Gabriel Moreno

«España necesita fusionar municipios y convertir las mancomunidades en comarcas»

-Habla de «la clamorosa falta de cohesión y vertebración entre las diferentes partes del país». ¿A qué se refiere?

-Creo que España tiene un problema territorial que va más allá de la cuestión nacional, y que es la falta de vertebración y de cohesión entre los diferentes territorios, es decir, las desigualdades socioeconómicas y la desigual distribución de la población. Somos uno de los países occidentales con la población más híper concentrada, y eso provoca disparidades y problemáticas que llegan a afectar incluso al acceso a los derechos fundamentales y a las prestaciones públicas.

- Habla también de «las Españas periféricas y olvidadas». ¿Está ahí Extremadura?

- Extremadura es en parte una España olvidada históricamente, como como bien sabemos, sobre todo por parte de los poderes centrales y de los territorios donde ha habido esa concentración de la población y de capitales, industria y actividad económica. Pero dentro de Extremadura también hay realidades muy dispares. No es lo mismo la de las dos capitales provinciales o Mérida que la de pueblos como por ejemplo el mío, Valencia de Alcántara, pegando con la frontera con Portugal, una zona especialmente olvidada. Yo a La Raya la llamo la periferia de la periferia.

- Propone reformas en todos los niveles de la administración. Empecemos por el municipal...

- Hago un análisis de cuáles son los problema principales en los distintos niveles territoriales, desde el punto de vista de los mandatos constitucionales de cohesión territorial y solidaridad interterritorial, y a partir de ese análisis formulo propuestas que han sido teorizadas también por quienes se han dedicado en las últimas décadas al análisis del problema territorial desde el Derecho Constitucional. En lo municipal, mi propuesta principal es replantear por completo la planta local, excesivamente fragmentada. Tenemos en España 8.132 municipios, y propongo reducir ese número mediante fusiones entre municipios cercanos que cumplan unos parámetros objetivos. No planteo una reforma drástica de fusiones municipales como las que hubo en el norte de Europa, sino una un poco más tibia, que dejaría en manos de las comunidades autónomas la potestad de fijar esos parámetros objetivos que determinarían las fusiones municipales. Y propongo también convertir las mancomunidades en comarcas. Esa pertenencia a estructuras intermunicipales no debe ser voluntaria, sino fijada por ley, para darle estabilidad. Esas estructuras intermunicipales tendrían todas o la mayor parte de las competencias que hoy tienen los municipios. Así se aumentaría la escala de la toma de decisiones y la eficiencia en el gasto público. Todo esto, respetando la representatividad de los municipios. Equivaldría a adoptar en España el modelo portugués con estructuras intermunicipales grandes, extensas y con mucha población, al agrupar a varios municipios. En el ámbito local también defiendo la introducción del principio de diferenciación local, que consiste en que las leyes y procedimientos administrativos se adapten a la realidad de los municipios. Carece de sentido en España que la ley de contratos del sector público exija lo mismo al ayuntamiento de Madrid y que al de Salorino. Las normas deben adaptarse a la capacidad real de sus destinatarios, respetando siempre los principios de transparencia y de control del gasto público. Por último, también propongo reformar el modelo de financiación local. El actual es dual, esto es, hay un modelo para la mayor parte de los municipios y otros para las capitales de provincia y ciudades más grandes. Este modelo no permite redistribuir la financiación y carece de instrumentos de solidaridad a escala local. La reforma que propongo busca aumentar la solidaridad entre los propios entres locales.

- ¿Hasta qué punto pueden los localismos frenar las fusiones de municipios? Tenemos el caso fallido de Don Benito y Villanueva de la Serena...

- La identidad local siempre ha sido muy fuerte en España, pero también en el conjunto de Europa y ha habido fusiones de municipios en varios países. Los localismos pueden ser un obstáculo, incluso en ocasiones un impedimento real para estas fusiones, por eso propongo que se den solo entre los municipios que cumplen una serie de parámetros objetivos, y que sean las comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen el territorio, las que fijen esos criterios objetivos. Pueden ser la cercanía, la continuidad de la trama urbana y la población. Si se cumplen los criterios que se fijen, se puede optar incluso por la fusión forzosa mediante ley, o sea, que no dependa de la voluntad de los ciudadanos, aunque evidentemente lo ideal sea contar el apoyo ciudadano. Tendría que haber una primera fase en la que la posibilidad de fusión fuera voluntaria, explicándole bien a la ciudadana que en ningún caso iba a perder su identidad local ni su representatividad. Porque cada pueblo mantendría sus patrones y sus fiestas locales, y la novedad sería su integración en una estructura administrativa mayor, para poder tomar decisiones de manera más eficaz y operativa.

- ¿Qué propone para la administración provincial?

- Las diputaciones provinciales han evolucionado a lo largo de nuestra historia y hoy no son una correa de transmisión del centralismo estatal a los municipios, sino al revés, son un baluarte de lo local frente a los poderes centrales. Creo que deben ser las comunidades autónomas las que dispongan qué quieren hacer con su diputaciones. Porque en algunas tienen mucho sentido y desempeñan una función encomiable para la garantía de los derechos y de las prestaciones públicas en todo el territorio. Y donde se mantengan, propongo democratizarlas, por ejemplo exigiendo que en las elecciones municipales haya también listas de candidatos a diputados provinciales, que pueden ser igualmente, como hasta ahora, concejales de sus ayuntamientos.

