«No va a suceder», aclara Ángel García Calle, portavoz en Extremadura de Ecologistas en Acción, sobre la posibilidad de retirar los pleitos pendientes sobre Isla Valdecañas.
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De esta forma, García Calle rechaza cumplir con una de las últimas voluntades políticas que expresó Guillermo ... Fernández Vara en la que fue el pasado viernes su última intervención en la Asamblea. El día de su despedida de la Cámara, el expresidente de la Junta dedicó unas palabras a Valdecañas, una de las polémicas que se ha extendido durante gran parte de su mandato.
Lo hizo para solicitar a Ecologistas en Acción que pusiera fin a los litigios que todavía hay pendientes sobre el derribo del complejo residencial que se construyó en una zona con protección ambiental. «No podemos permitirnos la imagen del derribo», dijo Fernández Vara sobre la sentencia –recurrida, eso sí– del Tribunal Supremo que dicta que se debe devolver la zona a su estado original.
Ángel García Calle
Portavoz de Ecologistas en Acción en Extremadura
Sin embargo, desde Ecologistas en Acción ni siquiera se plantean esa opción. «Lo que Fernández Vara nos pide es que miremos para otro lado y dejemos de defender la ley en materia de medio ambiente cuando nuestra misión es, precisamente, defender el medio ambiente», expone García Calle.
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Actualmente hay pendiente de resolución el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional sobre la sentencia del Supremo que dictaminó que hay que llevar a cabo el derribo completo del complejo. «No le vemos ninguna posibilidad, pero el Constitucional ha dicho que se suspenda la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto», explica García Calle.
Este proceso puede prolongarse unos tres o cuatro años, según Ecologistas en Acción, que lamentan que la Junta y los propietarios estén jugando la baza de dilatar todo lo posible los plazos.
Esa espera no va hacer desistir a la asociación de que se cumpla con el derribo. «No podemos permitir que una urbanización de este tipo se mantenga en pie cuando hay personas que piden permiso para proyectos, de regadío o de una pequeña casa, en espacios de la Red Natura 2000 y se le niega; lo que pide Vara es que unos cumplan la ley y otros no», afirma García Calle, que entiende que la resolución del asunto de Valdecañas va a tener repercusión fuera de Extremadura y debe servir de aviso para actuaciones similares. «Lo que se hizo desde la Junta fue una aberración jurídica y alguien cometió prevaricación», añade.
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«La Unión Europea ya nos avisa que estamos recibiendo ayudas y no estamos protegiendo la Red Natura; no puede ser que la Junta pida que un espacio sea Red Natura, cobre ayudas por ello y luego permita una urbanización», lamenta el portavoz regional de Ecologistas en Acción.
Por otro lado, García Calle recuerda que la sentencia que no está recurrida y que debe aplicarse es la que obliga a la demolición de todas las construcciones efectuadas en Valdecañas que no están terminadas.
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Una responsabilidad que deberá asumir el nuevo Ejecutivo regional. «No hemos tenido ninguna conversación con los partidos que formarán Gobierno; pero nos tememos que, a la vista de lo que ha exigido Vox, tendremos trabajo esta legislatura porque habrá políticas que atenten contra el medio ambiente», concluye el responsable de la asociación ecologista.
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