Ecologistas en Acción lleva ante el TSJEx a 34 diputados del PSOE por la ley de ZEPAS

Dentro de esta última instancia, será la Sala de lo Civil y penal quien resuelva la querella, que Ecologistas en Acción presentó inicialmente ante el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Mérida. Este, sin embargo, se inhibió, al considerar que debe ser el TSJ quien analice la causa, por un motivo: los 34 querellados son aforados, en su condición de diputados. De hecho, el colectivo medioambientalista ya ha presentado el desistimiento de esa primera denuncia y este miércoles ha formalizado la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres.

Es una manera de ganar tiempo, de acelerar los plazos, pues si no presentara el desistimiento y esperase a que el juzgado de la capital autonómica se lo trasladara al TSJ, la causa se dilataría. Aunque es posible que se retrase de todas las formas, por la huelga de trabajadores de la justicia.

El delito de prevaricación está castigado con penas de ocho a quince años de inhabilitación, y el de desobediencia a la autoridad judicial en funcionarios públicos, con inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años y multa de tres a doce meses.

«Hemos presentado esta querella porque consideramos que esa ley es el colmo de los desatinos de la Junta de Extremadura en su intento de salvar a Marina Isla Valdecañas de la demolición», explica Ángel García Calle, responsable de Ecologistas en Acción en la comunidad autónoma. «Esta cuestión ya se nos planteó al inicio de este procedimiento, en el año 2008, cuando se permitió urbanizar en una zona protegida, algo que suponía prevaricar -continúa García, que es abogado-. Entonces no presentamos querella, porque entendimos que era mejor la vía medioambiental que la penal. Pero la obstinación de la Junta en este asunto, presentando una ley que modifica todas las ZEPAS de la región y que está hecha claramente para salvar Valdecañas de la ejecución de las sentencias de demolición, es el colmo de lo prevaricador».

Esa ley autonómica fue aprobada por la Asamblea con el voto favorable de los 34 diputados socialistas y la oposición de los demás grupos políticos (PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura). El planteamiento de la administración regional para promover esa norma era que en la región había 55 ZEPAS que en realidad no lo eran porque no se habían declarado expresamente, con mención concreta en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) para cada una de ellas. Una de estas era la del embalse de Valdecañas, en la que además se introducía un cambio que convertía en legal el complejo ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo.

Ecologistas en Acción siempre ha mantenido que esas ZEPAS sí estaban declaradas, porque se siguió el procedimiento establecido en ese momento, que no mencionaba la necesidad de declaración específica en el DOE. Y mantiene que la de Valdecañas se declaró en el año 2003, cuando la administración regional se lo comunicó a las autoridades comunitarias. Además, la asociación conservacionista ya advirtió el pasado diciembre de que daría el paso que ha dado ahora.

Hace unos días, el presidente en funciones de la Junta de Extremadura declaro que las decisiones judiciales sobre Valdecañas no afectan al futuro del complejo, cuya continuidad está asegurada gracias a esa ley aprobada en marzo.

Por su parte, el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, considera «un caso insólito» la denuncia presentada por Ecologistas en Acción contra los diputados socialistas que aprobaron en el Parlamento regional la ley que declaró la legalidad de lo construido y terminado en Valdecañas. En su opinión, no tiene sentido denunciar a los representantes de los ciudadanos por la aprobación de una ley, pero ha añadido que «en este país hay tantas cosas insólitas últimamente...».