Las colonias penitenciarias de Montijo: 20 años de reivindicación

La solicitud fue enviada el pasado marzo a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, acompañada de un informe justificativo que entre otras cuestiones, argumenta que es la única de las seis colonias de este tipo que hubo en España tras la Guerra Civil de la que se conservan restos, aunque en mal estado. «Está sin señalizar ni proteger ni nada», lamenta el historiador Ángel Olmedo, coautor del informe junto al profesor e investigador Chema Álvarez.

«Las colonias penitenciarias –sitúa el experto– es un eufemismo para disfrazar lo que fueron campos de concentración franquistas». La explicación histórica, las características del lugar y la necesidad de protegerlo ya se expusieron en su día ante la Asamblea de Extremadura, que en octubre del año 2016 aprobó una propuesta de Podemos que apoyó el PSOE, y en enero de 2017 una socialista avalada por Podemos. Esta última instaba al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a señalizar el lugar y colocar en él una placa en recuerdo de los 1.470 presos que entre 1939 y 1946 pasaron por él, el 29% de ellos andaluces, el 20% extremeños, el 12% catalanes y el resto de otros lugares de España, según detalla la investigación de Olmedo y Álvarez.

En ella se explica que al término del conflicto bélico, la dictadura creó el Servicio de colonias penitenciarias militarizadas, «principalmente con el objetivo de usar mano de obra barata, que eran los presos políticos del momento, para construir canales y presas». La vía para materializarlo fue crear seis agrupaciones de colonias repartidas por el país, una de ellas a las afueras de Montijo, en una finca en el paraje de La Majadilla por la que el Gobierno de Franco pagó 20.500 pesetas. El campamento principal se levantó en Montijo, «y hubo pabellones en Lácara (frente a Torremayor) y La Garrovilla».

«En su origen –detalla el informe remitido al Ministerio de la Presidencia–, el campamento principal incluía varios barracones para presos con literas de tres pisos y techos de uralita, un edificio de intendencia, el cuartel militar, un puesto para los funcionarios de prisiones, una capilla, almacenes, un economato, pabellón de cocina, panadería, vaquería, taller mecánico y parque de ingenieros». «Los presos –continúa el informe– vivían en condiciones de desarraigo, lejos de sus lugares de residencia y en condiciones infrahumanas, hacinados y subalimentados». El perímetro del recinto estaba cerrado con una doble alambrada de espinos sin fosos y había garitas de vigilancia.

Los familiares de los presos tenían prohibida la entrada al recinto, especifica el informa, que añade que esto motivó que algunos de ellos se establecieran en las proximidades, dando lugar al nacimiento de un poblado, el de los Chozos, formada por infraviviendas. De esas chabolas no queda hoy más que algunos suelos y cimientos, y el lugar es principalmente un vertedero. Cuando algunos de esos presos fueron liberados, ellos y sus familias se quedaron a vivir en Montijo, donde siguen residiendo sus descendientes. «Ya hay hasta cuartas generaciones», aseguran los investigadores de la ARMHEX.

En cuanto al campamento principal, en la actualidad «las instalaciones son propiedad privada, para una explotación ganadera que ha reacondicionado las instalaciones iniciales y cuyo estado de conservación es lamentable», afirman Olmedo y Álvarez. «Se mantienen en pie –concretan– parte de la Casa del Comandante, el depósito, el cerramiento y un barracón en estado precario de conservación».

Lo que ahora solicita la asociación es que las colonias sean declaradas BIC en la categoría de lugar de memoria democrática, como se ha hecho en Andalucía con el 'Canal de los presos' (el del Bajo Guadalquivir), que además se ha señalizado pese a que ya no quedan restos del campamento. Argumenta la solicitud de la ARMHEX que lo que hay en Montijo es «un espacio con un evidente interés para el Estado, al haberse desarrollado en él hechos de singular relevancia» ocurridos durante el periodo de vigencia de la Ley de Memoria Democrática.

La asociación regional ya solicitó a la Junta la declaración de BIC en la categoría de sitio histórico en el año 2010, petición que reiteró en el año 2016, sin que ni una ni otra, asegura, hayan obtenido respuesta. Antes aún, en el año 2002, el grupo municipal de IU en Montijo propuso al pleno municipal erigir en el lugar «un memorial contra la intolerancia y el totalitarismo». Y en 2016 volvió a llevar el asunto al pleno.

El informe que Presidencia del Gobierno tiene en su mesa recoge que «son innumerables los escritos y peticiones presentados a la Junta en estos años».