Educación ofertará 1.200 plazas para hacer fijos a interinos

Educación ha celebrado hoy una mesa técnica en la que se ha presentado a los representantes sindicales una estimación del número de plazas que saldrán a oferta acogida a la ley de medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

La directora general de Personal Docente de la Junta, Ana Martín, ha señalado que la próxima semana tendrá lugar una mesa sectorial en la que se cerrará esta oferta.

Tal como establece la normativa nacional, la oferta de empleo debe publicarse antes del 1 de junio de este año, la convocatoria debe tener lugar antes del 31 de diciembre y todo el proceso debe estar resuelto antes de que termine 2024. El objetivo es que la tasa de interinidad se sitúe por debajo del 8%, una cifra que actualmente ya está cerca en el cuerpo de maestros, mientras que en ciertas especialidades es del 0%.

De las 1.200 plazas ofertadas, 1.100 serán por el procedimiento de concurso, por el que solo habrá que aportar los méritos, y apenas un centenar será por concurso-oposición, lo que exigirá un examen.

Jesús Díaz, del sindicato CSIF, ha valorado el trabajo de la Administración regional por el estudio realizado para la oferta. «Son muchas plazas y vamos a ver cómo se resuelve el procedimiento», ha indicado. En este sentido, ha reclamado seguridad jurídica y que haya coordinación con otras comunidades autónomas para la celebración de las distintas fases.

José Manuel Chapado, del sindicato PIDE, ha coincidido en señalar que la oferta es mayor de lo previsto. También ha reclamado que exista coordinación para evitar trasvases de opositores de una región a otra. «Si no es simultáneo y hay 200.000 personas que cumplen los requisitos, podrían echar papeles en 17 comunidades», ha afirmado. Eso supondría meses de trámites y que un mismo aspirante pudiera sacar varias plazas en distintos territorios.

Saturnino Acosta, del sindicato Anpe, ha incidido en que es necesario garantizar la seguridad jurídica de los interinos y ha apuntado también a que debe haber un trabajo conjunto entre las comunidades autónomas. «Si no hay una coordinación y todos lo hacen exactamente igual puede haber una descompensación», ha señalado.

Por parte de CC OO, Lourdes Núñez ha apuntado que el alto número de plazas que sale a oferta evidencia que año tras año no se han convocado los procesos selectivos necesarios. «Ahora nos vemos abocados a un proceso muy acelerado que puede adolecer de seguridad jurídica», ha añadido. Asimismo, ha lamentado que la mayoría de las plazas salga a concurso sin unos criterios pactados. También ha reclamado que primero se haga la evaluación de méritos y después el concurso-oposición para que los aspirantes no tengan que elegir entre un sistema u otro.

Por último, Eva González, de UGT, ha mostrado su sorpresa por el alto número de plazas que saldrá a oferta pública. A su juicio, esto evidencia que había bastantes plazas guardadas en Educación. Junto a esto, ha reclamado que haya seguridad jurídica en el procedimiento y que se lleve acabo lo mejor posible para evitar errores.

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