Unas elecciones al campo en Extremadura con más candidaturas y menos votantes

El Consejo Asesor Agrario mide la representatividad de las organizaciones agrarias en su interlocución con el Ejecutivo regional a la hora de dictar medidas agrarias. Está formado por diez representantes.

Tras las elecciones del 12 de marzo de 2017, lo componen 6 miembros de la coalición formada por las dos Asaja extremeñas (Apag en la provincia de Badajoz y Asaja Cáceres) y 4 de UPA-UCE. Formar parte del Consejo permite, además, a las asociaciones agrarias recibir subvenciones públicas vitales para permitir su funcionamiento.

Asaja (integrada en la patronal CEOE), UPA (integrada en el sindicato UGT) y COAG son las tres formación con mayor implantación en España. En Extremadura hay dos Asaja, una por provincia, y siguen lideradas por Ángel García Blanco, en la provincia de Cáceres, y Juan Metidieri, en la de Badajoz, aunque vuelven a acudir a las elecciones bajo la fórmula de coalición.

Mientras, Ignacio Huertas, se mantiene al frente de UPA-UCE. COAG no se presenta como tal a estos comicios, aunque tiene a la Coordinadora Agraria de Extremadura como su representante de facto en la región.

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La Unión, con el veterano dirigente agrario Luis Cortés al frente, se mantiene; y entra como candidatura nueva la asociación Aequum Agrum, creada por un perito agrícola de Don Benito sin experiencia previa ni dentro del asociacionismo agrario ni en procesos electorales del campo.

Los comicios de 2017 fueron los terceros tras los de 1998 y 2002, aunque en estos dos primeros lo que se elegía era quién podía sentarse en las Cámaras Agrarias de las dos provincias extremeñas. Por tanto, había dos circunscripciones electorales.

La Ley Agraria, de marzo de 2015, impulsó la creación de un Consejo Asesor Agrario de Extremadura como órgano para medir la representatividad de cada organización agraria tras la desaparición de las Cámaras Agrarias en la década anterior. Desde entonces hay una sola circunscripción, la regional.

En marzo de 2017 fueron casi 13.000 los electores (12.932 para ser exactos) que pudieron participar en las elecciones al campo. Ahora son casi mil menos (956 exactamente).

Según informa a HOY la Consejería de Agricultura son 11.976 los electores con derecho a voto el 8 de mayo. De ellos, 11.811 son personas físicas y 95 jurídicas. Por provincias, el censo se reparte entre 6.795 electores en la provincia de Badajoz y 5.181 en la de Cáceres.

El descenso en el número de agricultores y ganaderos profesionales, los que tienen derecho a votar, es evidente en España. En Extremadura también, a pesar de ser una potencia agraria, aunque en menor medida por el peso que tiene el campo en nuestro modelo de desarrollo. La pérdida de agricultores profesionales se explica fundamentalmente en la ausencia de relevo en el sector, cada vez más envejecido.

En las elecciones agrarias de hace veinte años, las de 2002, el censo de electores fue de 14.871 personas. Esto es, en dos décadas se han perdido 2.895 electores.

Hay que recordar que hace cinco años, sobre un censo de 12.932 electores, votaron 9.276. Una participación más que notable, del 71,7%. La coalición entre las dos Asaja fue la ganadora. Obtuvo 4.150 votos, el 46,89% del total.

«De momento no se ve mucho ambiente electoral. La gente está más preocupada ahora de registrar la PAC y de otros problemas o tareas en el campo aunque esperemos que para el 8 de mayo haya una respuesta electoral aceptable», señala Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres.

Mientras, Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, especifica que las elecciones se celebran en un momento singularmente complicado para el campo por «múltiples factores y es una oportunidad para que los agricultores y los ganaderos se pronuncien sobre aquellos dirigentes agrarios que consideran mejor les representan». Metidieri puntualiza que el 8 de mayo es «una fecha muy mala para votar, pero es la que ha elegido la Consejería de Agricultura». A pesar de ello, estima que puede haber una buena participación.

Por su parte, UPA-UCE sacó 3.326 sufragios, el 37,58% del total, en 2017. «Estas elecciones son muy importantes porque los agricultores y los ganaderos tienen la capacidad de decidir sus representantes a la hora de plantear medidas a la Administración», señala Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE.

Considera Huertas que aunque mayo no sea la mejor fecha para votar –«ahora hay mucho trabajo en el campo y lo mejor hubiera sido unas elecciones un par de meses antes, con menos tareas»–, desea que no influya a la hora de alcanzar una alta participación como, por otra parte, es habitual en Extremadura.

«A la hora de plantear soluciones, propuestas a nuestras gobernantes se debe confiar en un trabajo serio y cualificado por parte de las organizaciones agrarias y en eso UPA tiene una trayectoria reconocida», apostilla.

La Unión Extremadura consiguió 1.263 votos (14,27%). No llegó, por tanto, al 15% para ser considerada como organización más representativa. Ahora es más optimista su secretario técnico, Luis Cortés. «Sí, soy más optimista pero no doy por hecho nada. Hemos tenido más año para prepararnos y hemos hecho un trabajo que la gente lo ha visto en la calle. Esperamos entrar en el Consejo Agrario, sí», remata.

En todo caso, Cortés considera que, aunque tiene valor sentarse como integrante de ese órgano consultivo de la Junta, no es lo más importante. «Hay otras formas de interlocución con la Administración. Debe haberlas más allá del Consejo Asesor Agrario. De hecho, le hemos pedido al presidente Vara que atienda esa petición de interlocución con representantes agrarios».

Al mismo tiempo, el rostro visible de La Unión asegura que ha pedido al presidente extremeño que retire la subvención que concede la Administración a las organizaciones agrarias que consiguen representatividad en las elecciones al campo. «Creo que sería una buena forma para ganar en independencia», sentencia.

Por último, la Coordinadora Agraria de Extremadura solo fue respaldada por 112 votantes (1,27%). «Somos una organización seria y trabajadora, que no salimos a la calle por salir. Confiamos en que eso sea valorado por los agricultores y los ganaderos», sentencia Juan Moreno, su portavoz.

En ese sentido, Moreno recuerda que la organización nacional que respalda su candidatura, la COAG, es «la única organización agraria que ha elaborado un completo plan alternativo al estratégico presentado por el Ministerio y eso requiere de mucho trabajo y complicaciones porque hay que ver las características propias de cada región».

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Un perito agrícola, técnico y agricultor, cara de la nueva organización

La candidatura novedosa para estas elecciones se escribe en latín, está presidida por un perito agrícola que trabaja en una gestoría y tiene una explotación de secano y regadío. Se presenta para «sumar otra voz para contribuir a la defensa de los intereses del campo y sus gentes», dice el dombenitense José María Álvarez Lebrijo. De 41 años, es el presidente de Aequum Agrum (campo justo en castellano). Sus estatutos se validaron por la Junta en noviembre pasado. Rubén Benítez González y Ana Montero Sánchez-Porro aparecen junto a Álvarez como promotores de una de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) que concurren a los comicios del 8M. «No tengo vinculación con ningún partido político. Nos presentamos para defender a los agricultores desde un punto de vista profesional. Y con la idea de consolidarnos. No ponemos en duda que las otras organizaciones agrarias estén haciendo un buen trabajo pero queremos ser una nueva alternativa». Álvarez ha sido –dice– «cliente y socio tanto de Asaja como UPA», trabaja en una gestoría que resuelve trámites agrícolas y está al frente de una explotación de olivar y cereal de secano, de maíz y tomate. Llegó a ser consejero de Agrimusa, la empresa pública municipal de Don Benito.