Han pasado más de treinta años y Ángel Rodríguez, quizás la persona que más sabe sobre Monfragüe porque fue director del parque todo ese tiempo, aún recuerda el jaleo que se montó en Jaraicejo en febrero de 1991, cuando la sociedad local de cazadores ... se disponía a disfrutar de una montería como las de toda la vida y la Guardia Civil se lo impidió. Unos días antes había entrado en vigor la Ley de Caza de Extremadura (la 8/90), que incluía una medida que nadie esperaba: la prohibición de las escopetas en Monfragüe y Cornalvo, los dos parques naturales que tenía entonces la región. Esa norma pionera generó un debate cuyos ecos se han vuelto a escuchar esta semana, a raíz del anuncio de la Junta de recuperar las batidas cinegéticas, prohibidas desde hace tres años, como modo de luchar contra la superpoblación de ciervos y jabalíes que castiga al espacio natural más protegido de la comunidad. Han pasado, pues, 32 años, y se sigue hablando de un asunto que trasciende lo medioambiental y tiene múltiples derivadas.
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Él ha protagonizado en los últimos siete días una sucesión de reacciones que analizadas con distancia, ratifican la complejidad del asunto y retratan el momento político que vive la región. En esta semana se ha visto a los socios del Gobierno regional (PP y Vox) discrepar; al PSOE contradecirse; a los ecologistas disentir entre ellos; a la ministra Teresa Ribera alzar la voz en público y a la presidenta María Guardiola respondiéndole... La caza en Monfragüe, queda claro, lleva más de tres décadas siendo un vivero de tensiones.
«Recuerdo una anécdota de cuando íbamos a aprobar esa ley», rememora Francisco Castañares, el artífice de esa norma de referencia del año 1990. Él era entonces director de la Agencia de Medio Ambiente, y recibió la llamada del presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. «Vente a Mérida que tenemos que presentarle la nueva Ley de conservación a Santiago Hernández (presidente de Adenex, entonces la única asociación ecologista de la región)». Cuenta Castañares que en el brevísimo paseo que va de la sala de espera al despacho del presidente de la Junta, Ibarra le dijo a Hernández: «Santi, te vamos a dar una buena noticia». «¿Vais a declarar un parque natural nuevo?», le preguntó el histórico dirigente ecologista. «Vamos a prohibir la caza en Monfragüe y Cornalvo», le aclaró el presidente. «¡Pero cómo vais a hacer eso!», protestó el presidente de Adenex, colectivo que en las semanas y meses siguientes no escatimó críticas a esa norma.
Ángel Rodríguez
Director del parque nacional de Monfragüe durante 30 años
El HOY del 18 de diciembre de 1990 llevaba en su página 5 en el siguiente titular a cinco columnas: 'Adenex afirma que prohibir la caza en Monfragüe ocasionará importantes daños en el parque'. El principal de ellos, explicaba la asociación, sería que las poblaciones de ciervos y jabalíes se dispararían, y con ello aumentarían los casos de tuberculosis en el ganado, sobre todo a través de los jabalíes. Y además lo sufriría también la vegetación. Y este vaticinio se cumplió.
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Ese titular de hace 32 años es impensable hoy. De hecho, el pasado lunes, Adenex y otras siete organizaciones ambientales de la región firmaron un comunicado conjunto en el que calificaban como «muy grave» el anuncio de Guardiola. Unas horas antes, otra asociación en defensa del medioambiente, Fondenex –presidida por Francisco Blanco, que era secretario general de Adenex en 1990– se felicitaba por la novedad, al entender que la caza es necesaria para mantener el equilibrio en los ecosistemas.
Y en esto último está el germen de casi todo. En lo legal, el debate comienza con esa ley del año 1990. Pero en lo medioambiental, el problema surge antes. En los años sesenta, según coinciden la mayoría de quienesllevan años lidiando con la polémica.
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Hasta esa década, en Monfragüe había un número razonable de ciervos y jabalíes, gracias a la caza pero también al lobo, que ayudaba a mantener las poblaciones más o menos en su justa medida. Pero entonces desaparece esta especie mítica que ahora vuelve a rondar el mapa regional –se ha constatado su presencia en áreas de la provincia de Cáceres limítrofes con Ávila y Portugal–, y el número de ungulados y jabalíes comienza a crecer.
Francisco Castañares
Artífice de la Ley de Caza de Extremadura de 1990
Y la caza, completa Francisco Castañares, empieza a cambiar. «Detectamos que la actividad cinegética empezaba a caminar por unos derroteros que no nos gustaban», introduce el ex director general. «Cada vez más vallas cinegéticas, cotos intensivos, caza artificial, repoblaciones indiscriminadas... Empezaba a forjarse un modelo cinegético inapropiado para un parque natural. Y por eso decidimos prohibir la caza en Monfragüe y Cornalvo, aunque establecimos una salvedad: razones biológicas, científicas o técnicas. En esos casos, se podría autorizar, siempre que no fuera ni comercial ni deportiva, o sea, ni por dinero ni por ocio».
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Entre 1991 y 1997, no se oyó un tiro en la joya de la corona de la Naturaleza extremeña, furtivos aparte. «Pero tras esos seis años sin actividad cinegética –retrocede Castañares, que fue director general hasta 1994–, pasó lo que tenía que pasar: que se generó una superpoblación que hacía mucho daño al suelo y a la vegetación, sobre todo en las zonas en las que se concentraban grandes cantidades de cérvidos. Había tantos que en algunos sitios, se comían el monte antes de que brotara y lo tenían pelado».