- ¿Debería Extremadura mantener sus dos diputaciones?

- Sí. Somos uno de esos territorios donde las diputaciones sí tienen sentido y hacen un trabajo importante y eficiente. Aunque Extremadura tiene un problema de base que viene de la división provincial de Javier de Burgos en 1833, cuando decidió crear aquí las dos provincias más grandes de España. Con el agravante en Badajoz de que la capital provincial está muy escorada geográficamente, lo que ha implicado unas carencias históricas para vertebrar la provincia. En territorios tan extensos, y en el caso de Cáceres con tantos pueblos pequeños, hace falta una estructura supramunicipal como las diputaciones.

- ¿Habría que replantearse la división de Extremadura en dos provincias, por extraño que suene?

- No. Creo que la realidad provincial ya está muy muy asentada. Lo único que habría que intentar es reducir algunas de las cuestiones negativas que se derivan de esa división provincial, como el funcionamiento con estructuras muy provinciales de los partidos políticos o algunos colegios profesionales. La división de nuestra comunidad en más de dos provincias ya no tendría la potencialidad que podría haber tenido en el siglo XIX.

- ¿Qué cambios propone en el ámbito autonómico?

- Avanzar hacia un sistema de lista cerrada de competencias exclusivamente estatales, recogida en la Constitución, para poner fin a la posibilidad que hay ahora de alterar constantemente las competencias autonómicas y repartirlas de manera desigual entre las comunidades. Esas competencias constitucionalmente exclusivas del Estado no podrían cederse a las comunidades bajo ningún concepto. Porque muchas veces, el Estado ha cedido competencias en función de intereses políticos, y eso ha generado asimetrías en nuestro Estado de las autonomías. También propongo una reforma completa del Senado, para que sea una una cámara de verdadera representación territorial. Hoy, la autonomía política no la tienen las provincias sino las comunidades autónomas, por lo que deberían ser ellas las que designaran a los senadores. Y en el ámbito de la financiación autonómica, me apego a lo que dice la propia Constitución sobre la necesidad de potenciar la solidaridad interterritorial entre las comunidades, lo que me lleva a rechazar por completo modelos de financiación singular o diferenciada y también el concierto vasco-navarro. Me parece contraria al constitucionalismo la existencia de regímenes particularizados en función de fueros que son preconstitucionales y de realidades pretendidamente históricas que no casan bien con la dinámica racionalizadora de dicho constitucionalismo. Defiendo reforzar los instrumentos de cooperación entre las comunidades autónomas, abandonar el miedo que existe hoy en España al federalismo, y alentar que las comunidades colaboren entre sí mediante convenios.

- ¿Ha cedido el Estado demasiadas competencias a las comunidades?

- No es una cuestión de cantidad, sino de cualidad, o sea, qué competencias ha cedido, sobre todo en los últimos tiempos. Sí creo que ha habido un vaciamiento excesivo del Estado central, y además un vaciamiento que se ha realizado mal, de manera asimétrica, no en función de las necesidades reales de la ciudadanía o de parámetros objetivos, sino exclusivamente por el interés político de los diferentes gobiernos a lo largo de nuestra democracia.

- ¿Y en el ámbito estatal, qué reformas propone?

- En toda esta cuestión territorial de la que hablamos, hay algo que a veces no abordamos correctamente, y es que una parte de la ciudadanía española no se siente integrada en el país, no se siente parte de él. Porque considera que sus territorios están olvidados, y aquí critico a los principales medios de comunicación nacionales, demasiado centrados en Madrid, Barcelona y los grandes núcleos urbanos. Hacen que la actualidad gire en torno a esos pocos lugares. Propongo reformas para intentar aumentar ese sentimiento de integración en el país, y una de ellas es un mejor reparto de las instituciones del Estado, en la senda del real decreto que aprobó el actual Gobierno para redistribuir las sedes de la Administración General del Estado. Salvamento Marítimo o el Museo Naval deberían estar en Cartagena, Cádiz o Ferrol en vez de en Madrid.

- ¿En ese reparto, qué propone ubicar en Extremadura?

- El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético se ha establecido en Cáceres, que quizás también podría ser una buena opción para acoger la Agencia Española de Salud Pública, por tener el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, que es un centro puntero a escala europea.

- Aborda en el libro la despoblación. ¿Se puede hacer algo o es un problema sin solución, como hay quien defiende? 

- Todo problema humano tiene solución. Un mínimo de esperanza hay que guardar siempre. No sé si revertirlo, pero sí creo que ayudaría a frenar la despoblación la reforma que propongo para la planta local. Porque nos permitiría tener administraciones locales, que al final son las que operan en el territorio por su cercanía al ciudadano, mucho más funcionales a la hora de desplegar políticas públicas que ayuden a mantener a la población en el territorio. Ayudarían también las reformas que he comentado sobre financiación local y autonómica. En la participación en los ingresos del Estado, habría que introducir un parámetro que fijara mantener o incrementar la financiación si ha habido pérdida de población en los últimos años. Son fórmulas para intentar frenar el círculo vicioso que lleva a la despoblación.

- ¿Lo de la matrioska en el título es por todo esto de los distintos niveles de la administración?

- Sí. España es un país complejo, compuesto por piezas distintas que no siempre encajan bien. La idea es intentar ayudar a que encajen mejor y sobre todo, a que la matrioska madre, que es el Estado, funcione bien, como un proyecto sugestivo de vida en común, como decía Ortega y Gasset.