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En la Extremadura que no llega a los cien habitantes –un club de diez pueblos pero con unas perspectivas de crecimiento garantizadas– hay ayuntamientos que algunos días cierran; hay alcaldes sin sueldo a los que el cargo les cuesta dinero; hay plenos a los que no asiste ni un vecino; hay plantillas municipales con un único trabajador fijo, y hasta con ninguno; hay bastante resignación por lo gris del futuro y hay historias cotidianas para unos ojos rurales e concebibles desde una óptica urbanita.
Campillo de Deleitosa (62 vecinos), Ruanes (65), El Carrascalejo (67), Benquerencia (77), Cachorrilla (78), Pedroso de Acim (85), Robledillo de Gata (91), Berrocalejo (91), Garvín (98) y Valdecañas de Tajo (99). Nueve localidades cacereñas y una pacense (El Carrascalejo) tienen cifras de población de dos dígitos, según los últimos datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), que cada poco le da a Extremadura una ducha fría de realidad demográfica.
Es la despoblación, uno de los grandes problemas, si no el mayor, de la comunidad autónoma. Se muere más gente de la que nace y se van más de los que vienen. Una lógica matemática que está desfigurando la pirámide de población regional. Es un continuo paso atrás bien conocido en estas diez localidades que tienen menos residentes que muchas comunidades de vecinos de Badajoz o Cáceres. Entre todas suman 813 habitantes. Empadronados, porque viviendo en ellos son en torno a la mitad. Hace una década eran 1.014, o sea, 201 más que ahora. De hecho, hace diez años, el club extremeño de los de menos de cien no tenía una decena de miembros, sino la mitad. Y al empezar el siglo, todos estos pueblos, representantes ejemplares de la sangría demográfica que atiza a la región desde hace décadas, superaban el centenar de residentes.
En este sentido, el rey del declive es Valdecañas de Tajo. Al empezar esta centuria tenía 284 empadronados, y ahora son 99, aunque su alcalde afirma que el INE se equivoca y que el censo real es de casi el doble. «En estos pueblos tan chicos, el motor económico son las subvenciones», resume Juan Manuel Salas (PP), que accedió al cargo hace ocho años y que apura sus días en él. Ya tiene decidido que no se presentará a las elecciones de mayo. Prefiere volver a su trabajo. Es conductor profesional, y antes de entrar en política cubría la ruta de Seseña (Toledo) a París en tráiler.
«Ahí cobraba 2.200 euros al mes, mientras que como alcalde gano 1.300», explica el regidor, de 56 años, que se despedirá del Ayuntamiento «con la satisfacción de haber sido capaz de sacar dos mayorías absolutas». «La política municipal –reflexiona– es difícil, a veces poco gratificante, es normal que la mayoría de la gente que vive en los pueblos pequeños prefiera no dedicarse a ella, muchos la ven como una forma de complicarse la vida y no les falta razón».
Esto mismo explica que no siempre sea fácil encontrar nombres para formar una lista con la que concurrir a unos comicios. Nada que ver con lo que ocurre en los municipios más poblados de la región, donde los partidos tienen que hacer criba para elaborar sus candidaturas electorales y hay quien se molesta por ir de número ocho en vez de siete porque eso puede significar quedarse sin la concejalía. En Valdecañas de Tajo son cuatro ediles del PP y uno de Extremeños, y manejan un presupuesto exorbitante en comparación con los de su tamaño. El último fue de 428.000 euros, de los que unos 90.000 se ingresan como compensación por la cercanía a la central nuclear de Almaraz.
En lo económico, esa es una fuente del tesoro para un pueblo pequeño. Además, Valdecañas de Tajo tiene también 15 plazas para personas mayores en pisos tutelados, un servicio que en esta escala es también un factor diferenciador, por lo que supone en habitantes y en empleo. De hecho, el alcalde fía el futuro del pueblo a la ampliación de este recurso. «La salida para fijar población es el proyecto que tenemos para convertir los pisos tutelados en una residencia de 30 ó 35 plazas, con el doble de plantilla de la que hay ahora», anticipa el regidor, un convencido de que «ningún político debería permanecer en su cargo más de dos legislaturas».
