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Menos burocracia y más repoblaciones. Son dos de las demandas de las empresas forestales de la región de cara al primer Plan Forestal de ... Extremadura, que está en tramitación. A grandes rasgos, las tres asociaciones profesionales autonómicas que representan al sector coinciden en sus diagnósticos, en los que incluyen también profundizar en medidas concretas que ayuden a prevenir incendios forestales, señalados como la principal amenaza para el paisaje de la comunidad.
«El monte es una oficina en la que trabajan miles de personas, y las empresas forestales somos las mejores aliadas de la administración para vigilarlo», contextualiza Enrique Julián, director técnico de Aremex (Asociación regional de empresas madereras de Extremadura) y Extrefor (Asociación extremeña de empresas de obras y servicios forestales y medioambientales).
«Nos gustaría que el Plan Forestal no se quedara en un tratado de buenas maneras», pide Julián sobre este documento que sentará las bases de las políticas públicas autonómicas en esta materia. Tendrá una vigencia de una década se plantea invertir 364 millones de euros, según detalla el borrador. Una cantidad que «en base a las tarifas de precios forestales (SOGF 2024), generaría 16.800 puestos de trabajo durante ocho meses, tres millones de jornales, y permitiría actuar sobre 200.000 hectáreas, haciendo restauración de áreas degradadas con repoblaciones, nuevas densificaciones forestales, y claras y clareos», detalla el director técnico de Aremex y Extrefor.
Enrique Julián Fuentes
Director técnico de las asociaciones Aremex y Extrefor
«Urgen nuevas repoblaciones para producción de madera», plantea Enrique Julián, que asegura que «hace 25 años había en Extremadura unos 25 aserraderos, y ahora quedan siete». En su opinión, es «muy preocupante» que en una región con casi 2,9 millones de hectáreas forestales, solo 29.300 sean maderables, una situación que podría revertirse «con nuevas repoblaciones en las 1.151.000 hectáreas prácticamente desarboladas que tenemos», según el último Inventario Forestal Nacional.
Otra de las demandas que plantea en nombre de las dos asociaciones es «agilizar los trámites burocráticos». «No puede ser –apunta– que cueste un año conseguir la autorización para realizar un cerramiento, o nueves meses obtener permisos para podas, descorches, desbroces de matorral, apertura de pistas, cortas de madera o entresacas». «A veces, la autorización llega cuando ya ha pasado la oportunidad de negocio», explica Julián, que en este sentido pone como ejemplo a imitar «el modelo brillante que está llevando acabo el servicio extremeño de prevención y extinción de incendios forestales, donde la solicitud de quema es atendida instantáneamente, porque está volcada en el sistema informático toda la información necesaria para autorizar o no la petición».
«La administración tiene personal muy cualificado, pero la maquinaria no está bien engrasada», opina el director técnico de los dos colectivos forestales. «Esta lentitud administrativa –continúa– motiva que se pierdan trabajos por obras y servicios, es decir, oportunidades de generar empleo, y al final, esto lleva a algunos profesionales a marcharse a otros sectores, como el de la construcción y la instalación de placas fotovoltaicas». «Está ocurriendo que las empresas privadas forman a ingenieros que acaban yéndose a GPEX y Tragsa, que se han convertido en adversarios de la empresa forestal privada», expone el director técnico, que también menciona «la necesidad de ayudas directas para estas pymes, algo a lo que se comprometió la presidencia de la Junta en la reunión que mantuvo con Extrefor el 23 de julio de 2024».
Esas subvenciones deberían incluir programas específicos «para impulsar las innovaciones tecnológicas en el sector». «Hay procesadoras, tractores forestales, drones y otra maquinaria que agilizan o complementan mucho el trabajo pero son muy caras», plantea el representante de los dos colectivos, que explica también que «los trabajadores del sector maderero deberían estar dentro de la PAC (Política Agraria Comunitaria), como lo están los resineros y los apicultores».
Aeefor (Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medioambiente) considera el borrador del Plan Forestal «un buen documento de trabajo, que pone propone un buen abanico de medidas que contribuirán a mejorar el ámbito forestal regional», en palabras de su presidente.
«El principal problema que tienen los espacios forestales extremeños son los incendios forestales», expone Francisco Castañares. «Hoy en día, los espacios forestales de la región tienen una media de treinta toneladas métricas de biomasa por hectárea, hay bastantes que tienen más de cincuenta y un buen puñado que sobrepasan las cien, cuando no deberían superarse las diez toneladas métricas por hectárea, porque en caso de incendio, puede superar la capacidad de extinción. Esta realidad supone una tremenda irresponsabilidad».
Francisco Castañares
Presidente de Aeefor
«Otro de los aspectos que debería abordar el Plan –añade Castañares– es facilitar la gestión a los titulares de montes privados, de modo que las actividades ordinarias de gestión no requieran autorización previa, sino únicamente comunicación». También cree necesaria «una reflexión previa sobre las necesidades de madera de la región, donde faltan bosques maduros». «Habría que facilitar su creación, controlando el crecimiento indiscriminado de matorral», sugiere el presidente de Aeefor, partidario de «hacer aflorar la fuente de riqueza que es la biomasa».
Por último, menciona Francisco Castañares la necesidad de luchar contra «el efecto del calentamiento global sobre nuestros bosques, que los hace más vulnerables a las enfermedades y el fuego, lo que debería mover a una reflexión sobre especies a utilizar y densidades máximas».
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