El declive de Frutas Derecho

Ha sido una de la señas de identidad de Plasencia y una de las marcas de referencia del tejido productivo cacereño. Por eso el anuncio de su cierre ha caído como un jarro de agua fría entre buena parte del empresariado de la provincia y de los consumidores.

Frutas Derecho (Felipe Derecho y Hermanos S.L.) comunicó hace una semana a sus proveedores y clientes, a través de una carta, y a sus trabajadores, de manera personal, que cesa su actividad y pone fin a una trayectoria de más de medio siglo en el ámbito de la distribución hortofrutícola.

«Desde esta empresa, queríamos agradecerles sus años como clientes y pedirles de todo corazón disculpas por los problemas que esta situación les pueda acarrear», señala la misiva, que insiste en que «por motivos de causa mayor, nos es imposible continuar prestando nuestros servicios desde hoy 22 de marzo de 2024».

Esos motivos de fuerza mayor se resumen en la delicada situación económica que venía atravesando la mercantil en los últimos años, en los que su endeudamiento ha crecido hasta hacer inviable la continuidad de una empresa que ya estaba en manos de la tercera generación.

Los abuelos de los actuales gerentes se dedicaban a la venta de productos hortofrutícolas en el sur de Ávila. Desde allí, en la década de los años cincuenta del pasado siglo, se trasladaron hasta Plasencia con su familia y montaron un puesto de frutas. Se ponían en marcha así los cimientos de una iniciativa que después sus ocho hijos convirtieron en una de las empresas referentes de la provincia cacereña.

Felipe Derecho y Hermanos se constituyó como sociedad limitada el 8 de octubre de 1969 con un capital de 144.000 euros. Su sede central se situó en Plasencia, amplió su actividad a Cáceres y Navalmoral de la Mata, contando con instalaciones propias en ambas localidades, llegó a tener una plantilla de 80 trabajadores y extendió su distribución al conjunto de la región.

Sin embargo, su camino ascendente comenzó a resquebrarse hace unos años, con la tercera generación al frente ya de la mercantil. Primero cerraron los almacenes de Navalmoral y después vendieron los de Cáceres, aunque han seguido ocupándolos, en régimen de alquiler, hasta la actualidad y en funcionamiento como sus instalaciones de Plasencia, en la que los trabajadores dan salida estos días al poco género que todavía queda en sus cámaras.

El cese de la actividad, sin embargo, no ha resultado una sorpresa ni para los empleados ni para los diferentes proveedores de Frutas Derecho, alertados ambos de las dificultades económicas y problemas de liquidez que tenía la empresa por los impagos a unos y a otros.

Los 50 trabajadores, repartidos entre las dependencias de Cáceres y Plasencia, llevan meses sin cobrar sus nóminas. Tras el anuncio del cese definitivo, han comenzado ya a organizarse para contar con representación legal y personarse en el concurso de acreedores que de manera voluntaria se entiende que se habrá solicitado ante el juzgado de lo mercantil.

Los empleados de Frutas Derecho están muy intranquilos no solo por la pérdida de su puesto de trabajo, la circunstancia más grave lógicamente, sino también porque desconocen todavía si podrán cobrar, cuánto y de qué manera, lo que se les adeuda.

Información que hasta ahora no les ha proporcionado el único administrador que queda en la empresa tras la salida el pasado mes de septiembre de Celia Derecho, con motivo de su nombramiento como secretaria general de Empleo del actual gobierno de la Junta de Extremadura.

«CEO de empresa dedicada al comercio al por mayor de frutas y verduras, ejerciendo las funciones de dirección de personal, dirección financiera y tributaria», tal y como se recoge en la web de la Junta, Celia Derecho ha sido administradora de la mercantil durante las dos últimas décadas. Precisamente su salida de la empresa familiar disparó aún más las alarmas sobre la comprometida situación que venía atravesando.

Con su marcha, la actual responsable de Empleo seguía el mismo camino por el que ya se habían decidido antes el resto de administradores con los que contaba la mercantil, hasta dejar solo a Antolín Derecho, con quien este periódico ha tratado de contactar sin éxito.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura y máster en Tributación y Dirección de Empresas por el Centro de Estudios Financieros, la secretaria general de Empleo rechazó ayer hacer declaraciones sobre el fin de actividad de la empresa familiar, alegando que desconoce su situación actual por los meses que lleva fuera de ella.

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