
PABLO CORDOVILLA
VILLA DEL REY.
Domingo, 26 de junio 2022, 07:49
La historia de Milagros Garlito Rodríguez, de 28 años, es la de tantas personas con discapacidad que cada día requieren ser transportadas desde su vivienda hasta un centro de día, ocupacional o de habilitación funcional, y que en muchos casos no se encuentran en su población.
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Milagros, residente en Villar del Rey, padece un grado de discapacidad reconocido por el Cadex del 81%. Sufre Síndrome de Angelman con un grado de Dependencia III, por el que es beneficiaria de una plaza en el centro de día de Aprosuba-3 de Badajoz desde 2016, a instancias del Servicio Extremeño de Atención de la Discapaccidad (Sepad).
En un primer momento dispuso de una autorización especial para el uso de transporte escolar en la Ruta BA 397 (San Vicente de Alcántara-Badajoz), «pero al ser un servicio de la Consejería de Educación tenían preferencia los estudiantes para completar el autobús, y nos quedamos fuera al no haber plazas disponibles», lamenta Teresa Rodríguez, madre de Milagros.
Afortunadamente contaron con la ayuda de Cruz Roja Montijo que se ofreció a realizar el transporte durante el curso 2021-2022 que ahora concluye. «Nos salvaron y estamos muy agradecidas pero era solo para este curso», explica. Por lo tanto, de nuevo se encuentran con idéntico problema para el próximo curso, puesto que asegura haber puesto en conocimiento del Sepad esta circunstancia sin recibir una solución.
«No hay compromiso, se lanzan la pelota, el Sepad dice que el transporte corresponde a Aprosuba-3 y estos que corresponde al Sepad, que no es competencia suya. Es más, ahora no se han dignado en respondernos, nos están dando largas y no sabemos qué haremos el próximo curso», se queja la madre de Milagros, quien añade que «se les llena la boca de inclusión pero en la práctica dejan mucho que desear, porque si mi hija no recibe sus tratamientos del fisio se atrofia aún más, y el hecho de no acudir al centro de dia perjudica su integración social».
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Ante esta coyuntura, Teresa dirigía en su día un escrito a Jose Vicente Granado, director gerente del Sepad, en el que le exponía su caso y recordaba que «la propia normativa prevé la posibilidad de adoptar medidas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad, destinadas a lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad».
Esta 'madre coraje' no va cesar en su empeño por mantener un derecho que le corresponde a Milagros y que está recogido en la Constitución.
«No me voy a quedar de brazos cruzados ante esta injusticia. Yo solo pido que se pongan en mis zapatos y den una solución definitiva, de una vez por todas, y que no vivamos de parches cada inicio de curso». Asegura estar dispuesta a llegar a los tribunales.
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Preguntado por la situación que denuncia Milagros, el Sepad asegura que no valora casos particulares. «La información se le da a los interesados», añade el organismo autónomo.
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