Comienza el arreglo de la casa en ruinas que hizo dimitir al alcalde de Alburquerque

«Consolidación de edificio en la calle Silveros de Alburquerque». Esa es la leyenda que figura en el panel que anuncia una reforma que se aceleró después de que un juzgado amenazase con multar al alcalde si no impulsaba la obra que venía reclamando esta vecina.

La lucha judicial ha sido larga, demasiado. Pero la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó finalmente que la «infinita paciencia» de esta vecina debía ser compensada de algún modo, razón por la que determinó en febrero de 2021 la conveniencia de imponer a la entonces alcaldesa de Alburquerque, María Luisa Murillo, una multa de 1.000 euros si en el plazo de seis meses no se llevaba a cabo la obra, sanción que se reiteraría con 1.000 euros más por cada 20 días transcurridos hasta conseguir que la actuación se pusiese en marcha.

Aquel fallo inicial llenó de esperanza a María José Bargón, pero comenzaron a pasar los meses sin que la obra arrancase, razón por la que su abogado, Julio Valiente, solicitó la ejecución de la sentencia. Eso hizo que en febrero de 2022 fuese dictado un nuevo auto en el que se multaba con 1.000 euros a la alcaldesa. Además, el juzgado pedía a la Fiscalía que investigase si había cometido un delito de desobediencia.

Esa era la situación cuando en mayo de 2022 hubo un cambio en la alcaldía de Alburquerque al prosperar la moción de censura impulsada por los cuatro concejales del partido Independientes por Alburquerque (Ipal) y los tres concejales del PSOE. Manuel Gutiérrez se convirtió en alcalde, pero apenas estuvo unos meses al frente de ese gobierno porque en enero de 2023 presentó su renuncia.

Su marcha estuvo motivada por la imposibilidad de hacer frente a la multa de 1.000 euros que le impuso el juzgado por no llevar a cabo la reparación.

Su grupo de gobierno mostró un enorme malestar al comprobar que era el nuevo alcalde, ajeno a ese conflicto, el que debía hacer frente con su patrimonio personal a una multa que iría subiendo en 1.000 euros más por cada período de 20 días.

Tras la marcha de Gutiérrez la alcaldía volvió a manos del PSOE, esta vez en la persona de Juan Carlos Prieto, quien se libró de la multa porque días después de la dimisión del anterior regidor la Diputación de Badajoz anunció que concedería una subvención de 40.000 euros al Ayuntamiento de Alburquerque para que pudiera afrontar esa obra.

El anuncio de esa subvención provocó la dimisión del concejal socialista Jesús Martín Chaves, pues entendía que ese anuncio se debería haber realizado con anterioridad.

A esa crítica respondió el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Dijo que la institución provincial había «echado una mano» al Ayuntamiento de Alburquerque «en todo momento» y que había concedido esa ayuda tan pronto como se le solicitó el 7 de febrero de 2023, apenas dos semanas después de que dimitiese Gutiérrez.

La Diputación explicó que la ayuda era posible porque existía un convenio en materia de ruina para la conservación de inmuebles suscrito con más de 150 municipios, entre ellos Alburquerque. A través de este convenio, la Diputación contrata y ejecuta ese tipo de obras y después, a través del Organismo Autónomo de Recaudación, reclama su coste a los propietarios de la vivienda ruinosa.

Con el anuncio de esa subvención el nuevo alcalde socialista eludió la multa, aunque solo pudo ocupar ese cargo hasta las elecciones de mayo, en las que el partido Ipal recuperó el poder con mayoría absoluta, lo que permitió el regreso de Gutiérrez. Pero tampoco él ha sido multado desde su regreso y es ahora cuando la Diputación ha puesto en marcha una obra que finalmente tendrá un coste de 84.166,89 euros, más del doble del dinero que ofreció la institución provincial.

Durante los dos años que han transcurrido desde que se dictó la primera sentencia, María José Bargón siempre ha permanecido en un segundo plano. Pero la colocación del cartel le ha hecho recuperar la esperanza y ahora confía en poder utilizar su vivienda de forma segura en seis meses.

«Al final ha sido la multa que afecta al bolsillo del alcalde la que ha desatascado este caso», incide Julio Valiente, su letrado, quien aclara que la multa que han pagado los alcaldes no ha ido al bolsillo de su representada, sino que se queda en manos del juzgado por marcarlo así la ley.