No parece opinar igual José Antillano (75 años), alcalde de El Carrascalejo desde 1991. Y lo que le queda, porque volverá a optar a la reelección en mayo, de nuevo bajo las siglas del CIC (Coalición Independiente de El Carrascalejo), que hace cuatro años consiguió 42 de los 43 votos emitidos en el pueblo. Antillano, exfuncionario del área de carreteras y maquinarias de la Diputación de Badajoz, es un ejemplo de longevidad política. Y de generosidad hacia su pueblo, porque según cuenta, nunca ha cobrado sueldo de alcalde. De hecho, se le menciona la posibilidad y su reacción desprende un fondo de indigación. «Nunca me lo he planteado. Yo no entré en política para ganar dinero. Yo, y mis compañeros lo mismo, nos metimos en esto por ayudar al pueblo».
Dice el INE que El Carrascalejo tiene 67 vecinos, pero «de quietos somos 36 ó 37», detalla el alcalde. El Ayuntamiento abre los martes y jueves por la tarde, y el secretario es compartido con Alange y Mirandilla, municipio este último con el que también tiene a medias el auxiliar.
Que un secretario y un auxiliar atiendan más de un pueblo es habitual en la región, más aún en los municipios que no llegan al centenar de empadronados. Robledillo de Gata, que lo comparte con la vecina Descargamaría, lo tiene los lunes, martes y jueves de cuatro a siete de la tarde. Esos días, y a esas horas, el ayuntamiento está abierto. Por la mañana, no hay un horario fijo. Lo normal es que esté operativo de diez a dos, pero no siempre. «Si la persona que lo atiende tiene que salir por una avería de agua o a coger herramientas o hacer alguna gestión, pues tiene que cerrarlo», explica Luis Sánchez Prieto, alcalde por el PSOE. «Mi sueldo es de 1.200 euros brutos al mes, que son 800 netos», asegura el regidor, que en ocasiones ha trabajado en el sector agrícola. «Estoy liberado al 75 por ciento –continúa–, pero renuncio al dinero de esta liberación cuando surgen oportunidades laborales compatibles con mi cargo público». De hecho, añade, no la percibe desde septiembre, cuando empezó a trabajar en el servicio de recogida de basuras de la Sierra de Gata, trabajo que compatibiliza con el de alcalde.
Rubén Morera, alcalde de Cachorrilla
José Antillano, alcalde de El Carrascalejo
José Rodríguez, Ruanes
Pocos vecinos, afirma Luis Sánchez, no equivale a poco trabajo. «Solo atender el teléfono ya me ocupa mucho tiempo –asegura–, y como no tenemos un alguacil ni un auxiliar administrativo, me toca hacer mil papeleos y gestiones».
En Berrocalejo, el también socialista Ángel Pedro Martínez Cáceres (42 años), sí tiene la ayuda de un secretario, un alguacil y un auxiliar administrativo. «Este mismo año empezaremos a compartir el secretario con El Gordo, y nos supondrá un ahorro», avanza el regidor, que pidió tener un sueldo cuando llevaba un año y medio en el paro y ya había agotado la prestación. «No me quedó más remedio», se lamenta. Cobra 900 euros brutos al mes, y no ingresa nada por asistencia a plenos. «Solemos ponerlos a las siete de la tarde –explica–, para que los vecinos puedan asistir, porque siempre hay alguno que va».
No pasa lo mismo en Campillo de Deleitosa, el municipio menos poblado de Extremadura. «Aquí a los plenos no viene nadie, siempre ha sido así», informa el alcalde, Justino Rivero, del PSOE. Tiene 80 años y no cobra por su cargo público, un alivio para un pueblo cuyo presupuesto suele rondar los 60.000 euros. «Ser alcalde te acaba costando dinero», asegura Rivero. Al menos ya no tiene que poner su coche para ir a Cáceres o Mérida. Gracias a 14.000 euros que les dio la Diputación, el pueblo dispone de vehículo propio, según cuenta.
Lo que no tiene es ni un trabajador fijo en nómina. La Diputación provincial les proporciona el servicio de secretario, que trabaja desde Cáceres y solo acude al pueblo cuando hay pleno, es decir, una vez cada tres meses a no ser que se convoque alguno extraordinario, detalla el alcalde, militar retirado que ha pasado buena parte de su vida en Madrid. Allí conserva familia, y de hecho, pasa temporadas en la capital. «Nos organizamos de manera que en el pueblo estoy yo o está el teniente de alcalde, que pasa algunas temporadas en Vitoria porque tiene allí familia», detalla Rivero, el mayor del grupo de los diez pueblos extremeños con menos de cien residentes.
