El Tribunal Constitucional decide la próxima semana las impugnaciones de la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó demoler por completo las construcciones de la Isla de Valdecañas, el complejo urbanístico situado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de ... Cáceres.
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El TC se pronunciará sobre el fondo de los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los dos ayuntamientos cacereños afectados, y la comunidad de propietarios del complejo urbanístico.
Hay que recordar que los recursos se dirigen contra la sentencia del Supremo que dio la razón a Ecologistas en Acción, que ordenó demoler todas las construcciones.
Con división de posturas entre sus magistardos, en noviembre, el TC admitió entrar a conocer del asunto y admitió a trámite los recursos de amparo planteados por los dueños, los dos ayuntamientos y la propia Junta contra la sentencia del Supremo.
En marzo, la Fiscalía del Tribunal Constitucional se pronunció a favor de derribar el resort. El Ministerio Público dejó patente su postura favorable a echar abajo el complejo. Se oponía a los argumentos defendidos por la Junta para mantener las construcciones de lujo junto al embalse cacereño.
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Hay que recordar que la primera resolución en este largo litigio judicial se remonta a 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló la decisión que daba el visto bueno del proyecto adoptada por el Ejecutivo regional y ordenó devolver los terrenos a la situación previa.
El Supremo confirmó estas resoluciones tres años después, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el TSJEx declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.
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El alto tribunal, estimando el recurso de los ecologistas, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.
Recientemente, la Junta dio los primeros pasos para el derribo, pero centrándose sólo en la parte que quedó a medias. En cualquier caso, aún será necesario esperar más de un año para ver las primeras máquinas en la urbanización.
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