18.396 Hectáreas
Es la superficie del parque nacional. Le rodean otras 30.767 en las que abundan los cotos de caza y negocios ganaderos
En esta situación, la Junta decide en 1997 autorizar las batidas como método de control poblacional, un sistema que se mantuvo hasta el año 2021. La teoría dice que en esas casi dos décadas y media, en el parque solo se celebraron acciones de control poblacional. Pero el Defensor del Pueblo aseguró en un informe del año 2020 que eso era un eufemismo, porque lo que en realidad se organizaban eran «monterías encubiertas». Venía así a dar la razón a colectivos ecologistas que llevaban años denunciando estas prácticas, y en particular a Ecologistas Extremadura, que fue quien llevó al tema al Defensor. A raíz de esa denuncia, la oficina dirigida entonces por el cacereño Francisco Fernández Marugán elaboró un informe sobre la caza en Monfragüe plagado de críticas a la Junta. Entre otras: omisiones y deficiencias varias, además de lentitud en aprobar documentos básicos y también en atender sus requerimientos.
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Esa investigación del Defensor del Pueblo incluye un dato ilustrativo: entre los años 2003 y 2019, la Junta autorizó 217 acciones en el parque nacional, lo que equivale a una media de trece al año, una cantidad que deja claro que no se trata de una herramienta de uso excepcional, que es lo que fija la ley.
En el año 2021, el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara opta por cambiar de modelo, e instaura uno basado en capturar animales en jaulas o cercones (recintos cerrados, usualmente de en torno a una hectárea). Los animales son atraídos con comida, y una vez atrapados, se les dispara con bala cautiva (el arma tiene un pistón que daña el cerebro).
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El cambio no le gustó al PSOE de Cáceres, que públicamente pidió que se mantuviera la caza en el parque, por ser «un motor de desarrollo para los pueblos de la zona», y acusó al director general de Sostenibilidad de «romper la paz social con decisiones precipitadas y sin escuchar al territorio. En contraste, el PSOE extremeño expresó esta semana sus dudas sobre la legalidad del regreso de la actividad cinegética al espacio natural, en sustitución de ese modelo de jaulas y cercones que según los cazadores y otros colectivos es mucho más indigno para el animal que morir de un tiro de escopeta, y que en cualquier caso, tiene los días contados. Porque en octubre volverá la caza a Monfragüe, aunque solo a fincas públicas y de la mano de sociedades locales que no podrán usar perros.
Lo anunció el pasado domingo María Guardiola. Al día siguiente, Vox, con quien tiene firmado un pacto de legislatura, reclamó la medida como propia. «Prescindiendo de quién la haya anunciado, la hemos propiciado nosotros, no cabe la menor duda», declaró Pelayo Gordillo, líder del partido verde. Y el martes, la consejera de Gestión forestal y mundo rural (de Vox) pidió que la medida incluyera también a las fincas privadas. Al día siguiente, su compañera Mercedes Morán, consejera de Agricultura, reiteró que solo habrá batidas en propiedades públicas.
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No es la ultraderecha la única que quiere que vuelva a dispararse en todo el parque. Entre quienes apoyan el regreso de la caza a Monfragüe hay un consenso casi unánime en cuanto a la necesidad de realizar batidas allí donde sobran ciervos y jabalíes, independientemente de quién sea el dueño del terreno.
«Los animales no entienden de propiedades, debe cazarse allí donde los técnicos digan que hace falta para frenar la superpoblación, que se da sobre todo en las solanas del sur y en las umbrías del norte», apunta Francisco Castañares. «El problema se da lo mismo en fincas públicas que en privadas», coincide Ángel Rodríguez, que distingue entre la situación de los ciervos y la de los jabalíes. Lo de estos últimos «es un problemón, porque hay muchos y la incidencia de la tuberculosis es muy alta. Se comen los conejos y perdices que necesitan linces y águilas, transmiten la enfermedad al ganado... Contra los jabalíes hay que actuar todo lo que se pueda y cuanto antes», prlpone el exdirector del parque.
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564 Jabalíes
Número de individuos que el plan de acción selectiva 2022/23 mandaba matar para frenar la superpoblación. También lo ordenaba con 418 ciervos. Se sacrificaron 524 (el 93%) y 260 (62%), respectivamente.
«Lo de los ciervos es otra historia –sigue–. Lo primero que echo en falta es un estudio actualizado de cuántos hay. En 2008 se hizo uno muy bueno que determinó que había una barbaridad. Y en 2012 se hizo otro que dijo que había de más aunque ya no tantos, pero hay que actualizar esos datos. Eso sí, haciéndolo bien, no encargándolos para tenerlos 15 días después».
Él, que tiene Monfragüe en la cabeza, explica que «en la zona que visita la gente no hay exceso de ciervos, y si lo hubiera un poco tampoco pasaría nada». «En los extremos del parque sí que el problema de superpoblación es mayor», concreta Rodríguez, que le ha dedicado la vida a ese paisaje que de niño fue su patio de recreo y de adulto su oficina. Él no es cazador, pero su experiencia y el conocimiento del lugar le llevan a afirmar que «después de tres años sin cazar, es muy probable que la superpoblación haya aumentado».
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