Cuatro décadas de un estatuto que ha dotado de autonomía a la región

«La palabra 'Extremadura' vuelve a tener sentido». Con esta frase dio la bienvenida al Estatuto de Autonomía Luis Ramallo, representante del grupo popular y expresidente preautonómico, al referirse a la división del territorio en dos provincias que se efectuó en 1864. Lo hizo en la sesión del Congreso de los Diputados del 25 de enero de 1983 que terminó con la aprobación de un proyecto que se había iniciado cuatro años y medio antes.

Un proceso largo, que dio sus primeros pasos en 1978. El 13 de junio, para ser exactos.Ese día la Comisión de Urgencia Legislativa de las Cortes Constituyentes aprobaron el decreto ley de Preautonomía de Extremadura. Mes y medio después, el 29 de agosto, la Junta regional eligió como presidente a Luis Ramallo, en ese momento senador por Badajoz.Tomó posesión el 9 de septiembre.

Una de las decisiones claves para el acceso de Extremadura a su autonomía fue la decisión de la Junta preautonómica, reunida en Plasencia, de iniciar el proceso por el denominado 'camino largo', a través del artículo 143 de la Constitución. Los votos a favor de UCD (Unión de Centro Democrático) ese 12 de mayo de 1980 decantaron la balanza por esta opción pese al rechazo de PSOEy PCE (Partido Comunista de España). «Pese al debate, la opción fue apoyada por unanimidad, reflejo del consenso entre partidos de la época», rememora Vicente Sánchez Cuadrado, de UCD, que detalla que en los seis meses previos a la la adopción de la vía del 143 hubo cinco reuniones previas –con la participación de UCD, PSOE, PCE, PTE, CD, MC y Fejons– que prueban los esfuerzos y trabajos para llegar al pacto entre partidos.

La dimisión de Ramallo llevó a la presidencia preautonómica a Manuel Bermejo –22 de diciembre de 1980–, que fue el encargado de pilotar el último tramo del proceso. Casi un año después, el 12 de diciembre de 1981, la Asamblea –en ese momento formada por diputados extremeños y los diputados del Congreso y senadores por Extremadura– aprobó el proyecto de Estatuto elaborado por la comisión redactora integrada por Luciano Pérez de Acevedo, Jaime Velázquez, Manuel Bermejo, Enrique Sánchez de León, Antonio Duque Reyes, Luis Ramallo y el mencionado Sánchez Cuadrado, por UCD, y Eusebio Cano Pinto, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, León Romero y José Luis Torres por parte del PSOE. «Esa fase fue más rápida, porque todo estaba muy masticado con el trabajo que se había hecho durante el anteproyecto y porque ya se habían aprobado estatutos en otras comunidades y al final estos textos son todos copias unos de otros», detalla Tomás Martín Tamayo, exdiputado de UCD. «Recuerdo que el PCEestuvo muy activo e implicado en la primera etapa, pero en la fase de redacción solo había miembros de UCD y PSOE».

El texto definitivo se remitió al Congreso de los Diputados, donde el 14 de junio de 1982 se comenzó su trámite parlamentario, pero se interrumpió por la convocatoria de las elecciones generales de octubre. Ese proceso electoral, que terminó con la primera mayoría absoluta de Felipe González, retrasó hasta enero de 1983 el debate sobre el Estatuto de Autonomía extremeño, que finalmente recibió el visto bueno de la Cámara Baja el 25 de enero y se aprobó como ley orgánica el 25 de febrero.

En esa fecha ya era presidente preautonómico Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que sustituyó a Bermejo en diciembre de 1982, que también lo fue durante las tres primeras reformas que se hicieron sobre el texto.

La primera reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura se hizo en 1991, aunque la Asamblea regional le dio luz verde en diciembre del año anterior. Un solo punto del texto original se modificó. «Las elecciones serán convocadas por el presidente de la Junta de Extremadura en los términos previstos en la Ley que regula el Régimen Electoral General, de manera que se realicen el cuarto domingo de mayo cada cuatro años», quedó redactado. La intención era que las elecciones autonómicas pudieran coincidir con las municipales, como así sucede desde entonces.

La enmienda contó con el apoyo de PP, PSOEy CDS (Centro Democrático y Social), mientras que Extremadura Unida y PREX (Partido Regionalista de Extremadura) votaron en contra al defender una reforma más profunda. Izquierda Unida (IU) se abstuvo.

Sí votó IUen contra de la reforma de 1994. Esta formación reclamaba la integración de Badajoz y Cáceres en una única provincia y la desaparición de las diputaciones. Sin embargo, la modificación fue aprobada, pese a que también se opuso CDS, por la Asamblea. «Supondrá la incorporación al acervo del estatuto extremeño de 32 nuevas competencias», citó Vicente Sánchez, diputado regional por el PP, tras el paso del texto por el Congreso.

En 1999 se produjo la tercera reforma, aunque se empezó a trabajar en ella a mediados de 1996. De nuevo llegó a Madrid apoyada por los dos partidos mayoritarios –PSOE y PP– y supuso la ampliación de las competencias extremeñas.

La última modificación –más allá de los cambios de 2002– fue en 2011. Esta vez con unanimidad en la Cámara regional, el Estatuto se simplificó e incluyó la reclamación de la deuda histórica al Estado a través de inversiones con el objetivo, todavía no logrado, de que la renta per cápita extremeña se equiparase con la nacional.

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