG aunque no se presente bajo es marca, es vital desarrollar la Ley de Cadena Alimentaria, controlando más los contratos que se firman entre productores y vendedores y que los primeros no deban recibir menos dinero de lo que les cuesta producir. Otro aspecto clave para la Coordinadora es reparto justo de las ayudas. «Defendemos una agricultura social y profesional, no de fondos de inversión».

Por último, la nueva organización Aequum Agrum quiere una PAC con más dinero y una mayor simplificación administrativa en todo lo relacionado con el campo. Se apuesta también por políticas que auspicien una agricultura y ganadería cada vez más profesionalizadas.