El Supremo encausa a Alberto Casero por malversación y prevaricación

El Tribunal Supremo investigará si el extremeño Alberto Casero cometió prevaricación y malversación mientras era alcalde de Trujillo. La sala segunda del alto tribunal ha acordado la apertura de una causa penal al diputado nacional del Partido Popular en la que se analizarán determinados acuerdos y contratos de servicios de los años 2017 y 2018 que realizó mientras era primer edil.

A principios de este mes, la Fiscalía elaboró un informe y vio indicios de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. Anteriormente, en febrero, una jueza de Trujillo elevó exposición razonada al alto tribunal en la que pedía que el TS tomara declaración como investigado al diputado, que tiene condición de aforado.

Ahora, el magistrado Miguel Colmenero estima estos indicios, recogidos en la exposición que remitió el juzgado de la localidad cacereña y el informe favorable de la Fiscalía del Supremo para investigar al diputado popular.

«Estoy muy tranquilo respecto a esos hechos, súper tranquilo», ha declarado a HOY Alberto Casero tras conocer la apertura de la causa. «Estoy convencido de que las acusaciones quedarán en nada, pero ahora está en manos de la justicia y son los jueces los que tienen que decidir», agregó el diputado cacereño.

Alberto Casero fue noticia a nivel nacional hace ya casi dos meses por su error a la hora de votar telemáticamente en el Congreso de los Diputados. Su voto permitió al Gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante la reforma laboral.

El auto señala indicios de que los actos de contratación que se llevaron a cabo por Casero no se sujetaban al procedimiento administrativo legalmente establecido.

Así, en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo supuestamente al ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. Y en septiembre de 2017, Casero firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al consistorio al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos municipales, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni difundirlo en el BOE.

También en 2017, el aforado habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios municipales, señala la exposición razonada, que agrega que en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recoge otros dos hechos: que en 2018 contrató a la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado; y que el 30 de diciembre del mismo año suscribió con Radio Interior SL un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.

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