Los otros casos Isla Valdecañas

Cuatro expertos en derecho urbanístico y medioambiental contestaban el pasado viernes en las páginas de HOY a la pregunta de si conocían casos similares al del resort ubicado en El Gordo y Berrocalejo, y tres de ellos citaban al Algarrobico, un símbolo de la lucha ecologista contra los excesos urbanísticos en la costa española. El hotel ubicado a unos cincuenta metros de la orilla del mar, en el municipio de Carboneras, empezó a construir en el año 2003, el mismo en el que se constituyó la sociedad Marina Isla Valdecañas.

Tras una denuncia de Greenpeace alegando que el proyecto afectaba a suelo protegido, los tribunales paralizan las obras en el año 2006. Y ahí empezó un galimatías de denuncias, recursos, autos y resoluciones judiciales que sigue hoy en día. El Estado y la Junta de Andalucía firmaron en noviembre de 2011 un protocolo según el cual, el Ministerio pagaría la demolición y el Gobierno regional el desescombro y la gestión de residuos. Incluso se constituyó una comisión mixta de seguimiento, que hasta diciembre del año 2020 se había reunido cinco veces, según informó en esa fecha el propio Ministerio en nota de prensa. En definitiva, que década y media después de que se detuvieran las obras, y a los doce años de que la administración empezara a preparar el derribo, el hotel de El Algarrobico sigue en su sitio ilegal y Greenpeace, la asociación que lo llevó a los tribunales continúa pleiteando para que sea demolido.

El caso no es exactamente igual al extremeño, porque de hecho no hay dos procedimientos idénticos, pero uno y otro tienen paralelismos. Y los guardan también con algunas de las múltiples causas judiciales que protagoniza Marbella, el paradigma de los excesos urbanísticos en el país, si bien en este último caso entra en escena la jurisdicción penal con sus sentencias de prisión, algo que no ocurre ni con el Algarrobico ni con Marina Isla Valdecañas. En la actualidad, en Marbella se mantienen en pie la mayor parte de las 18.000 construcciones que fueron declaradas ilegales hace ya varios lustros.

También siguen pendientes de demolición centenares de viviendas en varias localidades de Cantabria, donde las primeras sentencias que condenaban urbanizaciones enteras a la piqueta llegaron en el año 1994. En concreto, afectaban a promociones de las localidades de Argoños, Piélagos, Escalante y Miengo. El primer derribo, sin embargo, no llegó hasta el año 2009.

En todos los casos, los condenados eran «el Gobierno regional y los diferentes ayuntamientos», según explicaba el pasado día 6 Antonio Vilela, presidente de AMA (Asociación de Maltratados por la Administración) en el periódico 'El diario montañés'.

Esa información detallaba la situación actual de esos procedimientos judiciales de viviendas declaradas ilegales y que ven los años pasar sin que llegue el punto y final. Entre los cuatro municipios citados suman 472 expedientes de derribo pendientes de resolución. «Desde que comenzó el problema –concretaba el diario de Vocento–, se han echado abajo un total de 258 construcciones en Cantabria».

Pero ni siquiera hace falta salir de Extremadura para encontrar precedentes de causas judiciales que de alguna forma recuerden a Marina Isla Valdecañas. En Cáceres hay uno claro: el del Residencial Universidad, una urbanización construida a las afueras de la ciudad, cerca del campus universitario, en unos terrenos considerados no urbanizables de especial protección, que luego fueron recalificados.

En el año 2003, el TSJEx anuló la nueva catalogación, realizada acogiéndose a la conocida como 'Ley del kilómetro', un fallo que a los cuatro años ratificó el Tribunal Supremo. Sin embargo, las sentencias en contra no impidieron que se construyeran, vendieran y habitaran más de 500 viviendas, con el argumento judicial de que «la decisión administrativa no estaba suspendida». La aprobación de un nuevo Plan General Municipal salvó las viviendas, y en 2013, el TSJ extremeño falló que las casas no debían ser demolidas. «Tampoco el interés público se vería beneficiado de forma palmaria si se volviese a la catalogación (del suelo) anterior», decía la Sala de lo contencioso-administrativo, un argumento similar al que utilizó hace dos años para ordenar el derribo parcial de Valdecañas.

Tanto es así que en esa sentencia de hace dos años, el TSJEx recogía que «la inejecución parcial» acordada entonces era «la plasmación judicial de lo ocurrido en otros supuestos similares en Extremadura». Se refería al Residencial Universidad y al 'cubo' de la facultad de Biblioteconomía en Badajoz, construido dentro del recinto histórico protegido de La Alcazaba.

«Tras numerosos incidentes y recursos en el TSJEx –explicaba esta instancia hace dos años en su sentencia sobre Valdecañas– y recursos de casación ante el Supremo, la ejecución se llevó a cabo fundamentalmente mediante la demolición de dos plantas del edificio de nueva construcción denominado 'el cubo', pero conservando parte de las nuevas instalaciones. Por tanto, se estimó una imposibilidad material parcial de ejecución». O sea, como el propio TSJEx hace dos años, hasta que el Supremo le corrigió hace dos semanas.