El cierre de los 364 juzgados de paz de Extremadura lleva la incertidumbre a la justicia rural

Esta nueva norma «parece atisbar el final definitivo de esta figura emblemática de la justicia en España», confirman Jordi Ortiz García y Miguel Ángel Rufo Rey, en su artículo 'El futuro de la justicia de paz en España: el caso de Extremadura'. El primero es profesor en la facultad de Derecho de la UEx y el segundo es licenciado en Derecho y Criminología e investigador.

Los dos detallan en ese informe que la comunidad autónoma tiene 364 juzgados de paz agrupados en 65 secretarías, y que esta red atiende a más de medio millón de habitantes, en concreto al 58% de la población regional. «Los jueces de paz hacen una labor de mediación poco valorada», plantea Ortiz antes de apuntar que «en la facultad de Derecho de la UEx hay muchos jóvenes que a lo mejor si les pusieran un buen sueldo, gustosamente se quedarían a trabajar en sus pueblos cumpliendo las funciones de juez de paz y algunas otras que se les añadieran y que podrían prestar por su formación».

La reforma legal que sustituye estas figuras no concreta si las oficinas que las suplirán abrirán en todos los pueblos donde a día de hoy existe un juzgado de paz, aunque Ortiz da por hecho que no será así. «Lo previsible –vaticina– es que abran allí donde hay secretarías».

En ese caso, serían 65 oficinas en vez de 364. En la actualidad, estas secretarías suelen ubicarse en la localidad más pobladas de cada agrupación de juzgados de paz, y en cada una de ellas trabaja un funcionario del Ministerio de Justicia que atiende a las localidades de la agrupación.

La mayoría de estas integran a cinco o seis pueblos, aunque las hay de catorce, como la de Hervás. Algunos de los municipios con secretarías son los siguientes: Alcántara, Garrovillas, Hoyos, Gata, Jaraíz, Losar, Jarandilla, Montánchez, Miajadas, Talayuela, Guadalupe, Nuñomoral, Almaraz o Sierra de Fuentes en Cáceres, y Alburquerque, Barcarrota, Fuente de Cantos, Guareña, Monesterio, Puebla de la Calzada, Los Santos de Maimona o Santa Amalia en Badajoz.

Los juzgados de paz se ubican allí donde no hay uno de primera instancia e instrucción, y sus titulares no pertenecen a la carrera judicial. Son elegidos por la mayoría del pleno del Ayuntamiento entre personas que se presentan voluntariamente y cumplen los requisitos, y los nombra la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Sus mandatos son de cuatro años, y cobran 1.259 euros al año los que ejercen en pueblos de hasta dos mil habitantes; 1.888 si tiene entre dos mil y cinco mil vecinos; 2.517 hasta siete mil residentes; 3.775 hasta quince mil; y 5.033 para localidades que superan los quince mil empadronados.

El año pasado, los 364 juzgados de paz extremeños ingresaron 11.248 asuntos civiles y 17.072 penales, un 134% y un 78% menos, respectivamente, que hace una década. Estas cifras dan una idea de hasta qué punto han ido perdiendo funciones en los últimos años, en particular desde la reforma del Código Penal y la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El perfil de estos jueces rurales ha ido cambiando en los últimos tiempos. Históricamente, ejercía esta función algún vecino con buena reputación, que desempeñaba un rol que recuerda al del sabio o el 'hombre bueno', que de hecho están en la raíz histórica de esta figura. Últimamente es más habitual que la desempeñe gente joven y formada, en particular titulados en Derecho.

Según el estudio de Ortiz y Rufo, que visitaron 12 juzgados de paz cacereños e hicieron entrevistas presenciales cuyos datos procesaron luego con un software específico, la mayoría de estos jueces no sabe que su figura va a desaparecer.

Entre las funciones más habituales de estos vecinos figuran «el auxilio a otros órganos judiciales, las conciliaciones preventivas y los juicios verbales por una cuantía inferior a 90 euros, todo esto en el ámbito civil, y en el penal, las conciliaciones preventivas y las diligencias de prevención».

«Además –siguen Ortiz y Rufo–, son miembros de las juntas electorales de zona, por lo que les corresponde la custodia y entrega de la documentación relativa a comicios. Por último, y tal vez lo más importante, sobre todo en el medio rural, la mediación vecinal, una labor oculta y poco gratificante pero que ha permitido durante años resolver numerosos conflictos que pudieran haber tenido un recorrido mayor en el ámbito judicial». De hecho, los autores mantienen que «estos juzgados han sido una institución de control del delito tan importante como la propia policía, el vecindario en las zonas rurales o la seguridad privada».

El profesor y el investigador de la UEx creen que «la desaparición de los juzgados de paz será con casi toda seguridad tediosa y tardía». En su opinión, la puesta en marcha de las oficinas de justicia municipales debería hacerse acompañada de una norma para su desarrollo que especificara cuestiones tan concretas como el personal requerido, los recursos materiales necesarios o una delimitación detallada de sus funciones. Y abogan por no dejar todo esto en manos de los ayuntamientos, como plantea el proyecto de ley orgánica.

En su opinión, debería ser el Estado quien asumiera estos gastos. O las diputaciones provinciales. «La precaria situación de los gobiernos locales y su falta de personal –argumentan– han limitado siempre el buen hacer de estas figuras judiciales, por lo que podríamos caer en el mismo error, en el caso de no cambiar estas políticas».