La muerte del contrabandista de Albalá

En 1965, cuando el cacereño José María Crespo tenía 39 años, fue nombrado juez especial instructor para descubrir quién había matado en la provincia de Badajoz, al General Humberto Delgado, conocido con 'El General sin miedo', y a su secretaria. Sus cuerpos habían aparecido rociados con ácido y cal. Crespo tuvo que esquivar los manejos de dos dictaduras: la de Salazar y la de Franco, incluidas las amenazas, para descubrir que el general que quería implantar la democracia en Portugal, había sido asesinado por determinados agentes de la PIDE (la policía política de la dictadura salazarista).

Luego fue nombrado juez de instrucción de Cáceres, y en 1967 se atrevió a investigar un supuesto crimen que había pasado hacía 10 años en Albalá, entonces llamado Albalá del Caudillo. Un suceso del que en esa localidad cercana a Montánchez se hablaba a escondidas, ya que la víctima era un hombre de izquierdas, un contrabandista, y el máximo sospechoso era una persona con mucho peso en Albalá en la época del franquismo.

El supuesto crimen había ocurrido en las fiestas de San Joaquín de Albalá, a mediados del mes de agosto de 1957. En una taberna de la localidad discutió Joaquín A. P., alías 'El Piporro', y otro vecinos del pueblo, uno de ellos considerado uno de los hombres más poderosos de Albalá.

Salieron a las doce de la noche de la taberna. Al día siguiente el hombre influyente tenía tres heridas leves en el pecho, pero no quiso decir a nadie quién le había agredido.

'El Piporro' no aparecía. A los diez días de la discusión en la taberna, fue encontrado su cadáver en el interior de un pozo, a unos dos kilómetros de la taberna. El cuerpo estaba descompuesto. Tenía tal fama el fallecido que se le negó el ser enterrado 'en sagrado'. Su mujer y sus hijos se fueron del pueblo. Emigraron a Francia.

Había sospechas de un posible crimen, pero no se investigó hasta que diez años después de lo ocurrido, en 1967, el principal sospechoso recibió un anónimo en el que se le indicaba que o bien pagaba 50.000 pesetas o se le iba a acusar del asesinato de 'El Piporro'.

El extorsionado lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, y se dio con la persona que había enviado el anónimo: una mujer que residía en Madrid.

Fue entonces cuando el juez instructor de Cáceres, José María Crespo, empezó a investigar con la ayuda de los inspectores Polo, Manzano y Blázquez, los tres de la Brigada de Investigación Criminal de Cáceres. Era el mes de octubre de 1967.

Después de hacer investigaciones en Madrid y Córdoba, con la ayuda de la Interpol se logró detener a un sospechoso que se había ido a Alemania.

Si ahora en Albalá hay 681 habitantes, el 19 de diciembre de 1968 había más de 2.200, que se asombraron al ver llegar al pueblo, a las diez de la mañana, a varios coches de la policía y de la Guardia Civil. La operación la dirigía el propio juez Crespo, acompañado por el teniente fiscal Manuel Padial Aguirre. Estaban presentes los abogados Juan Eloy Fernández y José Manuel Mariño.

Se hizo la reconstrucción de lo que había ocurrido hacía más de diez años. Terminó a las cuatro de la tarde, llevando detenidos en un coche celular, a la prisión provincial de Cáceres, al hombre influyente y a otro vecino del pueblo.

Meses después cuatro vecinos de Albalá fueron juzgados en la Audiencia Provincial de Cáceres, tres de ellos por homicidio y uno por omisión del deber de socorro. Se les acusaba de haber discutido con 'El Piporro' al echarle en cara que les había engañado con una partida de contrabando de café. Quizás le mataron a golpes y luego le tiraron al pozo.

Los magistrados de la Audiencia les absolvieron por faltas de pruebas. Dijeron que en el cadáver que estuvo diez días en el agua no había señales de violencia, indicando que murió ahogado. El ministerio fiscal y el abogado de la familia del fallecido recurrieron la absolución al Tribunal Supremo, que a mediados de 1971 indicó a la Audiencia de Cáceres que tenía que explicar con más claridad el relato de los hechos. El caso volvió a la Audiencia, que el 21 de diciembre de 1971 volvió a absolver a los acusados.

Indagando sobre el pasado de 'El Piporro', hemos encontrado que su nombre y apellidos aparecen en la base de datos de víctimas del franquismo. El 28 de junio de 1937 fue condenado a reclusión perpetua. Todo parece indicar que a los 10 ó 15 años le pusieron en libertad, y se tuvo que dedicar al contrabando como otros muchos hombres marcados por su pasado al no darles trabajo.

En 1992 al magistrado Crespo le gustaba contar un hecho real relacionado con la independencia judicial: «En Alemania, cerca de Berlín, en Postdam –decía–, había un molino que molestaba al rey absolutista Federico de Prusia. El rey llamó al molinero y le dijo que le quería comprar el molino; él dijo que no, y le respondió el rey: 'No te das cuenta que si a mí me da la gana me quedo con él', y el molinero le dijo: «No se olvide, majestad, que en Berlín hay jueces».

El juez Crespo murió el 26 de agosto de 1999, con 73 años.