El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto de la Junta de Extremadura ... que obliga a que el litio que se extraiga en la región, también sea tratado en ella. El órgano de garantías explica que «el Tribunal, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución (la capacidad para impugnar resoluciones de las comunidades autónomas), ha acordado suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados (los artículos 2, 3 y 4 del citado decreto)». «El Gobierno en su recurso -sigue el Constitucional- argumenta que la norma podría vulnerar la delimitación de competencias en materia de aprovechamiento del dominio público minero, al infringir el art.149.1.25ª CE («bases de régimen minero»), en relación con el art. 73.1 de la Ley 22/1973, de 22 de julio, de Minas«.
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El decreto ley regional al que se opone el Gobierno central es el 5/2022 de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura, el conocido como decreto del litio. Los fundamentos jurídicos en los que se basa el recurso del Gobierno central aceptado a trámite por el Constitucional son, entre otros, la incompatibilidad con la configuración constitucional del dominio natural minero. Según esta, se configura como dominio público y, dentro del dominio público, como dominio público natural, que pertenece en todo caso al Estado, formando parte de la riqueza nacional.
Por este motivo, «la supeditación de su riqueza al territorio autonómico implica quiebra de las competencias estatales en materia de igualdad, legislación civil y bases en materia minera y energética».
La Comisión Bilateral de Cooperación que ya publicó HOY, en el seno del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no ha alcanzado ningún acuerdo sobre la citada norma, pese a las diferentes propuestas planteadas por la ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez García, a la consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura en funciones, Pilar Blanco-Morales Limones.
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