Cronología de la instrucción del supuesto fraude en los cursos de formación en Extremadura

21 de mayo. Los sindicatos CC OO, UGT y la Confederación Regional de Empresarios (Creex) no asistieron al Consejo General de Empleo, el máximo órgano institucional de diálogo social en materia de empleo en Extremadura. dejaron plantado al Ejecutivo regional como signo de protesta.

7 de julio. El director gerente en funciones del Sexpe, nombrado antes de que José Antonio Monago perdiese las elecciones en mayo de 2015, amplía en la Fiscalía de Badajoz la denuncia por el presunto fraude en los cursos de formación para ocupados. Aporta nuevos datos referidos a los cursos convocados en 2012 (cuando gobernaba el PSOE) pero impartidos en 2013 (con gobierno del PP).

30 de septiembre. La Fiscalía Anticorrupción sigue adelante en la investigación con el apoyo de dos fiscales especialistas en asuntos económicos pertenecientes a la Fiscalía de Badajoz.

9 de mayo. La Fiscalía Antico-rrupción detecta indicios de fraude en 2,4 millones de euros destinados a los cursos de formación para ocupados. Esa cifra figura en la denuncia que envía a los juzgados de Badajoz para que se instruya el caso por fraude de subvenciones y falsificación de documentos. El importe de las subvenciones cuestionadas es de 1,7 millones en la Creex; 400.133 euros en UGT y 311.897 euros en CC OO.

3 de julio. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma que las entidades investigadas son la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), la Confederación Empresarial Cacereña, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Badajoz (Coeba), la Federación Empresarial Placentina, UGT Extremadura, Ifes, CC OO y Forem. También figuran como investigadas 25 personas ligadas a estas organizaciones.

14 de julio. UGT y CC OO insisten en negar cualquier tipo de fraude y piden que se acelere el proceso para evidenciar que no cometieron ninguna irregularidad. El PP considera que se trata de «la mayor corruptela de la democracia» en la región y el PSOE pide respeto a las actuaciones judiciales.

15 de julio. El PP solicita la comparecencia urgente de la consejera de Educación y Empleo de la Junta, Esther Gutiérrez (PSOE) para que expliqué por qué el Ejecutivo autonómico «se ha retirado de la causa.

17 de julio. Un informe de 83 páginas de la Fiscalía Anticorrupción indica que los costes de los cursos no cuadran con lo declarado ante Hacienda. Igualmente habla de de excesos de pagos en alquileres y del uso de fondos para costear nóminas de personal ajeno a los cursos de formación.

5 de julio. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida amplía por seis meses la instrucción. Tanto este juzgado como el de Instrucción número 1 de Badajoz esperan el informe encargado a la Intervención General de la Junta para concluir la investigación. El informe llegó en el último trimestre de 2021.

10 de marzo. Los dos juzgados instructores consideran que la investigación está finalizada y que lo conveniente es abrir juicio oral. Ahora debe ser la Audiencia Provincial de Badajoz la que determine si esa decisión es correcta o hay que seguir instruyendo el caso.