Condenan por denuncia falsa a una mujer que inventó amenazas de su expareja

Él tiene más de treinta denuncias en tres años que han ido siendo archivadas al no haber pruebas. Sin embargo, debido a la reiteración de acusaciones, en cinco de ellas el juez ha decidido investigar más a fondo por si hubiera delito por parte de la mujer, lo que en el ámbito jurídico se denomina deducir testimonio.

Tras indagar en una de estas cinco deducciones de testimonio la condena por denuncia falsa que ya es firme se debe a unos hechos ocurridos el 20 de febrero de 2020, cuando ella telefoneó al policía asignado para el seguimiento de la medida de alejamiento que pesaba sobre él. Le manifestó que su expareja se había dirigido a ella durante un encuentro casual en un supermercado de Ronda Norte y que él le dijo «que iba a acabar muerta». Luego «siendo consciente de la falta de veracidad», denunció en comisaría que esa supuesta amenaza no ocurrió en el supermercado sino en la confluencia de la avenida Manuel Rojas con la calle Bilbao, cuando estaba detenida en su coche y el denunciado golpeó la parte trasera del vehículo.

Todo ello se investigó y dio pie a un auto el 18 de mayo de 2020 que archivó la denuncia «ante la falta de realidad de los hechos», una resolución que luego fue confirmada en la Audiencia Provincial, que desestimó el recurso de Yolanda B. Al final, la acusada mostró conformidad ante el delito de acusación y denuncia falsa con la atenuante de arrebato y obcecación. La pena ha sido de seis meses de multa a razón de cuatro euros diarios y las costas procesales.

Pero antes de esta condena, el agraviado y su entorno han padecido una cascada de denuncias, más de treinta que han ido siendo archivadas, desde que se divorciaron en 2019 a los tres años de matrimonio y él pidió la custodia compartida del hijo que tienen en común.

Hay que decir que en este vaivén judicial, que empezó con ella recusando al juez de violencia de género, él también ha sido condenado. Fue al principio, cuando en septiembre de 2019, nada más divorciarse, ella pidió una orden de alejamiento alegando que sentía miedo. Se la concedieron, se estableció en 500 metros y él, cuando su exmujer incumplió una medida de visitas del menor, se interpuso ante ella, lo que le valió una condena.

La primera denuncia que puso su expareja contra Miguel que fue archivada es del 11 de noviembre de 2019 por un supuesto quebrantamiento de condena; la siguiente, por el mismo motivo, fue archivada apenas dos meses después, el 17 de enero de 2020.

Al ver que su situación empezaba a complicarse y tenía que probar dónde estaba para defenderse de las acusaciones, Miguel V. pidió que el juzgado le colocara una pulsera para ser geolocalizado. Los jueces le dijeron que no procedía, pero él ha aportado su propio geolocalizador, así como imágenes de un sistema de cámaras que ha instalado en su domicilio para probar cuándo entra y sale de su casa, imágenes usadas en la instrucción de varias denuncias contra él que han acabado archivadas al demostrarse que no estaba donde ella decía.

Por otro lado, Miguel Ángel V. es trabajador de Correos y solicitó cambiar de área para modificar su ruta laboral ante el «acecho constante» de ella para que infrinja la medida de alejamiento, tal y como consta en un auto del 25 de marzo de 2021.

Otra práctica habitual de la denunciante ha sido no comparecer a las vistas orales o provocar la suspensión de juicios, lo que Miguel V. entiende como una estrategia de desgaste hacia su persona y también para que hubiera siempre un procedimiento abierto y evitar la revisión de custodia sobre el menor que él ha pedido.

Un auto de 26 de octubre de 2021, dice textualmente: «La denunciante suele no comparecer a los juicios señalados como consecuencia de sus propias denuncias, por lo que está viviendo un calvario al verse envuelto en innumerables procedimientos judiciales, la mayoría de ellos archivados y que los que no se archivan tienen su causa en dichas voluntarias e injustificadas incomparecencias de la denunciante».

Según dice, en los juzgados ya lo conocen y acude en libertad, cuando lo habitual en los casos de violencia género es quedar detenido hasta que se presta testimonio ante el juez.

Dice Miguel V. que tener que acudir una y otra vez al juzgado a defenderse ha afectado gravemente a su vida, a la de su madre, y lo que más le duele, a la de su hijo, que en enero cumplirá 11 años y que un par de años antes sufrió un episodio de intoxicación con hachís en el que ella intentó incriminarle a él sin conseguir aportar pruebas. En uno de los autos, fechado el 20 de abril de 2021 y referente a un presunto quebrantamiento de condena y medida cautelar, se habla de que ella «involucra a sus hijos en amenazas inexistentes o proponiendo falsos testigos».

Y en un auto del 27 de junio de 2022 se archiva una denuncia sobre agresiones al menor cuando la madre relata que «su padre le había dado un tortazo y un golpe en la cabeza tirándolo al suelo donde la abuela lo arrastró y siguió propinándole golpes». Las doctoras declararon que esos hematomas tenían más de una semana –«difícilmente causados el día anterior»– y eran poco compatibles con una agresión tan brutal como la que verbalizó el niño en Urgencias y que «era la madre quien le indicaba al niño lo que tenía que decir», además de señalar la doctora que la madre «estaba muy nerviosa llorando, sin embargo el niño estaba contento, no lloraba ni estaba asustado, lo que llamó la atención de la doctora».

Miguel tiene sobre su mesa una pila de autos con material suficiente para una película. En toda la literatura judicial que ha generado la pareja no solo aparecen ellos dos sino la actual pareja de él, su madre y hasta la vecina, así como personal del colegio en cuyo comedor trabajó ella como monitora y estudia el menor, y con el que también ha litigado Yolanda B.