El Congreso aprueba la propuesta del PP de alargar la vida de las centrales nucleares

El PSOE ha votado en contra de esta propuesta. César Ramos, diputado socialista por la provincia de Cáceres en el Congreso, ha explicado a través de sus redes sociales el motivo por el que ha emitido un voto negativo en contra de la iniciativa presentada por los populares. «El PP pedía que los españoles paguemos los costes de gestión de los residuos de las nucleares mientras sus empresas obtuvieran en 2024 beneficios que se acercaban a los 10.000 millones de euros. Hay que tener mucha cara», ha señalado.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reaccionado a esta Proposición No de Ley que ha salido adelante en la Cámara Baja y ha afeado su postura a los diputados extremeños que han votado en contra de ella, criticando que no apoyen la prolongación de la vida útil de las nucleares españolas, cuyo cierre está previsto entre 2027 y 2035. Según el calendario de cierre fijado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la primera central en cesar en su funcionamiento sería la de Almaraz, en Cáceres.

La propuesta pronuclear exige concretamente al Gobierno que amplíe la vida útil de las centrales existentes en nuestro país, entre ella la de Almaraz, atendiendo a criterios técnicos y económicos. «Sale adelante la iniciativa para alargar la vida útil de la nuclear de Almaraz. Seguimos luchando con razones científicas, económicas y de sostenibilidad. A los diputados extremeños que votaron en contra: no os molestéis en dar explicaciones. Queda claro qué intereses defendéis», ha manifestado la presidenta extremeña.

Ya el martes, durante el debate de la PNL, Junts -la formación que lidera Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica)- dejó en el aire un posible apoyo. Su diputada Pilar Calvo dejó el martes, durante el debate de la PNL, abierta la puerta a apoyar la iniciativa popular. En esta situación, la aritmética parlamentaria propició que saliera adelante la proposición, que supone una derrota en el Congreso para el Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez pero que no tiene consecuencias directas, ya que la PNL es no vinculante. Es decir, la situación de Almaraz no cambia y el calendario de cierre sigue vigente. Otra cuestión son las lecturas políticas que puedan derivarse de este triunfo del PNL y las posibles derivadas que pueda tener en el equilibrio de alianzas y pactos entre el PSOE y los nacionalistas catalanes.

La proposición se refiere al acuerdo que firmaron en el año 2019 Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.) y las empresas propietarias de los siete reactores operativos en este momento. El primero en apagarse será el uno de Almaraz, que lo hará en noviembre del año 2027, y le seguirá el dos, que lo hará un año menos un día después. En el año 2030 lo harán Cofrentes (Valencia) y uno de los dos reactores de Ascó (Tarragona); en 2032 el otro reactor de Ascó; y por último, en el año 2035 bajarán la persiana definitivamente Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara).

La PNL del PP solicita que estas plantas siguieran operando, y también que el Gobierno «facilite la sostenibilidad económica de las instalaciones nucleares», además de «promover un diálogo comprometido con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas que se verían afectadas por los cierres, así como con los diversos sectores económicos que también sufrirían su impacto». También «solicitar informes a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) y al operador del sistema eléctrico Red Eléctrica Española en los que evalúe el impacto económico del cierre nuclear programado».

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso registró una enmienda a esa proposición no de ley. En ella, pedía «cancelar el calendario de cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares españolas» y eliminar o rebajar los impuestos que gravan la generación de energía nuclear. En concreto, planteaba esa enmienda eliminar la denominada 'tasa Enresa' y el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, «por su impacto directo en el precio de la electricidad para las familias y la industria». También proponía Vox «impulsar los mecanismos oportunos para eliminar la fiscalidad especial impuesta por las administraciones territoriales sobre la producción de energía nuclear».

Esto último se refiere, en el caso extremeño, a la conocida como ecotasa con la que la Junta grava a la central de Almaraz, y que según la propia planta supone 82 millones de euros al año, del total de un centenar que deja en impuestos anualmente en la región, entre los citados 82 de la ecotasa y los que abona a los ayuntamientos del entorno de la instalación.

Durante el debate de la PNL este martes, la diputada de Junts Pilar Calvo dijo que «no estamos aquí para decir nucleares sí o nucleares no, sino para reconocer que sin las nucleares, no podemos mantener nuestro consumo energético». Además, pidió «garantías» al Gobierno de que Cataluña tendrá alternativas cuando se produzca el desmantelamiento de estas instalaciones. «Si cierran las nucleares en Cataluña, pasaremos a depender de Francia o de Aragón y perderemos nuestra soberanía energética», alegó Calvo, que no obstante, también dejó claro que su formación no apoya alargar el uso de este tipo de energía indefinidamente.