Una de cada cuatro muertes en accidentes laborales en Extremadura es por infarto

Son dos de los ejemplos más graves de la siniestralidad laboral en la región durante este inicio de año. «En enero se han producido 1.013 accidentes laborales con baja, según nos confirma la Dirección General de Trabajo, dos de ellos mortales», detalla María José Ladera, secretaria de Salud Laboral de UGT.

En total, el número de siniestros es bastante superior. «Se producen 70 accidentes laborales al día en la región, entre los que requieren baja y los que no; solo en el mes de enero de este año ya han sido 2.082», remarca Alberto Franco, secretario de Salud Laboral de CC OO.

En el conjunto de 2023 se produjeron más de 12.000 siniestros en los que fue necesaria la baja laboral, sumando los registrados durante la jornada y los in itinere (en el desplazamiento al puesto de trabajo). Es decir, a lo largo del año pasado, la siniestralidad creció un 1,5% en la región. «No se reduce porque algo se está haciendo mal», asegura Ladera.

Sí se lograron minorizar los accidentes laborales con consecuencias mortales. El año pasado perdieron la vida 15 trabajadores, catorce durante el desarrollo de su jornada y uno in itinere. Son once menos que en 2022. «Por suerte, ha habido menos fallecimientos, pero continúan siendo cifras inasumibles», entiende Franco.

Cuatro de esas muertes que se registraron en 2023 en Extremadura fueron por infarto, según los datos de CC OO. Es decir, estos eventos cardiovasculares están detrás del 26% de los quince siniestros mortales que hubo el año pasado. Es decir, los infartos se convirtieron en la causa principal de los fallecimientos en el ámbito laboral. No es una situación esporádica, el porcentaje en 2022, según el mismo sindicato, se elevó al 30% con ocho casos.

Los motivos para esta realidad pueden estar vinculados al exceso de horas de trabajo, al estrés o al esfuerzo físico. «El exceso de horas de trabajo entendido como al menos 55 horas a la semana, es el principal factor de riesgo ocupacional con mayor peso en la enfermedades cardiovasculares», explica José Ramón López, profesor titular de Cardiología en la Universidad de Extremadura.

En lo que se refiere al estrés, López, que también es jefe de servicio de Cardiología en el Hospital Universitario de Badajoz, señala que desde los años 90 del siglo pasado se reconoce «el estrés como un desencadenante de un evento cardiaco». Igualmente, puntualiza este experto que «los eventos cardiovasculares se dan más frecuentemente en las horas de la mañana». Es decir, en el horario laboral.

La importante reducción del año pasado llega tras el repunte de muertes en accidentes de trabajo comprobado desde 2019. En los años 2020, 2021 y 2022 se superaron la veintena de fallecimientos por siniestros en el ámbito laboral. El peor ejercicio fue 2022, en el que hubo 26 muertes, 23 de ellas durante la jornada y tres en accidentes de tráfico durante el desplazamiento de las personas a su puesto de trabajo.

Los sindicatos consideran que la cifra real de siniestros en el ámbito laboral está por encima de esos 12.000 que contabiliza el Ministerio de Trabajo. «Hay una infradeclaración de accidentes», afirma la responsable de UGT, ya que hay incidentes que no se comunican y dolores relacionados con el desempeño del puesto de trabajo que no se definen como accidentes laborales. «Hay ciertos sectores de actividad en los que no hay una jurisprudencia firme y nos cuesta que trastornos muscoloesqueléticos provocados por una tarea repetitiva, como puede ser en una industria cárnica, se entiendan como enfermedades laborales», insiste Ladera.

La gravedad de los accidentes también se movió al alza en 2023. Fueron casi 200 los heridos graves en el ámbito laboral, un 4% más que el año precedente. Ambas cifras, la del total de trabajadores que necesitaron baja laboral tras un incidente y la de los siniestros catalogados como graves, fueron el ejercicio pasado las más elevadas desde la pandemia.

Es cierto que el incremento de la siniestralidad vino de la mano de la reducción del paro. La incidencia de accidentes de trabajo, por tanto, se redujo ligeramente. Según los datos del Ministerio, durante 2023 en Extremadura se produjeron 2.982,5 siniestros que conllevaron baja laboral por cada 100.000 trabajadores. Una tasa 40 puntos menor que la del ejercicio anterior, lo que significa que la incidencia se redujo un 1,3% en el conjunto del año.

Es la única lectura positiva, porque la incidencia extremeña se sitúa bastante por encima de la media nacional: más de 267 puntos superior en la región respecto al conjunto del país. Es algo que se repite en el resto de los sectores de actividad, excepto en los servicios.

Es la construcción la rama que registra una peor incidencia de accidentes laborales en la región. Se produjeron 1.880 siniestros, lo que arroja una tasa de 6.412 por cada 100.000 trabajadores, 325 puntos por encima de la media nacional.

Sin embargo, es en el sector agrario donde Extremadura presenta una de las peores ratios de incidencia de España, solo por detrás de Canarias. La menor mecanización del trabajo en el campo extremeño respecto a la que se constata para otros territorios y el alto grado de trabajo manual necesario para las cosechas contribuyó a elevar la cifra de accidentes hasta 2.143 en el conjunto del año, lo que conlleva una incidencia que roza los 5.468 puntos, 1.340 más que a nivel nacional.

La industria, con 1.807 accidentes laborales presenta una ratio de 5.200, casi 700 puntos superior a la española. Los servicios, pese a ser con 5.262 la actividad con más siniestralidad en términos absolutos en la región, es la rama con menor incidencia: no llega a 1.960 y está 200 puntos por debajo de la que marca la media nacional.

A la hora de reducir estas cifras, los sindicatos sitúan la responsabilidad en los empresarios. «El 99,9% de los accidentes son evitables; no vale con evaluar los riesgos, hay que aplicar el plan de prevención», considera Ladera, que añade que en Extremadura, la cultura preventiva no está integrada en las empresas, que la siguen viendo como un coste.

En este punto, los sindicatos reclaman más esfuerzos por parte de la administración a la hora de comprobar que las empresas desarrollan los planes de prevención, forman e informan a los trabajadores de los riesgos y les dotan de los equipos de protección necesarios para las tareas que desempeñan. «Hay que obligar a que se cumpla la normativa», remarca Ladera. «Debería existir una fiscalía específica», aporta Franco.