El PP exige explicaciones por la retirada de la Junta como acusación particular

El PP recalca que, según la acusación pública, la Junta de Extremadura sería la perjudicada por el presunto fraude de subvenciones. En caso de condena, UPA-UCE y los siete acusados deberán hacer frente de forma solidaria a la devolución de esos 4,3 millones de euros a las arcas regionales. Por ese motivo, el PP no entiende la decisión de retirarse del procedimiento.

Además, subraya que en el escrito que remitió al juzgado para comunicar que se apartaba del procedimiento el letrado de la Junta alegó «órdenes de la Consejería» para fundamentar dicha retirada. Ante esto, los populares reclaman que el Gobierno regional explique quién ordenó esta medida «y si es una decisión política».

«Recordamos que esta forma de actuar del gobierno de Fernández Vara no es nueva, ya que también se retiró del procedimiento que se encuentra abierto por presunto fraude en los cursos de formación, y en dicho caso, el letrado del Ejecutivo autonómico también alegó que había recibido órdenes», afirman los populares.

En su opinión, esta forma de proceder de la Junta deja desprotegidos los intereses de la comunidad autónoma, por lo que además de reclamar explicaciones sobre la decisión de retirarse «pedimos que se identifique a la persona que ha dado dicha orden para que lo justifique en sede parlamentaria».

En cuanto al fondo de la cuestión, el presunto fraude cometido por UPA-UCE en el cobro de las ayudas al asesoramiento agrario, el PP extremeño no ofrece ninguna valoración.

Durante buena parte de los dos periodos de gestión de las ayudas, en concreto de 2011 a 2015, los populares estuvieron al frente de la Junta de Extremadura. Además, el decreto regulador de la convocatoria 2013-2015 se aprobó durante el mandato del PP.