Ecologistas en Acción: «El Constitucional se posiciona con Valdecañas contra el sentido común»

Con su decisión de aplazar el dictamen final sobre el resort, «el Constitucional se posiciona contra el medioambiente, la ética y el sentido común», opina el colectivo conservacionista, que señala «la indefensión jurídica y las grandes dificultades para que se cumpla la normativa ambiental cuando se unen los intereses de los poderosos con una administración empeñada en favorecerlos aún a costa de vulnerar su propia normativa».

«La medida cautelar del Tribunal Constitucional supone un retraso de la inexorable demolición de la urbanización ilegal», afirma Ecologistas en Acción, que define a Marina Isla Valdecañas como «un paradigma de la vulneración flagrante de la legislación, con leyes y medidas a la carta para sortear sentencias judiciales».

Ecologistas en Acción considera «tremendamente frustrante lo sencillo que resulta para los promotores, y una administración autonómica empeñada en ignorar su propia normativa, paralizar la ejecución de una sentencia que no les resulta favorable». «En palabras del propio Constitucional -continúa la asociación-, esto se justifica porque una eventual estimación de los recursos de amparo sería meramente declarativa y tardía. Sin embargo, cuando la organización ambiental, tanto en el marco de este mismo procedimiento como en muchos otros, solicitó la paralización cautelar de las obras, los tribunales se negaron y se niegan recurrentemente a aplicar el mismo criterio de prevención y de garantía de cara a la posible sentencia».

El colectivo conservacionista recuerda que,« cuando se solicitó la paralización de la obras de Valdecañas (la ejecución de una sentencia de 2011 que ya había sido ganada por los colectivos ecologistas), el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura exigió una fianza de 41 millones de euros, una cantidad absolutamente desorbitada, que el tribunal justificaba por la posible pérdida patrimonial que supondría parar las obras para la constructora si, en caso de que el recurso planteado por la misma prosperase, la paralización fuera 'para nada'». «Cabe preguntarse -continúa- si en esta ocasión, en la que lo que está en juego es el bienestar del medio, del planeta y de las generaciones presentes y futuras que habitan la zona, en vez de un mero perjuicio económico, se ha exigido una caución a la constructora por el indudable daño que supondrá la paralización del derribo».

A Nino Trillo-Figueroa, abogado de Ecologistas en Acción, le parece «preocupante que, después de 16 años de procedimiento y varias sentencias que declaran la ilegalidad de la urbanización dentro de un espacio protegido de la Red Natura, se suspenda la ejecución de estas sentencias, contradiciendo la propia doctrina del Constitucional para este caso». «Esto -opina el letrado- vuelve a poner en peligro nuestros espacios protegidos».

Para Jaime Doreste, también abogado de la organización ecologista, «Valdecañas es uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español, con leyes hechas a la carta 'a posteriori' para tratar de sortear las sentencias judiciales y los incumplimientos de la legalidad». «Sería -concluye- un nefasto precedente que se tolerara esta política tan burda de hechos consumados».