«Si me detengo a pensar en Venezuela, lloro»

«Salí de Venezuela en el año 2017, cuando la situación empeoró –recuerda–. No se encontraban alimentos, escaseaba la gasolina y había persecución política. Me fui a Chile. Nos llamaban 'vende patrias'. Estuve allí cuatro años, y en ese tiempo no conseguí la residencia ni el pasaporte. Me sentía como en el aire. Me arriesgué a salir de Chile para ver a mi hija enferma en Perú, y luego fui a Venezuela a visitar a mi madre. Me encontré el mismo país que había dejado, y decidí irme a España. Llegué a Barcelona, me puse a buscar en qué sitio de España me daban cita antes para tramitar el asilo, y ese sitio era Cáceres, adonde me fui con los ojos cerrados».

Licenciada en Administración Pública (cinco años de estudios), en su país trabajó principalmente como comerciante. Cuenta Quintana que tiene allí dos locales «que están cerrados, se están perdiendo». Ahora, se gana la vida como interna en una casa en Almendral (Badajoz), cuidando a una pareja de ancianos.

«Mi madre y mis hermanos siguen en Venezuela –cuenta–. Hablo con ellos a diario, y ahora más. Y lo que me transmiten es inseguridad e incertidumbre. Me gustaría tenerles cerca, pero les resulto de más ayuda estando aquí, porque puedo enviarles dinero. En enero, mi madre se cayó y se rompió la cadera, y yo desde Cáceres le pagué todo: la prótesis, los honorarios del cirujano, los guantes, la jeringa...».

«Con estas elecciones –completa Ruth Quintana– estábamos esperanzados. Veíamos la luz al final del túnel. Pensaba en regresar para ver a mi madre, pero con este gobierno es imposible. No lo doy por imposible porque creo en la justicia divina y tengo fe en que la situación cambiará en algún momento».

Tampoco pierde la esperanza su compatriota y vecino de Cáceres Juan Ramón Araujo Godoy. «Si me detengo a pensar, lloro. Es así de simple, así que intento no pensar. Yo creía que era más fuerte...». Tiene 72 años, es farmacéutico, y en Venezuela presidió el colegio profesional del estado en el que residía. También fue secretario de la Federación nacional. Y profesor en la Universidad de los Andes. Esos cargos le convirtieron en un rostro habitual en la prensa, y decir públicamente lo que pensaba le colocó en una tesitura complicada.

«Cuando tú sabes que hay niños muriendo por falta de atención sanitaria, no puedes dejar de denunciarlo y de trabajar por corregirlo», dice Araujo, que abandonó su patria en el año 2018, con destino a Colombia. «Me había convertido en alguien muy visible –evoca–. Un día, alguien cercano me dijo: 'Al compadre le van a arrestar'. Al poco acudí a una oficina pública de Salud y la secretaria me dijo 'Doctor, ¿qué hace usted aquí?'. Pensé que había llegado el momento de irnos. Porque yo tenía un niño pequeño, y allí te ponen a volar desde un décimo piso... Salí por tierra en vez de en avión. Para ser menos visible, no me fueran a ver saliendo del país y me rompieran el pasaporte».

En el año 2021 emigró a España, donde ya vivía su hija, médico en Burgos. Cuando la destinaron a Cáceres, él también se mudó. «Llegué a España asustado. Un día estaba en la calle, buscando un sitio. Yo sostenía un papel levantado, y se acercó una persona y me preguntó si estaba buscando algo. Pensé que me iba a atracar, como me habían atracado en Venezuela. Luego se acercaron más personas, también a intentar ayudar. Y yo pensaba que era un grupo, que estaba compinchado para atracarme. Y empezaron a preguntar a quién le venía mejor llevarme en coche al lugar que estaba buscando. Yo no me lo podía creer».

Su primer contacto en Cáceres fue Ángel Martín Chapinal, sacerdote que dedica sus días a ayudar a los demás. «Empezando por él, que es una persona increíble, en Cáceres he encontrado gente amable, espontánea, maravillosa...», agradece Araujo, que vive con su pareja y sus hijos de cinco y doce años. «Nos gustaría participar en algún programa de repoblación de la España vaciada, de hecho estuvimos a punto de irnos a vivir a un pueblo de Guadalajara», cuenta el hombre, que califica lo que está haciendo Maduro como «un atraco a mano armada». «El mundo no se cree el resultado de las elecciones, pero nadie hace nada». se queja desde su exilio en España, donde hay muchos más venezolanos de los que dice la estadística oficial de adquisiciones de nacionalidad.

Porque son legión los que la tienen por ser hijos o nietos de españoles. Es el caso de Marian Castillo, periodista que llegó a Plasencia hace 17 años. «Yo estoy aquí gracias a los Paradores de Turismo», bromea. «Mi padre –cuenta– era de Madrid pero tenía un amigo en Plasencia, al que visitaba a veces. Y la ciudad le encantó hasta el punto de comprar una casa en ella tras llegar Chávez al poder, porque intuyó lo que se venía. 'La casa patera', la llamábamos nosotros. Porque sería a la que iríamos todos en la familia cuando tuviéramos que salir de nuestro país».

Y eso ocurrió a los ocho años de llegar Chávez al poder. Se instaló en Plasencia, adonde más tarde viajó su madre. Le quedan allí tíos, primos y amigos. «Estoy en contacto con ellos, pero ahora mismo cuentan poco. Están asustados. La persecución es terrible: te para la policía, te pide el teléfono y te revisa el WhatsApp, Instagram... Te piden que no les escribas, y si lo haces, lo borran rápidamente». «Lo que yo siento es un sube y baja emocional continuo, paso de la euforia a la tristeza», reconoce Castillo, para quien el régimen de Maduro es «una narcodictadura».

«Las actas electorales que ha enseñado Edmundo González son tan reales que los otros han intentado falsificarlas y no han sido capaces. Es triste que todavía haya gobiernos europeos, incluido el español, pidiendo a Maduro que enseñe las actas. ¡Pero qué actas! Si hace un mes y medio que se celebraron las elecciones y González ya las enseñó. Maduro tiene las actas, pero no las va a enseñar porque perdió».

«Yo pediría a los políticos en general más humanidad. Y a la gente, que se pare a reflexionar y no repita un discurso solo porque es el de los suyos», apunta Castillo, que define a su país como «un sitio fantástico, con los mejores paisajes». «Me muero de ganas de ir de visita. Para vivir, creo que ya no me da tiempo. El daño causado durante todo este tiempo es muy profundo, y aunque cambiara mañana, el país necesitaría veinte o treinta años para que todo funcionara bien».

«Venezuela es un estado cuasifallido, sin libertad de expresión ni muchos derechos, donde prima el tráfico de influencias y los impuestos no se usan para que la gente viva mejor», resume Leo Hernández Murillo, 44 años, titulado en Administración Pública y residente en Cáceres desde hace dos meses.

Le han acogido en casa su hermana y su cuñado. Sus padres están en Colombia, y en Venezuela se han quedado tíos, primos y amigos. «En España estoy bien, tranquilo. He encontrado respaldo social y también institucional. Estoy muy agradecido por ello. La tierra tira, pero estoy complacido por vivir aquí». «Quienes gobiernan Venezuela –concluye Leo Hernández– solo tienen un interés personal. El estado y los ciudadanos les dan igual».