Las carboneras extremeñas tratan de sobrevivir ante la presión de la ley medioambiental

Para unos cocer madera de encina bajo tierra y obtener carbón es un oficio ancestral, para otros una industria altamente contaminante, además de molesta para residentes en zonas cercanas. Se están dando pasos para que los entre 150 y 200 hornos que hay activos en Extremadura incorporen la tecnología apropiada para rebajar el nivel de emisiones de C02, pero falta dar con un prototipo ideal cuya inversión sea asumible económicamente por los carboneros, la mayoría de los cuales incumplen la Ley de Protección Ambiental. Por esta razón, hablar hoy abiertamente de este oficio es tabú en estos pueblos.

Gregorio Gallego, por ejemplo, es alcalde de Zahínos (2.770 habitantes), la población con más carboneras de la región, 86, según se expuso en 2018. Este diario le pidió explicar qué está pasando en una actividad que es el motor económico de su pueblo, pero declinó hacer declaraciones al respecto. Existe una Asociación de Carbón Vegetal de Extremadura (Asecav). Su presidente, José Rangel, también prefiere no valorar en qué situación se encuentra el sector más allá de reconocer que a muchos la Administración podría clausurarles su modo de vida. Solo avanza que están a punto de dar con una especie de filtro que, aplicado a las chimeneas, minimizaría las emisiones y resolvería el problema legal que muchos tienen encima.

La problemática no es nueva. Hace más de una década se advirtió de la contaminación que generaba el humo de las carboneras, pero desde entonces se ha ido aplazando la solución. Como actividad clasificada, es la Junta de Extremadura, ahora a través de la Consejería de Transición Ecológica, a la que compete su regulación mediante la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental, y antes, desde 2007, con la ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, donde ya se refería a la «carbonización de la madera (carbón vegetal) como una de las «actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera».

Consciente de la mano de obra que genera en una zona sin demasiadas alternativas de empleo, la Junta flexibilizó en 2013 los requisitos para muchas de estas carboneras, pero las moratorias se acaban y las exigencias se endurecen, apuntan con temor en el sector.

Esto no impide que la Junta siga concediendo licencias. La última se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el pasado miércoles para la fabricación de carbón vegetal en el término de Zahínos, cuyo ayuntamiento había informado favorablemente desde el punto de vista urbanístico. El documento contiene todo tipo de condicionantes, entre ellos cesar la actividad o minimizar la afección «cuando los vientos reinantes dirijan el humo hacia la población o zonas habitadas». Y es que fueron denuncias de vecinos hace mucho tiempo las que originaron las primeras inspecciones a estas carboneras a las que les ha sobrevenido después una legislación medioambiental cada vez más restrictiva desde la Unión Europea.

Joaquín Santana es ingeniero agrónomo y ya en el año 2010 gestionaba varios expedientes de carboneros que quisieron legalizar sus empresas. El sector deseaba regular una actividad tradicional, pero se quejaba de que les pedían casi las mismas exigencias que a una industria siderúrgica.

Según recuerda este ingeniero de Intellectual Company S.L., con sede en Zafra, «hace años la Administración reglamentó de manera que los carboneros podían seguir funcionando mientras se adaptaban con una determinada inversión, la cual ahora sigue siendo prácticamente inviable. Fue una manera de aplazar el problema y echarlo hacia adelante, y eso que en 2010 ya había soluciones innovadoras, pero los carboneros no podían asumirlas».

Santana añade que en la comarca Sierra Suroeste de Badajoz «el carbón es una industria muy importante, una economía de subsistencia que mantiene la dehesa y de la que viven varias generaciones, pero se quedó en un limbo legal y ello puede convertirse ahora una consternación social».

En 2019, desde Asecav ya se reconocía que el sector no se había profesionalizado aún a pesar de que cadenas comerciales nacionales e internacionales como Mercadona o Día vendían en sus establecimientos el carbón producido en Extremadura.

En el I encuentro de Carbón Vegetal, celebrado en 2018, se habló de 86 hornos quemando leña solo en Zahínos, 33 en Higuera de Vargas, 18 en Oliva y seis en Jerez y que en un radio de quince kilómetros existían 143 instalaciones que procesan las podas que requiere una dehesa. Pero los datos que aporta la Junta de Extremadura en 2023 a este diario son de solo 67 carboneras autorizadas y 45 instalaciones con acta de puesta en marcha favorable. Según explican desde la Consejería de Transición Ecológica, en 2013 se emitió una Instrucción desde la Dirección General de Medio Ambiente con motivo de un Real Decreto de 2011 que actualizaba las actividades contaminadoras. Autorizar la actividad se basaría en un estudio de dispersión y en la verificación de las emisiones una vez puesta en marcha la instalación.

Ante la aparición de nuevas técnicas para la disminución de las emisiones y los problemas existentes en cuanto a estas emisiones se determinó dejar sin efecto la instrucción el 6 de agosto de 2021. A partir de esa fecha, se han autorizado cuatro instalaciones de fabricación de carbón vegetal estableciéndose los valores límites de emisión conforme a la normativa ambiental en vigor. Las carboneras existentes autorizadas, pueden seguir funcionando, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de dichas autorizaciones, dice la Junta, por parte del órgano ambiental, en base a la aparición de nuevas técnicas disponibles para la disminución de las emisiones, cambios normativos o problemas ambientales.

Tanto en el sector como en consultorías especializadas saben que la ley les aprieta y se afanan en innovar para que estos hornos se vuelvan más eficientes y menos contaminantes. Es el caso de Carbolab, un grupo operativo financiado con fondos europeos Feader formado por las empresas ingeniería y Desarrollos Derivados del Carbón (IDDECA) y García Murillo Distribuciones y Contrataciones. «Este sector económico –explican– tiene el inconveniente de la gran cantidad de contaminantes que emiten a la atmósfera, lo que está haciendo peligrar la actividad con el temor al cierre de las instalaciones al no poder cumplir con las exigencias medioambientales de la Unión Europea».

Las cuentas son simples y esclarecedoras. En Extremadura se pirolizan una media de 400.000 toneladas al año de biomasa forestal para obtener 100.000 toneladas al año de carbón vegetal. Esto significa que en este proceso se genera una media de 300.000 toneladas al año de residuos en sus distintos estados (sólido, líquido y gaseoso), que actualmente ni se controlan, ni se miden, ni se gestionan, ni se trabaja desde un enfoque de sostenibilidad, tal y como se marca desde la agenda europea 2030.

Carbolab trabajan con el Instituto Nacional del Carbón (INCAR), miembro del CSIC, y la Universidad de Extremadura y afirma que, además de producir más carbón con menos leña, tienen un prototipo de horno que logra reducir las emisiones contaminantes y partículas volátiles en casi el 90%, lo cual permite a estas empresas cumplir las exigencias ambientales.

La situación sin embargo está en un punto en que muchos de los empresarios aún no saben cómo financiarán estas posibilidades técnicas y si tendrán que apagar sus hornos en los próximos meses.