No hay crimen perfecto

Frente a quienes tienen visiones catastrofistas y opinan que España no tiene remedio porque la política está corrompida, mantengo la opinión de que la democracia española, mal que bien, todavía funciona. Admito que esta afirmación pueda verse como una ingenuidad, hasta como una necedad. La avalancha de casos de corrupción ha sido tal que es difícil no llegar a la conclusión de que el Estado está podrido de arriba abajo. El recuento de escándalos que han acabado con políticos en la cárcel es interminable: Gürtel, Púnica, Noos, Palma Arena, Pujol, ERE, Bárcenas, Palau, Pokemon, Malaya, Lezo, Campeón... Añadan ustedes los que le vengan a la memoria, que serán unos cuantos más.

A mí no me preocupa que haya muchos, siempre que se investiguen. Lo que resultaría sospechoso es que no hubiera ninguno sabiendo como sabemos que el poder corrompe.

El hecho que demuestra que la corrupción no es tan absoluta, y en el que se asienta mi confianza, es que todos los casos han acabado por ser destapados e investigados por la Justicia. Probablemente sus protagonistas compartían la convicción de que eran impunes; que sus manejos destinados a enriquecerse, o no eran delito, o nunca se iban a descubrir. Quienes guardaban, o todavía guardan, cuentas en Suiza o propiedades a nombre de testaferros estaban seguros de que habían cometido el crimen perfecto. Algo que todos sabemos que raramente existe. Siempre hay un socio que habla, el Marjaliza de turno; una pareja despechada que desvela documentos; un exceso de confianza que dan al traste con la operación perfectamente diseñada para enriquecerse a costa del dinero público. Y voilà, la información comprometedora llega a un juez y la maquinaria de la justicia se pone en marcha. Y no para. A veces pasan muchos años antes de que eso ocurra. Pero ocurre.

A la hora de criticar a esa justicia lenta y, según los más pesimistas, más comprensiva para ricos que para pobres, no olvidemos que se ha llevado por delante a gente muy principal, sin importarle que se hubiera sentado en el Consejo de Ministros o en el FMI o que perteneciera a la Casa Real o a la Casa Targarian. Es complicado sostener que en España la corrupción no se castiga cuando, hoy, 7 de abril de 2019, están entre rejas un cuñado del Rey y un exvicepresidente del Gobierno. Y las sentencias que les han llevado a la cárcel las han dictado magistrados como Marchena, que lleva semanas dirigiendo con tino uno de los juicios más importantes de la etapa democrática, el que juzga a los líderes del procés.

El último caso de corrupción conocido por ahora, mañana quizá salte otro, ha sido el que afecta a la llamada 'brigada patriótica', una operación diseñada presuntamente para desacreditar a Pablo Iglesias y Podemos con la filtración de información robada e incluso con la elaboración de pruebas incriminatorias falsas.

El escándalo está servido. A medida que avance la investigación de la Audiencia Nacional se comprobará si las sospechas que apuntan a la antigua cúpula de Interior liderada por Jorge Fernández Díaz se confirman.

Un asunto grave, ciertamente. Quizá no el mayor escándalo de la democracia, como clama Iglesias, pero sí grave. El hecho de que el afectado sea el líder de Podemos y de que la investigación pudiera favorecerle electoralmente parece haber desanimado a los principales partidos a la hora de condenar las actuaciones presuntamente delictivas. Casado no hace sangre porque la investigación apunta a antiguos cargos de su partido. Y Pedro Sánchez anda con pies de plomo porque está implicada la Policía (al menos algunos policías), y no quiere pisar callos en una institución clave que ahora depende de Grande Marlaska. El cariz que está tomando la investigación, con la dimisión incluso de un alto cargo de Moncloa al que le han salpicado sus contactos con Villarejo, pone en evidencia lo embrollado del asunto. Que actúen los jueces y ya se verá, parece ser la consigna a la que se han acogido los partidos.

A la postre será la justicia la que acabe por desenredar otro caso más de corrupción, sea esta policial, política o las dos cosas. Y caben pocas dudas de que si hay materia punible habrá condenas. Sea quien sea el perjudicado. En España, ni existe el crimen perfecto ni existe el acusado impune.