La central de Almaraz fija el primer trimestre de 2025 como el límite para revertir su cierre

Un nuevo paso al frente que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca del futuro de la nuclear extremeña mientras que el punto de no retorno se acerca. Desde la central de Almaraz insisten en que la planta «está perfectamente preparada continuar funcionando durante muchos años más». Eso sí, al mismo tiempo advierten que cada vez queda menos margen si se opta por prolongar su vida útil más allá de 2028. «Nosotros hemos planteado que la fecha tope es el primer trimestre de 2025 para poder hacer las cosas de forma ordenada», exponen fuentes de la central.

Revertir el plan de cierre una vez superado ese límite complicaría la continuidad de la producción de energía sin interrupciones. «Probablemente hubiera que dejar parada la planta un tiempo», aportan los responsables de las instalaciones, que apuntan a cuestiones organizativas internas, como las relacionadas con la plantilla, el origen de los problemas si la hipotética decisión de continuar con la actividad se retrasa.

Por el momento, como ya han confirmado sus responsables en varias ocasiones, en la central se está trabajando pensando en los dos posibles escenarios: el del apagado paulatino de las dos unidades en 2027 y en 2028 y el de la prórroga para la actividad.

Por un lado, desde hace unos meses en la empresa hay un departamento dedicado a la transición de activos, ya que la propiedad de la planta debe pasar de sus actuales dueñas –Iberdrola, Endesa y Naturgy– a Enresa, que será la encargada del desmantelamiento.

Pero al mismo tiempo, las eléctricas mantienen una inversión de unos 40 millones de euros anuales en las instalaciones, ya que son necesarias actualizaciones constantes, para poder continuar con la actividad. «Nuestro compromiso es seguir operando la planta con los mayores estándares de calidad y de seguridad», confirman desde la propia central.

No especifican, sin embargo, qué inversión será necesaria en caso de que se reviertan los planes de cierre. Lo primero, en ese caso, sería solicitar la continuidad al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que podría pedir una serie de inversiones asociadas en función del periodo por el que se permita el mantenimiento de la actividad de la central.

En cuanto a la prórroga, en caso de aplicarse, tampoco existe un lapso temporal concreto. «Habitualmente se conceden por diez años, pero no hay una norma exacta», indican fuentes de la planta.

En 2028, año firmado para el cierre, la nuclear extremeña sumaría 45 años en funcionamiento, ya que arrancó en 1983. Una prórroga de una década llevaría a 55 años la actividad de las instalaciones, algo perfectamente viable según sus responsables. «Estamos entre las mejores centrales del mundo, tanto es seguridad como en prevención de riesgos, y es perfectamente posible, como sucede en otros países, que la vida útil de las centrales sea de 60 años», remarcan.

Con la fecha límite en el primer trimestre de 2025 son nueve meses los que faltan para se aclare casi definitivamente el futuro de Almaraz. Un periodo de tiempo que las entidades y fuerzas políticas contrarias al cierre de la central consideran suficiente para revertir el acuerdo vigente para el cese de actividad de la energía nuclear en España o, por lo menos, para lograr una prórroga del mismo.

Las fechas de ese calendario fueron pactadas y rubricadas en 2019 por el Gobierno nacional y las empresas propietarias de las cinco centrales que permanecen activas en el país. Así, Almaraz dejaría de funcionar definitivamente en 2028 y Cofrentes (en Valencia) en 2035, lo que sería el fin de la producción de energía nuclear en España.

La central extremeña es la primera en la lista, lo que también le otorga un papel de referencia para el resto de instalaciones nucleares españolas y la primera batalla para los defensores de la continuidad de la energía nuclear.

En la modificación de ese plan tienen un papel fundamental las empresas propietarias, que tienen en su mano la posibilidad de solicitar una prórroga para la actividad nuclear. En su momento estuvieron de acuerdo con los cierres, y así lo rubricaron, pero han ido virando poco a poco de posición y en los últimos meses se han mostrado más ambiguas en su postura.

Un aspecto fundamental en la decisión de las eléctricas va a ser el impositivo. «El exceso y la redundancia de impuestos y tasas ponen en peligro la viabilidad de las centrales y del conjunto del sector», expuso Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, en una de sus últimas intervenciones al respecto. «No estamos dispuestos a asumir costes extraordinarios que no son imputables al funcionamiento del parque nuclear, sino que se derivan de cambios en el plan para la gestión de los residuos o a la falta de consenso institucional», añadió el máximo responsable de la entidad que agrupa a las empresas del sector.

Foro Nuclear lleva años solicitando una revisión del calendario de cierre del parque nuclear español en su conjunto. «España no puede ir en sentido contrario; se está quedando sola», ha dicho Araluce en repetidas intervenciones acerca de la apuesta de países como Francia o Estados Unidos, junto a otra veintena, de triplicar su potencia nuclear actual con el horizonte de 2050.

Esa postura afecta, por supuesto, a Almaraz. La asociación se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de continuar con la producción energía desde la nuclear ubicada en el noreste de la provincia de Cáceres.

Una opinión similar han hecho pública en esta misma semana –en la que se ha conocido el nuevo avance de los trámites burocráticos hacia el desmantelamiento de Almaraz– la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y de Badajoz y el Ayuntamiento de Almaraz. Este último convocó ayer una concentración en el municipio para reclamar que se mantenga la actividad en la central, y con ella los puestos de trabajo, durante más años de los previstos.

Es, precisamente, el empleo una de las mayores preocupaciones para los dirigentes políticos extremeños en relación al apagado de la nuclear de Almaraz. Son unos 2.900 puestos de trabajo los que mantiene la central, entre directos e indirectos, a los que habría que sumar otros 1.200 eventuales durante las paradas para las recargas.

En el Gobierno regional, tanto María Guardiola, presidenta de la Junta, durante el debate sobre el estado de la región celebrado esta semana, como Mercedes Morán, consejera de Desarrollo Sostenible, han sido taxativas a la hora de defender la continuidad de la actividad de la nuclear.

Por su parte, la Diputación de Cáceres, compuesta por PSOE y PP, se ha posicionado por unanimidad a favor de que la central permanezca abierta y redactará una declaración institucional de apoyo.

Desde Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, presidente provincial, que también ha respaldado la continuidad de Almaraz, ha criticado a la Junta de Extremadura por no ser capaz de convencer a las empresas propietarias para que soliciten una prórroga.