El otro extremo es Rubén Morera, del PSOE, al frente del ayuntamiento de Cachorrilla. ¿Qué hace alguien de 28 años trabajando como alcalde? «Porque amo a mi pueblo –responde él–. Lo quiero tanto que aunque el cargo es a veces un quebradero de cabeza, prefiero que se metan conmigo que con mi pueblo». Él compagina su responsabilidad pública con su empleo en Correos, al que dedica las tardes. Por las mañanas está en su despacho en el Consistorio. Y cuando se va es como si estuviera. «Si llamas por teléfono al Ayuntamiento y no hay nadie, la llamada se desvía a mi teléfono móvil», explica el joven. «Lo tengo hecho así para poder atender a quien sea casi a cualquier hora», justifica Morera, que cobra 500 euros netos al mes, según detalla él mismo.
Ángel Martínez, Berrocalejo
Alberto Buj, Benquerencia
J. Manuel Salas, Valdecañas
Como en el resto de consistorios del grupo, la plantilla municipal crece o mengua en función de los programas públicos de empleo. El Integra, el Experiencia o el Aepsa forman parte del día a día en el escalón más bajo de la administración local extremeña. «Los pueblos pequeños subsistimos gracias a la Diputación y sus subvenciones», resume Morera. «Todo lo que podemos hacer lo hacemos gracias a ella –continúa–. En Cachorrilla, gracias a la Diputación tenemos gimnasio, coche, eventos culturales, fiestas y un ayuntamiento accesible. Si desaparece ella, desaparecemos los pueblos».
El planteamiento del joven Morera lo firmaría el veterano José Rodríguez Picado, regidor socialista de Ruanes. «Si no fuera por la Diputación y la Junta, por sus ayudas y sus planes de empleo, sería difícil mantener un ayuntamiento pequeño», reflexiona. Él tiene 71 años, trabajó toda su vida en la cadena Cope y no tiene sueldo como alcalde. «Con un presupuesto de 200.000 euros que tiene el pueblo, cómo le voy yo a quitar 25.000 para mí», plantea Rodríguez, que lo único que percibe, según detalla, es «una gratificación de unos 200 euros al mes». «El cargo te acaba costando dinero, porque entre cafés que invitas, viajes que haces con tu coche y demás...».
Él, como le ocurre a otros alcaldes de pueblos pequeños de la región, no vive todo el año en la localidad. Hace lo que otros mucho vecinos marcharse por temporadas a otro sitio. Habitualmente uno más poblado, a casa de algún familiar. Es una rutina particularmente frecuente en invierno y entre quienes viven solos. «Yo estoy en Ruanes ocho o nueve meses al año y el resto en Cáceres –comenta–. A veces es mejor para el pueblo que esté en Cáceres, para hacer papeleos en la Diputación o para ir a Mérida».
Algunos de esos trámites han permitido sacar adelante proyectos que él califica como importantísimos para sus paisanos. «Este año va a abrir una granja ecológica con 40.000 gallinas que producirán 20.000 huevos diarios, y eso nos reportará unos ingresos en concepto de IBI y lo que es más importante, creará dos empleos fijos. Y a final de año abrirá también una gasolinera, que creará un empleo». Así, de uno en uno, se van sumando vecinos. Ocompensando la marcha de los que se mueren o emigran.
«La política en los pueblos pequeños es muy diferente a toda la demás. Es distinta incluso a la que se hace en sitios de tres mil o de cinco mil habitantes, porque los pueblos chicos son muy guerreros, y hagas lo que hagas siempre hay alguien que pone alguna pega». Segismundo San Román (Extremadura Unida), alcalde de Garvín desde el pasado febrero, tras fallecer su antecesor en el cargo, remata su reflexión con un refrán: «Aquí –concluye–, se hace verdad eso de que nunca llueve a gusto de todos».
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Cristina Cándido y Álex Sánchez
Lucía Palacios | Madrid
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