Ni cura ni juez de paz

Le comenté al anónimo denunciante, un caballero muy amable que se expresaba con propiedad, que el Ayuntamiento había tomado medidas para intensificar la limpieza y la empresa concesionaria había prometido enmienda tras la regañina pública, pero él negó la mayor. «Fíjese en el entorno del mercado de Ronda del Carmen. Eso da vergüenza», especificó y luego, ya en casa, mi mujer y mi suegra le dieron la razón. Porque sí, es cierto, la limpieza urbana en Cáceres no es lo que era.

Ya lo avisó la anterior empresa concesionaria, Conyser, cuando no se presentaron al concurso aduciendo que con el presupuesto consignado era imposible mantener impoluta la ciudad como, ciertamente, ellos venían haciendo. Supongo que ser una empresa de Cáceres tenía una ventaja o desventaja: si la gente encontraba un papel, una monda o una caca de perro, se quejaba directamente al máximo responsable de la limpieza, Eduardo Chacón, o a su familia cuando se los encontraban en el café o en el paseo y eso era una exigencia añadida que no sufre una empresa forastera con CEO y Community Manager desconocidos.

Por la mesa de mi bar despacho oficina ciudadana pasa público diverso que sugiere, se queja, denuncia o se fija en detalles curiosos. Por ejemplo, don Máximo. Concretamente, don Máximo Pérez Muñoz, abogado con prestigio y experiencia, que hace unas semanas me dejó unas sentencias sobre la mosca cojonera y la semana pasada me señaló una noticia aparecida en HOY que es un síntoma de los tiempos y los cambios.

Se trataba de la información que, desde Jaraíz de la Vera, firmaba el corresponsal de HOY, P. D. Samino, que detallaba cómo «el Juzgado de Paz de la localidad, ubicado en la planta baja de la casa consistorial, se ha dotado de una sala de videoconferencia con los medios y equipos necesarios (pantalla, altavoces, cámara, mesa, silla, etcétera) para la conexión con cualquier órgano judicial». Si los juzgados de paz se dotan no solo de una mesa y una silla, sino también de cámara y pantalla es que algo fundamental está sucediendo en los pueblos de Extremadura. Como me hizo notar don Máximo, si desaparece el juez de paz, ¿quién queda en los pueblos de lo que antaño se denominaban fuerzas vivas?

En el libro 'Ni una ni grande ni libre', un magnífico estudio de la vida política y cotidiana durante el franquismo, su autor, Nicolás Sesma, profesor titular de Historia de España en la Universidad de Grenoble-Alpes, escribe sobre «la denominada sociedad del aval» de los pueblos españoles, formada por el alcalde, el cura párroco, el comandante de puesto de la Guardia Civil y el jefe local de Falange. Estas fuerzas vivas no avalaban créditos, sino conductas, un certificado imprescindible para encontrar un trabajo y progresar en la vida.

Esa sociedad del aval se fue ampliando a otros personajes respetables: el maestro, el boticario, el médico… el juez de paz. Pero los tiempos han cambiado y ahora no hay quien avale conductas ni comportamientos. El maestro, el boticario y el médico viven en la capital, el cura lleva 20 pueblos, los cuarteles de la Guardia Civil son comarcales y la Falange, siempre alerta, hiberna. Si quitan también el juez de paz, el único aval que nos queda es el perfil de Facebook y cualquiera se fía.