Cataluña first

No consentiremos que se desprecie a los extremeños», afirmaba el pasado viernes en HOY la vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda Pilar Blanco-Morales. Tan rotunda declaración iba dirigida al recién estrenado gobierno de Sánchez que, entre carrerita y carrerita por los jardines de La Moncloa y cucamonas al perrito de turno, ya ha deslizado algunas medidas que alarman a los responsables de las cuentas de las comunidades. La primera es que no se negociará el nuevo sistema de financiación de las autonomías, (no hay tiempo, dice Pedro Sánchez) sino que habrá reuniones bilaterales con todas para mejorar sus 'cupos' y atender, en la medida de lo posible, las reivindicaciones económicas de cada una.

Resulta paradójico que las comunidades que han levantado la voz contra el retraso en el cambio del sistema de financiación hayan sido Valencia, Andalucía y ahora Extremadura, las tres con gobiernos socialistas, 'aliadas' en teoría, con el nuevo Gobierno de España.

El argumento esgrimido por Blanco-Morales para oponerse es impecable: no queremos una negociación opaca en la que cada comunidad logre acuerdos más o menos favorables según su capacidad de presión ante los negociadores monclovitas. Ciertamente, si a alguien no le interesa ese vis a vis es a una comunidad pequeña y poco poderosa económicamente como Extremadura.

Incluso quienes sentimos una insuperable pereza cuando se habla de números y presupuestos empezamos a sospechar que detrás de esta decisión del Gobierno de aplazar el debate sobre el sistema de financiación para una nueva legislatura se esconde una trampa política.

Pedro Sánchez quiere encauzar el problema catalán otorgándole al gobierno del muy honorable y muy xenófobo Quim Torra el estatus que siempre ha reclamado: la relación bilateral España/Cataluña. El presidente de la Generalitat no quiere sentarse a una mesa con representantes de comunidades a cuyos habitantes desprecia, sino establecer un diálogo de tú a tú con el presidente del Gobierno. Y Sánchez, al menos de momento, parece haberle concedido ese estatus: reuniones con las comunidades, empezando por las históricas, para tratar mano a mano los problemas de cada uno.

Tal vez de esta manera Pedro Sánchez confía en empezar a encauzar la envenenada crisis catalana: le tiende la mano a Torra (aunque para ello tenga que pasar por alto los desplantes del presidente catalán al Rey) y espera que a cambio el independentismo inicie la maniobra de aterrizaje en la realidad. Una iniciativa, la de Pedro Sánchez, audaz, como es su estilo, pero también arriesgada. Corre el peligro de que, por muchos gestos y muchas concesiones que le haga al independentismo este no se dé por satisfecho. Si algo hemos aprendido en los últimos meses es que los supremacistas que reclaman la república catalana por las buenas o por las malas solo descansarán el día en que España les firme la independencia, y además en condiciones ventajosas para ellos: ofreciéndoles, por ejemplo la doble nacionalidad; o allanándoles el camino para estar en la UE desde el primer día.

El segundo riesgo que corre Sánchez al iniciar el camino del apaciguamiento hacia Torra es el de encabritar al resto de España. La deslealtad del nacionalismo catalán ha quedado tan en evidencia desde el 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando dieron el golpe en el Parlament, que, o bien Sánchez es prudente en ese acercamiento y lo explica muy bien a la ciudadanía, o muchos españoles sentirán como una burla ese mensaje de 'Cataluña first', Cataluña en primer lugar, que se ha lanzado en estos días desde La Moncloa.

O se deja muy claro que la Constitución nos obliga a todos y que, aunque se reforme hay límites que no se pueden traspasar, o una mayoría se volverá en contra. Los tratos de favor no caben en un estado que se sustenta en la igualdad de sus ciudadanos, vivan donde vivan. Aquí no hay, o no debería haber, comunidades de primera y de segunda.

¿Sirve de algo que Extremadura levante la voz contra esa bilateralidad, ese 'Cataluña primero' que nos anuncia Sánchez? Extremadura no es el País Vasco, cuyos representantes pueden hasta tumbar gobiernos, ni Andalucía, que pesa ocho veces más por población, pero no está mal que se defiendan las posturas sobre financiación que han sido consensuadas por los grupos en el parlamento extremeño. Y reclamar una negociación transparente es obligado. Los pactos por debajo de la mesa, las operaciones de imagen decaen cuando se empieza a hablar de dinero, de qué fondos disponen las comunidades para financiar los servicios que prestan y de cómo se reparten de manera equitativa.

Pedro Sánchez tiene la difícil misión de apagar el incendio catalán. Pero los españoles tenemos derecho a saber cuál es el precio.